Así lo ha anunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su intervención en un acto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Garzón ha dicho que esta medida formará parte de una reforma de la actual ley en la que también se incorpora la ya anunciada prohibición de los números telefónicos 902 para los servicios de atención al cliente.
El Ministerio de Consumo plantea modificar el artículo 3 de la LGDCU para incluir una definición de persona consumidora vulnerable que suponga un marco general para atajar reglamentariamente situaciones concretas de vulnerabilidad. Para ello, Consumo ha abierto un periodo de consulta pública en el que la sociedad civil y las asociaciones en defensa de los derechos de consumidores puedan hacer sus aportaciones.
La figura de consumidor vulnerable, con carácter parcial, existe en el actual marco legislativo estatal y autonómico con el fin de proteger a determinados sectores en el acceso a servicios básicos. La actual normativa estatal alude a colectivos especialmente vulnerables en el ámbito de la cooperación institucional, pero sin concretar este término.
En el ámbito autonómico la figura de consumidor vulnerable, tanto por su denominación como por los grupos de protección a los que alude, varían de una a otra comunidad. En cuanto a sectores económicos, solo el eléctrico y energético y el financiero consideran las características sociales, el poder adquisitivo y la vulnerabilidad social como criterio en sus relaciones.
El objetivo del Ministerio de Consumo es crear un marco regulatorio común para sectores como la vivienda, las telecomunicaciones o la alimentación, avanzando así en la obligación de los poderes públicos de garantizar la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas. Una tarea que el ministerio está desarrollando en un grupo de coordinación interministerial que abordar la norma desde una perspectiva integral.
Según ha explicado Garzón, el desarrollo de la figura de la persona consumidora vulnerable es "imprescindible para avanzar en la justicia social". Contextos como la crisis sanitaria de la COVID-19, con sus implicaciones económicas, laborales y sociales, ponen de manifiesto que "todos somos susceptibles de ser consumidores vulnerables en algún momento de nuestras vidas", ha dicho el ministro.
Consumo y CNMC, "alianza común"
El ministro Garzón, reunido con la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha participado en el acto de presentación de la nueva versión del comparador de ofertas de gas y de electricidad. El objetivo de esta herramienta es facilitar a los consumidores la tarea de elegir la opción que mejor se adapta a sus necesidades.
Garzón y Fernández han coincido en señalar la iniciativa como un paso más en el objetivo común del Ministerio de Consumo y CNMC de conocer y vigilar las estructuras de mercado y proteger los intereses de las personas consumidoras. "Supone poner luz y taquígrafo al sector de las energías", ha dicho Garzón.
En esa línea, Garzón ha asegurado que el Ministerio de Consumo y la CNMC tienen un "leit motiv común" al servicio del interés general de la gran mayoría social. Garzón ha destacado que el compromiso de la autoridad de competencia y la de consumo es trabajar en "una agenda conjunta" y "una alianza común". "Es una necesidad democrática urgente en nuestro país", ha dicho.
Por último, Garzón ha agradecido la "completa disposición y colaboración" que mostró la CNMC con el Ministerio de Consumo desde los primeros momentos de la crisis sanitaria. "Un trabajo ejemplar e imprescindible fundamental para puesta en marcha de un importante número de las medidas fundamentales de protección sanitaria, social y de derechos que aprobó este Gobierno", ha concluido.
