Consecuencias del uso indebido de la IA en resoluciones judiciales y actos procesales de las partes

Cada día surgen nuevas noticias sobre el impacto que la intel...

Cada día surgen nuevas noticias sobre el impacto que la inteligencia artificial -IA está teniendo en nuestra sociedad, configurándose como una tecnología disruptiva capaz de transformar múltiples ámbitos de la vida pública y privada. El Derecho no puede permanecer ajeno a este fenómeno, especialmente ante los trascendentes desafíos que plantea para la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales.

Frente a los modelos estadounidense y chino, la Unión Europea ha situado la regulación jurídica en el centro de su estrategia de gobernanza de la inteligencia artificial, concibiéndola como el principal instrumento para ordenar el cambio tecnológico. En este contexto, el principal referente normativo es el Reglamento -UE 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024 -EDL 2024/13152- -AI Act-, al que se suma, en el ámbito español, el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, actualmente en tramitación parlamentaria -BOCG núm. 97-1, de 12 de junio de 2026-.

Este proceso regulatorio se ha acompañado de diversas iniciativas destinadas a promover un uso responsable de la IA. Destacan, en tal sentido, la Instrucción 2/2026, de 28 de enero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, así como la Circular Interpretativa del Código Deontológico de la Abogacía Española número 3/2026, sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa y el deber de verificación. En esta misma línea, el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, ofrece un marco de referencia para la integración de estas tecnologías en el ejercicio profesional, basado en principios como la supervisión humana, la diligencia profesional, la protección de la confidencialidad y la formación continua de los operadores jurídicos.

En el ámbito europeo sobresalen también los trabajos preparatorios del Consejo Consultivo de Jueces Europeos para la elaboración de la futura Opinión núm. 29 -2026-, sobre el uso de la inteligencia artificial en la adopción de decisiones judiciales. Las respuestas de los Estados al cuestionario preparatorio revelan una preocupación común por garantizar la supervisión humana, preservar la independencia judicial, evitar la delegación de funciones jurisdiccionales en sistemas automatizados y asegurar la transparencia en el uso de estas herramientas en el ámbito de la Administración de Justicia.

No obstante, la creciente atención que la gobernanza de la inteligencia artificial ha recibido en los últimos años contrasta con la falta de una regulación específica de sus implicaciones procesales, particularmente en relación con la utilización en juicio de contenidos generados mediante IA que resultan inexactos, erróneos o falsos. Este vacío normativo está empezando a ser colmado por las primeras resoluciones judiciales y gubernativas que se enfrentan a este tipo de casos. Su análisis revela que la respuesta predominante es, por el momento, de naturaleza esencialmente sancionadora, tanto en el plano disciplinario como en el propiamente procesal.

Cabe mencionar, en primer lugar, el expediente disciplinario resuelto por el CGPJ respecto de un magistrado que utilizó una herramienta de IA generativa para elaborar el borrador de una resolución judicial. La Comisión Disciplinaria le impuso una multa de 1.000 euros como autor de una falta grave prevista en el art. 418.8 LOPJ -EDL 1985/8754-, que sanciona la revelación, «fuera de los cauces de información judicial establecidos», de hechos o datos conocidos en el ejercicio de la función jurisdiccional. La Comisión consideró que la introducción de información del procedimiento en una plataforma externa constituía una revelación no autorizada. No obstante, descartó la falta muy grave al entender que el magistrado se había servido de la IA como auxilio y complemento, pero no en sustitución de sus funciones judiciales.

En el ámbito jurisdiccional comienza a perfilarse una respuesta gradual frente al uso indebido de herramientas de IA, articulada sobre los principios de buena fe procesal y supervisión humana efectiva.

Puede apreciarse una primera línea de advertencia en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 4 de septiembre de 2024 -ECLI:ES:TSJNA:2024:38A-, dictado a raíz de una querella que incorporaba un precepto del Código Penal colombiano erróneamente atribuido al ordenamiento español como consecuencia del uso de ChatGPT. Aunque la Sala consideró que el «uso descuidado» de la IA podía integrar un supuesto de mala fe procesal, archivó la pieza separada sin sanción por la rápida rectificación del letrado y el carácter novedoso del problema.

