El 30 de junio se prevé como una de las fechas más importantes para el panorama concursal en España. Es en esta fecha cuando finaliza el plazo de la moratoria concursal fijado por el RDL que ha prorrogado las medidas en apoyo a la recuperación económica por la expansión de la COVID-19. Hasta después de esa fecha no se puede plantear ningún análisis que aportaría vaguedades sobre el deber de solicitar declaración de concurso para deudores en estado de insolvencia.
Además, será a partir de julio cuando la transposición de la norma europea aporte las novedades suficientes como para afirmar que España está más cerca en el camino de europeización del derecho de insolvencia. Por eso, no es extraño que el Gobierno español haya planteado un proyecto de ley para reformar el texto refundido de la ley concursal. Y como consecuencia, los meses de julio, agosto y septiembre serán trascendentales para instituciones, colegios profesionales y, en general, todos los operadores jurídicos y económicos que intervienen en procedimientos de insolvencia y preinsolvencia. Está previsto que la nueva ley concursal, que cuenta con 607 enmiendas, sea aprobada antes del 30 de junio.
Modelo de gestión de insolvencia
La reforma propuesta por el Gobierno español modifica más de un tercio de las actuales disposiciones del texto refundido, y refuerza la celebración del «Congreso Concursal 2022» de Lefebvre con objeto de analizar en profundidad las principales líneas de esa reforma, tanto las obligadas por la Directiva de la UE, como las que conectan con la necesidad de disponer de instituciones para la gestión de la insolvencia con procedimientos eficaces, fomentando acuerdos y evitando la liquidación en el concurso.
La Directiva de la UE incentiva los llamados acuerdos de reestructuración, que vienen a sustituir a los acuerdos de refinanciación ya normalizados en la mayoría de los países de la UE. La reforma supone una modificación profunda del actual libro II del Texto Refundido, dedicado a los institutos preconcursales, así como la introducción del Libro III, para regular un procedimiento nuevo en pequeñas empresas y empresarios. Este procedimiento especial genera discusiones en la doctrina y en la práctica judicial porque permite la tramitación de estos procedimientos, sin necesidad de intervención de abogados y sin designar administración concursal.
Junto a este primer bloque de reformas, la Directiva apuesta por la profesionalización de los asistentes del juez en la tramitación de la insolvencia. Unas líneas marcadas por la UE y que han llevado al Gobierno a proponer un nuevo modelo de administración concursal, con mayor vinculación a los acreedores, así como a la introducción del experto en reestructuración, que intervendrá en los trámites preconcursales.
El tercer pilar de la Directiva conecta con la necesidad de permitir el acceso a la segunda oportunidad a empresarios, facilitando la exoneración del pasivo insatisfecho. Aquí la propuesta española amplía el catálogo de créditos no exonerables, con especial referencia al crédito público, que se blinda en el proyecto, y amplía también los requisitos para que el deudor pueda aspirar a la exoneración.
Además, otras materias o instituciones que sufrirán modificaciones importantes, son la que afecta a la tramitación de los concursos sin masa, la desaparición de los planes de liquidación, la introducción del llamado “prepack” o la nueva configuración de la sección de calificación del concurso.
Luces y sombras de la reforma
Lefebvre, compañía líder en contenidos jurídicos y soluciones prácticas para la empresa y sus asesores, celebra el próximo 29 de septiembre el Congreso Concursal 2022, un evento en formato presencial y virtual para analizar las principales líneas de la reforma concursal obligadas por la Directiva 1023/2019 de la UE, así como las propuestas añadidas por el Gobierno español.
La catedrática María Enciso es la directora académica del evento en el que intervienen como ponentes Bárbara Córdoba Ardao, magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid; Amanda Cohen, magistrada, asesora de la Secretaría de Estado, Ministerio de Justicia; Carlos Nieto Delgado, magistrado especialista en asuntos propios de la Jurisdicción Mercantil; José María Fernández Seijo, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; José Vela Pérez, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil, María Concepción Ordiz, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, y Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil en la UCM y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho y Enrique San Juan, magistrado especialista mercantil de la Audiencia Provincial de Málaga.
En definitiva, el congreso de Lefebvre estará destinado a analizar las luces y sombras de la reforma, así como el dibujo de un nuevo modelo de gestión de la insolvencia en el que se diluye la intervención judicial, se potencian los acuerdos que puedan evitar la liquidación concursal, así como el nuevo marco procesal y material de la exoneración del pasivo insatisfecho.
Los asistentes tendrán una explicación detallada de la trasposición de la Directiva que obliga a todos los países de la Unión Europea a incorporar las reformas a lo largo del año 2022, y que supone un paso más en la europeización del derecho de insolvencia. En opinión de los expertos este cambio normativo es un “instrumento imprescindible para afrontar los escenarios de crisis generada por la alarma sanitaria y las incertidumbres económicas vinculadas a la guerra en Ucrania”.
El «Congreso Concursal 2022», es la cita de referencia para jueces, magistrados, notarios, abogados, administradores concursales, economistas y empresas a la hora de conocer las novedades del Derecho concursal y preconcursal. El evento incluye la Guía rápida de la Reforma Concursal, obra imprescindible para los profesionales que necesitan conocer en profundidad las novedades e importantes modificaciones que incorpora la entrada en vigor de la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.
Para más información, accede a la página web del Congreso Concursal 2022 de Lefebvre.
