Tal y como estipula el decreto que lo regula desde el pasado 14 de marzo, los plazos administrativos están suspendidos, entre otros motivos, para que ningún consumidor pierda derechos. De no ser así, las limitaciones de movilidad o la ralentización de algunos procesos en la administración como consecuencia de la situación excepcional en la que se encuentra el país provocarían que parte de la ciudadanía no tuviese garantizado su acceso a las reclamaciones.
El ministerio recuerda que, durante el mes de confinamiento, los derechos de los consumidores y usuarios no se han visto modificados y que Consumo no tiene capacidad de interpretar el decreto que regula el estado de alarma en este sentido. Así, la nota informativa remitida a las Comunidades Autónomas se ha limitado a explicar las restricciones aprobadas por el Gobierno el 14 de marzo.
En ningún caso la imposibilidad de la administración de tramitar reclamaciones conlleva pérdida de derechos: al suspenderse, los plazos de reclamación quedan congelados hasta el fin del estado de alarma, momento en el cual se reactivarán manteniendo intactos los derechos y tiempos pendientes. De esta manera, el Gobierno garantiza que ningún consumidor y usuario (sin acceso a internet en su domicilio, por ejemplo) vea limitados sus derechos y garantías.
Fomento de los acuerdos
Asimismo el ministerio recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de marzo un importante paquete de iniciativas del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID- 19. Todas ellas están enfocadas a paliar las consecuencias de la declaración del estado de alarma en los consumidores y usuarios.
Con ello, el Gobierno busca que en todo momento primen los acuerdos entre empresas y consumidores para evitar perjuicios económicos, pero establece una serie de plazos para que, en caso de no haber opción de acuerdo, los derechos de consumidores y usuarios estén perfectamente garantizados.
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