Una segunda tendencia consiste en la apertura de piezas separadas para depurar responsabilidades por la infracción de las reglas de la buena fe procesal al amparo del art. 247.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-. Así, la Audiencia Provincial de Oviedo, en su sentencia 311/2026, de 17 de julio -EDJ 2026/683194- -ECLI:ES:APO:2026:2850-, apreció la existencia de citas jurisprudenciales inexistentes y afirmó que «fiar el tenor del recurso sin mayor revisión a lo que le propuso el algoritmo, sin constatar la real existencia de lo que mencionaba, no se adecúa a lo que debe ser un actuar diligente y respetuoso con los principios deontológicos de la profesión», acordando en consecuencia la apertura de una pieza separada sobre mala fe procesal.

Finalmente, se consolida una tercera línea de sanción cuando la falta de verificación reviste especial gravedad. Así, el Auto del TSJ de Canarias de 10 de febrero de 2026 -ECLI:ES:TSJICAN:2026:1A- detectó 48 citas jurisprudenciales «inventadas» y la referencia a un supuesto informe del CGPJ nunca emitido, e impuso una multa de 420 euros por vulneración de la buena fe procesal. La resolución subraya que «esta omisión constituye una quiebra del deber básico de supervisión humana que, como se ha expuesto, resulta indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional, y vulnera el estándar de diligencia que el artículo 4 del Código Deontológico exige al profesional de la abogacía». En la misma dirección, la sentencia del TSJ de Extremadura 567/2026, de 1 de septiembre -EDJ 2026/705420- -ECLI:ES:TSJEXT:2026:1060-, sancionó con 600 euros la presentación de un recurso apoyado en jurisprudencia inexistente, apreciando una «quiebra del deber de control humano» exigible en el uso profesional de la IA.

Sin embargo, todas estas consecuencias recaen sobre quien hace un uso indebido de la IA en el ejercicio de la función jurisdiccional o en el ámbito del proceso. Queda por determinar qué efectos puede producir ese uso sobre la validez de las resoluciones judiciales, los actos procesales de las partes y las actuaciones de otros intervinientes en el proceso -por ejemplo, los peritos-.

A mi juicio, cuando esta situación afecte a la elaboración de resoluciones judiciales, la consecuencia debería ser la declaración de su invalidez, que podría instarse a través de los recursos procedentes o, en su caso, mediante el incidente de nulidad de actuaciones -art. 240 LOPJ -EDL 1985/8754--, al privarse a los justiciables del derecho al «juez-persona», implícito en los arts. 24 y 117 CE y estrechamente vinculado a la exigencia de que la potestad jurisdiccional sea ejercida por «Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

En cuanto a los actos procesales de las partes, la utilización indebida de herramientas de IA no debería dar lugar, por regla general, a un trámite de subsanación -art. 231 LEC -EDL 2000/77463--. La doctrina constitucional ha reiterado que «corresponde a las partes intervinientes actuar con la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a sí mismo en tal situación o quien no hubiera quedado indefenso de haber actuado con la diligencia razonablemente exigible» -STC 107/2005 -EDJ 2005/61625-, FJ 4-. Desde esta perspectiva, quien incorpora al proceso contenidos generados mediante IA sin la necesaria verificación humana debe asumir las consecuencias de su propia conducta, sin que la subsanación pueda convertirse en un mecanismo automático u ordinario de corrección.

No obstante, la subsanación tampoco debe quedar excluida de manera absoluta. Como recuerda la STC 107/2005 -EDJ 2005/61625- -FJ 4-, los órganos jurisdiccionales han de ponderar la entidad de la irregularidad, su incidencia en la finalidad perseguida por la norma infringida, su repercusión sobre las garantías procesales de las demás partes y la voluntad y el grado de diligencia observados por quien incurrió en ella. En consecuencia, la subsanación debería configurarse como una solución excepcional, apreciable únicamente tras un juicio de proporcionalidad que tome en consideración todas estas circunstancias.

