Otros requisitos que la Cámara Baja quiere imponer a las empresas que se acojan al rescate son las de cumplir el Acuerdo climático de París, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y comprometerse con la protección de la biodiversidad.
Estas condiciones afectarían al fondo de 10.000 millones de euros que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes para ayudar a empresas viables con problemas de solvencia, junto a una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 40.000 millones de euros.
Este fondo de rescate se articulará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda. Entre las opciones que baraja el Gobierno no se descarta la posibilidad de entrar a través de la SEPI en el accionariado de alguna de estas empresas de manera transitoria, la compra de deuda u otro instrumento de capital.
Se trata de condiciones que ya se han incorporado a las propuestas del Congreso para la reconstrucción social y económica de España tras la crisis del coronavirus, concretamente en el borrador del grupo de trabajo dedicado a la reactivación económica.
Este grupo de trabajo debatió y votó este miércoles unas 400 enmiendas, en un primer cribado que tendrá continuidad este viernes, ya en la propia Comisión para la reconstrucción, y más adelante ante el Pleno del Congreso.
La enmienda incorporada, recogida por Europa Press, dice lo siguiente: "Cualquier rescate, ayuda y préstamo irá vinculado a condiciones ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles: Las empresas rescatadas o subvencionadas no pueden operar o tener filiales en paraísos fiscales, tienen que cumplir con el Acuerdo climático de París y comprometerse con la protección de la biodiversidad, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y no pagar dividendos durante al menos dos años".