El Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, será la sede, los próximos 19 y 20 de marzo de 2026, del Congreso internacional de Derecho Penal en Defensa de la Familia y la Infancia, un encuentro académico y profesional que abordará los principales retos jurídicos en la protección de menores y el fortalecimiento del entorno familiar.
El Congreso cuenta con la colaboración de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid y del Instituto CEU de Estudios de la Familia. La matrícula es gratuita y la organización expedirá acreditación de asistencia a los participantes inscritos.
Durante dos jornadas se analizarán, desde una perspectiva penal y civil, cuestiones como la actuación de las entidades públicas de protección, el interés superior del menor, las situaciones de riesgo y desamparo familiar, así como la tutela judicial efectiva en el ámbito de familia.
El programa incluye varias mesas redondas dedicadas a temas de máxima actualidad jurídica. Entre ellos, el delito de abandono de familia, la sustracción de menores, el acoso escolar, la violencia intrafamiliar y la responsabilidad penal de los centros educativos. También se abordarán los riesgos asociados al uso de redes sociales, los chatbots y la adicción a las tecnologías en la infancia y adolescencia.
Entre los ponentes figuran el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet, el catedrático de Derecho Penal Esteban Mestre Delgado y el profesor Alessandro Mantelero, especialista en Derecho y Tecnología, quien analizará el impacto de las redes sociales y los sistemas automatizados en la salud mental de los menores. Asimismo, intervendrán magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, fiscales de familia, abogados especializados y profesores universitarios.
Este Congreso, de la Universidad CEU San Pablo, tiene el objetivo de ser un encuentro en el que poder realizar un análisis técnico y multidisciplinar de los desafíos legales que afectan a la familia y a la infancia, situando el debate jurídico en el centro de la protección efectiva de los menores.