En la prueba pericial, las consecuencias del uso indebido de la IA deberán determinarse en función de su incidencia concreta en el dictamen correspondiente. Las reglas de la sana crítica -art. 348 LEC -EDL 2000/77463- permiten al tribunal modular su valor probatorio o incluso descartarlo cuando, por la intensidad de la intervención de la IA o la insuficiencia de la supervisión humana, quede comprometida su fiabilidad o no sea posible atribuir sus conclusiones al juicio técnico del perito.

De este modo, podría articularse una respuesta procesal adecuada frente al uso irregular de la IA, favoreciendo su utilización diligente y responsable y evitando que su empleo indebido resulte ventajoso para quien lo realiza. En definitiva, mientras no exista una regulación específica, sus consecuencias deberán resolverse mediante las categorías tradicionales del Derecho procesal, interpretadas a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del principio de proporcionalidad.

El ejercicio de la función jurisdiccional exige importantes d...

El ejercicio de la función jurisdiccional exige importantes dosis de lectura, análisis, sintetización, reflexión y valoración, todo lo cual culmina en la toma de una decisión sobre el conflicto planteado que se plasma en la sentencia o resolución judicial que se dicte -debidamente motivada, lo que trae consigo la correspondiente redacción-. Estas actuaciones sólo pueden ser realizadas por seres inteligentes y racionales. El ser humano es el único animal -que sepamos dotado de tales atributos. Pero en los últimos años han aparecido en escena otros personajes capaces de realizar estas mismas tareas.

Los sistemas de inteligencia artificial, como decía la niña de la película Poltergeist, «ya están aquí». Y no sólo son instrumentos que facilitan la realización de aquellas funciones, sino que están en condiciones de presentarse como una alternativa real a la actividad humana.

La primera preocupación de la sociedad debería ser asegurar que esta IA sea fiable y segura y, en el ámbito que aquí nos interesa, garantizar que su uso en la actividad jurisdiccional sea compatible con el respeto de los derechos y libertades de las personas. Por ello, el Reglamento sobre Inteligencia Artificial -Reglamento UE 2024/1689, de 13 de junio de 2024 -EDL 2024/13152- califica como de «alto riesgo», los «sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial, o en su nombre, para ayudar a una autoridad judicial en la investigación e interpretación de hechos y de la ley, así como en la garantía del cumplimiento del Derecho a un conjunto concreto de hechos, o a ser utilizados de forma similar en una resolución alternativa de litigios» -entendiendo por «riesgo» la «combinación de la probabilidad de que se produzca un perjuicio y la gravedad de dicho perjuicio»-.

De ahí que el CGPJ haya aprobado recientemente la Instrucción 2/2026, sobre utilización de sistemas de IA en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. En la misma:

a se establecen los principios que deben regir su uso por parte de los jueces y magistrados -artículo cuarto-

b se destaca que sólo podrán ser utilizados aquellos sistemas de IA que sean facilitados por el propio CGPJ o por la Administración competente -artículo quinto-

c Se permite su uso como instrumento de apoyo o asistencia -búsqueda y análisis de información y documentos, elaboración de borradores-, y no como sustitutivo de la decisión del juez o magistrado, que mantiene en todo momento su autonomía y exclusiva responsabilidad sobre la resolución de que se trate -artículos sexto y séptimo-.

Los jueces y magistrados que incumplan los anteriores postulados quedarán sujetos a la responsabilidad disciplinaria regulada en la LOPJ.

Lo que la Instrucción no especifica son las consecuencias procesales de ello, que es lo que el Director de este foro nos plantea ahora.

Cuando hablamos del uso de instrumentos de inteligencia artificial en resoluciones judiciales, se hace preciso subrayar que toda resolución judicial debe ir firmada por el titular o titulares del órgano judicial que la dictan, acto mediante el cual asumen y se responsabilizan de su contenido. Por tanto, podríamos decir que, si para su redacción se ha servido de la IA, con la firma de la resolución el órgano judicial hace suyos tales razonamientos.

No obstante, es necesario atender al tipo de resolución dictada y al peso que la IA haya podido tener en su elaboración. Por un lado, el uso de modelos de resoluciones es práctica habitual en el día a día de nuestro trabajo, si bien éstas se centran en resoluciones de trámite procesal -providencias, autos de admisión o prueba-. Con ello se facilita enormemente el trabajo de la oficina judicial, automatizando ciertas resoluciones, pero sin olvidar que se trata en todo caso de una resolución del órgano judicial.

