La iniciativa busca "impulsar una seguridad integral del ecosistema generado por la tecnología 5G" y reforzar la seguridad en la instalación y operación de estas redes de comunicaciones. Además, tiene como objetivo promover un mercado de suministradores "suficientemente diversificado" para garantizar la seguridad basada en razones técnicas, estratégicas y operativas, reforzar la protección de la seguridad nacional y fortalecer la industria y fomentar las actividades de I+D+i nacionales en ciberseguridad relacionadas con la tecnología 5G.
Para ello, además de establecer la definición de la tecnología 5G, el texto señala que los operadores, suministradores y usuarios corporativos deberán analizar los riesgos de las redes y servicios para detectar amenazas y vulnerabilidades, así como gestionar los riesgos de seguridad adoptando medidas técnicas y operativas para garantizar la integridad física y lógica de las redes 5G o cualesquiera de sus elementos, infraestructuras y recursos, así como la continuidad en la prestación de servicios 5G, entre otras medidas.
Asimismo, el decreto establece que el Gobierno aprobará, mediante real decreto y previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, un "Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G" que efectuará un análisis de riesgos a nivel nacional sobre la seguridad de las redes y servicios 5G así como identificará, concretará y desarrollará medidas a nivel nacional para mitigar y gestionar los riesgos analizados.
La norma se encuentra en vigor desde el 31 de marzo tras aprobar el Gobierno el Real Decreto-ley de Ciberseguridad 5G.
