Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2023, Caso G.ST.T. (C-655/21)

Legalidad y proporcionalidad de las sanciones penales por falsificación de marcas

Tribuna Madrid
sentencia sobre falsificación de diseños de ropa

1.-Hechos

Agentes del Ministerio del Interior búlgaro llevaron a cabo una inspección en 2016 en un local comercial arrendado por la empresa G. ST. T., dedicada a la venta de ropa, en el municipio de Nesebar (Bulgaria) y procedieron a la incautación de los productos que estaban a la venta. El peritaje judicial puso de manifiesto que los signos colocados en esos productos eran similares a marcas registradas y estimó el valor total de dichos productos en 1.404.590 BGN (aproximadamente 718.000 euros) “en calidad de originales” y en 80.201 BGN (aproximadamente 41.000 euros) “en calidad de imitaciones”.

La Fiscalía Local de Burgas, Unidad Territorial de Nesebar (Bulgaria), consideró que esa empresa había hecho uso en el tráfico comercial, sin el consentimiento de los titulares de los derechos exclusivos, de marcas objeto de dichos derechos exclusivos y que tal actividad había causado un «perjuicio especialmente grave», de modo que la interesada fue emplazada ante el Tribunal de Primera Instancia de Nesebar (Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente de cuatro cuestiones prejudiciales, por la comisión de un delito agravado de falsificación de marcas, tipificado en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal búlgaro. Este artículo dispone que “1. Quien utilice en el tráfico comercial, sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, una marca […] será castigado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años y una multa de hasta 5.000 [levas búlgaras (BGN)]. 2. En caso de reiteración de los hechos mencionados en el apartado 1 o en caso de que estos causen un perjuicio especialmente grave, se impondrá una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años y una multa de entre 5.000 y 8.000 BGN. 3. El objeto del delito será decomisado y destruido, con independencia de quién sea su propietario”. Por otro lado, tanto la antigua como la nueva Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas (ZMGO) de Bulgaria establecen las infracciones de marcas y las sanciones administrativas aplicables.

2.- Pronunciamientos

Las dos primeras cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Primera Instancia de Nesebar (Bulgaria) se refieren a si son conformes con las normas introducidas por la Directiva 2004/48 las disposiciones y la jurisprudencia con arreglo a las cuales el perjuicio sufrido por el titular del derecho constituye un elemento de los tipos penales establecidos en el artículo 172b, apartados 1 y 2, del Código Penal y, en caso de respuesta afirmativa, si es compatible con las normas de la Directiva 2004/48 la presunción automática introducida por la jurisprudencia en la República de Bulgaria para la determinación del perjuicio que se cifra en el valor de los productos ofrecidos a la venta, calculado sobre la base de los precios de venta al por menor de productos lícitamente fabricados.

Ambas cuestiones prejudiciales son rechazadas por el Tribunal de Justicia en la referida sentencia al entender que “la Directiva 2004/48 no regula los procedimientos y sanciones penales en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, al tiempo que reconoce a los Estados miembros la facultad de legislar en virtud del Derecho nacional o internacional para establecer sanciones que consideren adecuadas, en particular de carácter penal, en caso de que se infrinjan tales derechos”, añadiendo que “dado que la Directiva 2004/48 no se aplica a las normas nacionales relativas a los procedimientos penales y a las sanciones penales en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual, la interpretación de esta Directiva solicitada por el órgano jurisdiccional remitente mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda no es necesaria para la resolución del litigio principal, que constituye un procedimiento estrictamente penal”, recordando que el procedimiento de las cuestiones prejudiciales es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisen para resolver los litigios que deban dirimir, sin que estas cuestiones planteadas resulten necesarias para emitir su fallo en el litigio en que se han suscitado.