Mayores dudas genera el empleo de la IA para la redacción de sentencias, en cuanto la debida motivación tiene un componente claramente personal, como resultado final de distintas actuaciones previas en las que la intervención directa de los miembros del órgano judicial se hace imprescindible.

El art. 218 de la LEC -EDL 2000/77463- exige que las sentencias expresen los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, incidiendo en los distintos elementos del pleito, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En esto consiste la esencia de la función jurisdiccional: escuchar los distintos argumentos de las partes, valorar en conciencia las pruebas practicadas y exteriorizar la decisión que se tome, es decir, explicar los criterios que fundamentan la decisión, excluyendo la arbitrariedad y haciendo posible el control jurisdiccional.

Una sentencia dictada por una IA, en la que el órgano judicial no lleva a cabo tales actuaciones -analizar, valorar, ponderar y decidir sino que lo deja en manos de un tercero, sin ninguna intervención por su parte, afectaría a la esencia misma de su función. Como recuerda el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 29 de junio de 2026, rec. 5343/2024 -EDJ 2026/639336-, es preciso identificar de manera inequívoca la ratio decidendi como propia del tribunal, argumento que le lleva a anular la sentencia recurrida en casación que basó su motivación en una mera reproducción de los argumentos de una de las partes: «La ausencia de una verdadera labor de ponderación y elaboración judicial determina que el fallo carezca de una justificación autónoma en Derecho, lo que no sólo compromete el cumplimiento del deber de motivación &hellip sino que proyecta dudas sobre la apariencia de imparcialidad del Juez».

En el caso de que se constate que una resolución judicial ha sido elaborada empleando indebidamente sistemas de IA, este hecho podrá dar lugar a la nulidad de dicha resolución. Como señala el art. 225 de la LEC -EDL 2000/77463-, es nulo de pleno derecho aquel acto procesal que prescinde de normas esenciales del procedimiento, siempre que se produzca indefensión. Una resolución judicial redactada valiéndose de la IA puede entenderse como carente de la debida motivación y, por ello, derivar en indefensión para las partes, pues incumpliría las exigencias mínimas de transparencia y explicabilidad.

En el caso de empleo de la IA en los escritos de las partes, no veo obstáculo en acudir a estos instrumentos, que pueden resultar de ayuda para mejorar la exposición de los hechos y la argumentación jurídica. No obstante, es preciso alertar de que un uso indiscriminado y generalizado, sin la debida supervisión, puede derivar en argumentos vacíos de contenido, sin relación con el caso concreto, a modo de sucesión de frases sin un hilo conductor, y que tanto valdrían para un caso u otro. No es infrecuente encontrar en la práctica forense este tipo de escritos que poco aportan al tribunal para la resolución de la controversia. De ello se ha alertado por algunos tribunales, como por ejemplo en la STSJ de Andalucía, Sala Civil y Penal, de 13 de julio de 2026, rec. 11/2026, que se refiere a esos textos «salpicado-s de frases brillantes que no dicen mucho, que se alejan de la cuestión concretamente controvertida en el caso, envolviéndola en consideraciones y razonamientos sólo aparentemente referidos al caso y cuya brillantez sintáctica encubre un vacío de densidad jurídica».

Su uso incorrecto redunda en un claro y directo perjuicio de la parte que lo emplea.

Pero, en ciertos casos, este uso indebido no deriva en la simple intrascendencia de los argumentos esgrimidos por la parte, sino que puede conllevar consecuencias muy negativas para los profesionales que las usan. Así, atendiendo a su entidad y gravedad, su empleo podría calificarse como mala fe procesal, por cuanto supone una desatención de los deberes básicos del profesional, una falta de respeto evidente al tribunal y a la parte contraria, que compromete la viabilidad del recurso y que perturba el normal funcionamiento jurisdiccional, al obligar al tribunal a examinar las consecuencias de tal modo de actuar. El art. 247 de la LEC -EDL 2000/77463- dispone que los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

Así lo resolvió el TC en un acuerdo de 9 de septiembre de 2023 respecto de un abogado que en su escrito incluía referencias entrecomilladas que no se ajustaban a la realidad, y que el abogado achacó a un error informático. Igualmente, los autos del TSJ de Navarra -Sala Civil y Penal de 4 de septiembre de 2024, rec. 17/2024, o del TSJ de Canarias -Sala Civil y Penal de 10 de febrero de 2026, rec. 140/2025.

