Así consta en la enmienda aprobada por el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida como 'Ley de startups', que este jueves se examina ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja.
La enmienda ya está incorporada en el texto, que se someterá a votación este jueves, tras ser aprobada en fase de ponencia como una enmienda transaccional, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La nueva disposición legal contempla la creación de esta agencia "como organismo público con personalidad jurídica pública, patrimonio propio, plena capacidad de obrar y las potestades administrativa, inspectora y sancionadora que se le atribuyan en aplicación de la normativa nacional y europea en relación con el uso seguro y confiable de los sistemas de inteligencia artificial" (IA).
Supervisar uso y comercialización de sistemas de IA
Entre sus objetivos, el Congreso marca la supervisión de la puesta en marcha, uso o comercialización de sistemas que incluyan IA y, especialmente, aquellos que puedan suponer riesgos significativos para la salud, seguridad y los derechos fundamentales.
También la concienciación, divulgación y promoción de la formación, y del desarrollo y uso responsable, sostenible y confiable de la IA; la definición de mecanismos de asesoramiento y atención; la colaboración y coordinación con otras autoridades, nacionales y supranacionales, de supervisión de IA; y el fomento de entornos reales de prueba de los sistemas de IA para reforzar la protección de los usuarios.
Finalmente, el Congreso prevé que la asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio de la Agencia, corresponda a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado.
Sede para la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial
El pasado 4 de octubre, el Gobierno aprobó los criterios para determinar la futura sede de este organismo, con la previsión de que se ubique fuera de Madrid. Desde entonces, se ha abierto un plazo para que comunidades autónomas y entidades locales presenten sus solicitudes para acoger dicha sede y otro de tres meses para que el Gobierno la escoja.
Para esta agencia, el Gobierno tendrá en cuenta que la candidatura provenga de un área con una elevada cantidad de empresas del ámbito de la tecnología y, concretamente, la inteligencia artificial.
Asimismo, el Ejecutivo espera que la nueva sede aporte infraestructuras y equipamientos relacionados con este campo, así como tener capacidad para albergar talento en los campos de ética, las ciencias sociales y jurídicas.