Respecto a la tercera cuestión prejudicial planteada sobre si son compatibles con el principio de legalidad de los delitos, consagrado en el artículo 49 de la Carta, unas disposiciones sancionadoras que no diferencian entre la infracción administrativa y el delito tipificado en el artículo 172b, apartado 1 y 2 del Código Penal, el Tribunal de Justicia responde que el artículo 49, apartado 1, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que el principio de legalidad de los delitos y las penas no se opone a una legislación nacional que establece, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, que el mismo comportamiento puede calificarse tanto de infracción administrativa como de delito, sin incluir criterios que permitan delimitar la infracción administrativa y el delito por describirse los ilícitos en términos similares, o incluso idénticos, en la ley penal y en la ley de marcas. Por lo tanto, los Estados miembros pueden imponer, por los mismos hechos, una combinación de sanciones administrativas y penales, sin que el principio de legalidad de los delitos exija que la legislación nacional contenga los criterios para delimitar la infracción administrativa y la penal.

Al resolver la última cuestión prejudicial (la cuarta) sobre si son compatibles con el principio de proporcionalidad entre la pena y el delito, establecido en el artículo 49, apartado 3 de la Carta, la pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años y multa de entre 5.000 y 8.000 BGN establecidas en el artículo 172b, apartado 2, del Código Penal, se recuerda “que, si bien se deja la elección y las modalidades de los procedimientos penales y de las sanciones aplicables a la discreción de los miembros de la OMC, el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC los obliga a sancionar penalmente al menos determinadas infracciones del derecho de propiedad intelectual” y que  “a falta de medidas legislativas internas de la Unión en el ámbito de las sanciones aplicables, los Estados miembros son competentes para determinar la naturaleza y el nivel de dichas sanciones, respetando, en particular, el principio de proporcionalidad”. Para apreciar la proporcionalidad de las sanciones también debe tenerse en cuenta la posibilidad de que dispone el juez nacional de modificar la calificación que figura en el escrito de acusación, posibilidad que puede dar lugar a la aplicación de una sanción menos severa, y de modular la sanción en relación con la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado. Al establecer una pena de prisión mínima de cinco años para todos los casos de uso no consentido de una marca en el tráfico comercial se dificulta sobremanera que las autoridades competentes fijen, a la vista de todos los elementos pertinentes, una sanción cuya intensidad no exceda de la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado. En consecuencia, se llega a la conclusión de que “el artículo 49, apartado 3, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición legislativa nacional que, en caso de uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, en varias ocasiones o causando un perjuicio especialmente grave, establece una pena mínima de cinco años de prisión”.

3.- Comentario

La sentencia analizada vuelve a poner de manifiesto, una vez más, la obligación derivada del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC de prever procedimientos penales que, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, puedan dar lugar a sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas, que vincula a cada uno de los miembros de la OMC, incluida la Unión y sus Estados miembros y forma parte del Derecho de la Unión.

El hecho de un país imponga sanciones penales y administrativas por los mismos hechos, como es el uso de una marca en el tráfico comercial sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo, no supone infracción del principio de legalidad de los delitos y las penas recogido en el artículo 49, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tampoco que la legislación nacional no contenga los criterios para delimitar la infracción administrativa y el delito. De ello se deriva que la existencia de infracciones administrativas/civiles de marcas no constituyan un obstáculo o limiten la existencia de las infracciones penales.

A diferencia del caso búlgaro, en España no cabría apreciar que las autoridades competentes no tengan la capacidad de ceñir la sanción, en el caso concreto, a una pena que sea proporcionada con la gravedad del delito cometido. El artículo 274 del Código Penal español, en la redacción dada por Ley Orgánica 1/2015, establece una graduación de las penas en función de la gravedad de cada acto tipificado, oscilando desde los 6 meses a 4 años de prisión y multa, permitiendo la sustitución de la pena de prisión por multa de 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días en determinadas circunstancias de venta ambulante u ocasional de productos con marcas falsificadas. Además, el artículo 276 CP establece circunstancias agravantes sancionadas con prisión de 2 a 6 años y multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial de 2 a 5 años para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido. Por lo tanto, nuestros Jueces disponen de un amplio margen para imponer las penas previstas de forma proporcional a cada acto sancionado.

Juan José CASELLES

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Nota: La publicación de esta tribuna viene ilustrada con una imagen generada con IA.


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