Tratándose del escrito de demanda, resulta difícil, no obstante, apreciar una causa de inadmisión, por cuanto el llamado defecto legal en el modo de proponer la demanda es una figura propia de la jurisdicción civil que no tiene fácil traslación a nuestra jurisdicción, por cuanto no está contemplado como una causa de inadmisibilidad del recurso en el proceso contencioso-administrativo, a diferencia de la LEC que la establece como excepción procesal -STS de 11 de marzo de 2024, rec. 472/2022 -EDJ 2024/518820-, entre otras-. Aun así, el propio art. 424 de la LEC -EDL 2000/77463- dispone que el tribunal sólo decretará el sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor o, en su caso, del demandado en la reconvención, o frente a qué sujetos jurídicos se formulan las pretensiones.

La utilización de herramientas de inteligencia artificial no exime al profesional de revisar y verificar su contenido antes de presentarlo ante la Justicia, pues es el único responsable de lo que en el mismo se escribe.

En cuanto a la posibilidad de subsanación, la doctrina del Tribunal Constitucional se basa en el principio de proporcionalidad entre la irregularidad cometida y la sanción que acarrea. Si bien debemos partir del principio de subsanabilidad de los actos procesales -art. 11.3 de la LOPJ -EDL 1985/8754-, art. 31 de la LEC -EDL 2000/77463- y art. 138 de la LJCA -EDL 1998/44323--, habrá que analizar en cada caso el defecto originado por la IA que se aprecie. Si, como antes decíamos, el empleo de IA en la redacción podría considerarse, en función de su gravedad, una actuación contraria a la buena fe procesal, no parece lógico admitir la subsanación en estos casos, pues el defecto no deriva de un mero descuido sino de una actuación como mínimo negligente, contraria a los deberes procesales más básicos.

Por último, respecto a la valoración de pruebas alteradas o manipuladas por IA, debe recordarse que, al margen de las consecuencias disciplinarias que puedan derivarse para los involucrados -los abogados que las proponen, los autores de las mismas-, las pruebas por regla general quedan sometidas en su valoración a las reglas de la sana crítica -arts. 348, 376 LEC-, y son ilícitas las pruebas obtenidas violentando derechos fundamentales -art. 287 LEC -EDL 2000/77463--. Al margen de otros aspectos imposibles de analizar aquí, y como en cualquier otro caso de pruebas manipuladas, su credibilidad será nula.

I- El Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del d...

I El Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 28 de enero de 2026, ha aprobado la Instrucción nº 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial -IA en el ejercicio de la actividad jurisdiccional -BOE de 30 de enero-, con el fin de dotar a los jueces, juezas, magistrados y magistradas de un marco de actuación claro, homogéneo y coherente con la normativa vigente y con las exigencias europeas.

Como recoge la Sentencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional del 29 de junio de 2026, -ROJ: SAN 2879/2026 -ECLI:ES:AN:2026:2879-, &ldquodicha Instrucción parte de un principio general de licitud del uso auxiliar de este tipo de tecnologías, sujeto a una serie de principios y restricciones, entre los que resaltan: el de control humano efectivo de no sustitución de los jueces, juezas, magistrados y magistrada en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, toma de decisiones judiciales, la valoración de los hechos o de las pruebas o la interpretación y aplicación del Derecho de responsabilidad plena y exclusiva de las resoluciones, decisiones y actuaciones jurisdiccionales por parte de los jueces con independencia de la utilización de sistemas de IA como instrumento de apoyo o asistencia, así como de independencia judicial respeto a los derechos fundamentales, así como de confidencialidad, integridad y seguridad de la información y datos y prevención de sesgos algorítmicos, de proporcionalidad y uso limitado. Y en último término de formación y capacitación&rdquo.

Por lo demás, la Instrucción enumera los usos no permitidos de los sistemas IA en el ejercicio de la función jurisdiccional y subraya el obligado respeto a la normativa en materia de protección de datos personales, garantizando en todo caso los principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización de datos, limitación de la finalidad, exactitud, integridad y confidencialidad.

Especial atención presta a la elaboración de borradores de resoluciones judiciales o procesales generados por sistemas de IA, que se admite únicamente como instrumentos de apoyo o asistencia, exigiendo siempre una revisión y validación personal completa y crítica por parte del juez/a y magistrado/o, quien mantendrá su exclusiva responsabilidad sobre la resolución.

En todo caso, precisa que las herramientas de IA autorizadas no podrán usarse cuando implique sustitución, automatización o delegación de la toma de decisiones judiciales, valoración de hechos o pruebas o interpretación y aplicación del Derecho tampoco podrán utilizarse resultados generados por inteligencia artificial que condicionen de manera directa o indirecta la independencia judicial o la libertad de criterio de los jueces/as y magistrados/as ni podrán incorporarse a las resoluciones judiciales contenidos generados por IA sin previa valoración &ldquocrítica, completa y personal&rdquo del juez/a o magistrado/a.

Para terminar, recoge que el incumplimiento de los criterios, pautas de uso y principios establecidos en la Instrucción, podrá dar lugar a las responsabilidades que procedan, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de las medidas preventivas o correctoras que puedan adoptarse en el ámbito organizativo o de gobierno del Poder Judicial y establece que el Consejo General del Poder Judicial asume funciones de supervisión y control de la utilización de los sistemas de IA en todo aquello que afecte a las operaciones de tratamiento de datos personales efectuadas con fines jurisdiccionales.

II Dicho lo anterior, pasaremos a dar respuesta a las cuestiones que se nos plantean, comenzando por la atinente a los efectos que debería producir la constatación de que una resolución judicial ha sido elaborada mediante un uso indebido de sistemas de IA y hasta qué punto ello podría comprometer su validez.

Pues bien, como recuerda el apartado Primero.2 de la Instrucción nº 2/2026, la actuación de jueces y Tribunales ha de ajustarse a lo dispuesto la Ley Orgánica del Poder Judicial, sus reglamentos de desarrollo, leyes procesales y demás normativa aplicable.

En consecuencia, las partes en el procedimiento podrán impugnar las resoluciones judiciales que entiendan que han sido elaboradas mediante un uso indebido de sistemas de IA, instando su nulidad al amparo del art. 238.3 de LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. -LOPJ -EDL 1985/8754-. Así aconteció en el recurso 21/26, resuelto por Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección 64, del 29 de junio de 2026 -EDJ 2026/652135- -ROJ: SAN 2879/2026 -ECLI:ES:AN:2026:2879-, en el que se opuso como primer motivo del recurso el quebrantamiento de normas y garantías procesales y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva -art. 24 CE denunciando el uso de un programa de inteligencia generativa en la redacción de la sentencia.

Mas dudas presenta, a mi juicio, la cuestión relativa a la responsabilidad disciplinaria del Juez o Magistrado que haya elaborado una resolución judicial vulnerando los criterios establecidos en la Instrucción nº 2/2026 o mediante la utilización de sistemas de IA no permitidos en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Recordemos que el apartado Undécimo la citada Instrucción establece que el incumplimiento de los criterios, pautas de uso y principios establecidos en ella, podrá dar lugar a las responsabilidades que procedan, conforme a lo previsto en la LOPJ y que, fuera de esta previsión, carente de valor normativo, no contamos en el ordenamiento jurídico español con un expreso régimen jurídico sancionador respecto del uso indebido de sistemas de IA por parte de Jueces y Magistrados que, de acuerdo con los principios de tipicidad y de legalidad, defina las concretas conductas constitutivas de infracción y establezca las sanciones aplicables.

Así las cosas, en el momento presente, las conductas consistentes en la utilización indebida de sistemas de IA por Jueces y Tribunales deberán encuadrase, a efectos sancionadores, en alguna de las previstas en los arts. 417, 418 y 419 de la LOPJ y, previa instrucción del correspondiente expediente disciplinario, de ser acreditadas, llevarán aparejadas las sanciones previstas en el art. 420 de la misma Ley.

Así lo ha hecho la Comisión disciplinaria del CGPJ, en su Acuerdo de 27 de abril de 2026, por el que ha sancionado con una multa de 1000 euros a un Magistrado por la comisión de una infracción grave tipificada en el art. 418.8 de la LOPJ -EDL 1985/8754-, que tipifica como falta grave la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de la función judicial fuera de los cauces establecidos.

III Se nos plantea la cuestión atinente a las consecuencias del uso indebido de la IA en los escritos de las partes y si los defectos que de ello pudieran derivarse pueden ser objeto de subsanación o, por el contrario, si esta vía supone un remedio excesivamente garantista para quien incurre en tales prácticas.

Recordemos que el art. 231 de la LEC -EDL 2000/77463- dispone que el Tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes.

Pues bien, considerando que el citado precepto obliga a procurar de oficio la subsanación/corrección de defectos de forma de un acto procesal, garantizando de esta forma el derecho a la tutela judicial efectiva, entiendo que los errores contenidos en los escritos presentados por las partes como consecuencia de un uso indebido de sistemas de IA, cuando afecten a su fundamentación jurídica, no son incardinarles en el art. 231 LEC -EDL 2000/77463-.

En consecuencia, advertida y constatada la existencia de los citados errores, no habrá lugar a efectuar un requerimiento de subsanación al amparo del art. 231 LEC.

En tales casos, si se estimara por el Juez o Magistrado que el uso indebido de la IA por alguna de las partes en el proceso ha conculcado ha conculcado las reglas de la buena fe procesal o que, como consecuencia de ello, ha actuado con abuso del servicio público de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el art. 247.3 de la LEC -EDL 2000/77463-, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. Además, conforme al apartado 4 del mismo precepto, si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe o con abuso del servicio público de Justicia podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

Dicho lo anterior, encontramos recientes pronunciamientos judiciales sobre errores consistentes en la cita en una querella de un precepto del Código Penal que no correspondía al ordenamiento jurídico español sino al de Colombia, que el letrado de la parte querellante atribuyó al uso inadecuado de Chat GPT -Auto del Tribunal Superior de Justicia ATSJ, Penal sección 1 del 4 de septiembre de 2024 -ROJ: ATSJ NA 38/2024 ECLI:ES:TSJNA:2024:38A o en la inclusión en un escrito de interposición de recurso de apelación de cincuenta y dos citas jurisprudenciales generadas por una herramienta de inteligencia artificial, sin la debida verificación por parte del letrado, de las que solo cuatro eran correctas -Auto de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 10 de febrero de 2026 -ROJ: ATSJ ICAN 1/2026 ECLI:ES:TSJICAN:2026:1ª-.

En ambos casos, tras la constatación de los errores referidos, se apreció la vulneración del deber de buena fe procesal por parte de los letrados firmantes de los referidos escritos y se procedió a la apertura del incidente previsto en el art. 247.3 de la LEC -EDL 2000/77463-.

El primero de ellos concluyó con el archivo la pieza separada sin imponer sanción, valorando la novedad del caso y la pronta rectificación y disculpa del letrado. En el segundo la Sala sancionó al abogado al amparo de lo dispuesto en art. 247 de la LEC -EDL 2000/77463-, con una multa de 420 euros, acordando, además, dar traslado de la resolución al Colegio de Abogados por si los hechos pudieran dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

IV Para terminar, respondiendo a la tercera de las cuestiones planteadas, entiendo que corresponderá a las partes en el proceso impugnar los informes periciales aportados por las demás, si se detecta en ellos cualquier tipo de contenido erróneo o falso generado mediante herramientas de IA, denunciando su falta de rigor y la vulneración de las garantías procesales fundamentales.

Considero que, en tal caso, de constatarse la existencia de errores debidos a una indebida utilización de la IA en la elaboración de informes periciales, tras la apertura del correspondiente incidente, también se podría imponer el letrado proponente del correspondiente medio de prueba una sanción al amparo del art. 247 de la LEC -EDL 2000/77463- y, todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad en que, en su caso, pudiera incurrir el perito firmante del informe conforme al régimen jurídico aplicable.