Urbanismo

De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo ¿Inexistencia de prejudicialidad?

Foro Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda

Planteamiento

El Capítulo I (De los  delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo) del título XVI (De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente) del Código Penal (artículos 319 y 320) -EDL 1995/16398-  tipifica una serie de conductas sobre la base de conceptos de derecho administrativo, ‑más en particular, urbanísticos- llegando a condicionar, además, la comisión del delito a la imposibilidad jurídico-administrativa de llevar a cabo la acción, por ejemplo, la urbanización, construcción o edificación de zonas verdes o -en el caso de informar favorablemente instrumentos de planeamiento o de gestión o simplemente actos de disciplina urbanística- a que los mismos sean contrarios a las normas de ordenación territorial urbanística.

Ante esta estrecha dependencia entre la configuración de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo con la legalidad de la actuación administrativa cabría reflexionar si nuestro ordenamiento jurídico habilita alguna especie de prejudicialidad del orden jurisdiccional contencioso administrativo pese a que, prima facie deba negarse a partir del 44  LOPJ -EDL 1985/8754- o del artículo 4 LJCA –EDL 1998/44323- ¿Podría arbitrarse algún sistema al respecto?

¿Sería posible una condena penal pese a la falta de pronunciamiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo sobre la conformidad a la legislación urbanística de un instrumento de planeamiento o de gestión, o de una licencia? ¿Qué habría de hacer el juez penal en caso de un recurso contencioso administrativo pendiente de resolver?

Puntos de vista

Jesús María Chamorro González

Como acertadamente se indica en el texto introductorio a las cue...

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Héctor García Morago

Si nos tuviesen que intervenir quirúrgicamente por un problema grave de cora...

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Joaquín Moreno Grau

El tema propuesto en esta ocasión por el coordinador del Foro me ha hecho re...

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Elisa Moreu Carbonell

Antes de que el Código penal de 1995 –

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Luis Pomed Sánchez

El sistema español de justicia está estructurado partiendo, entre otras, de...

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Manuel Táboas Bentanachs

La situación normativa actual del Código Penal –

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Resultado

Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo se articulan a través de la técnica de las normas penales en blanco, cuya integración suele reclamar, en ocasiones, la previa determinación del canon de legalidad de las actuaciones urbanísticas de que se trate.

Sin embargo, se destaca unánimemente que nuestro ordenamiento no prevé, como regla general, una prejudicialidad contencioso-administrativa respecto del proceso penal, cuyos jueces habrán de pronunciarse, en consecuencia, sobre cuestiones administrativas, auxiliados, en el mejor de los casos, sobre la base de informes de expertos, pero sin contar con un pronunciamiento del orden contencioso-administrativo.

Como excepción, sobre la base del artículo 4 Lecrm -EDL 1882/1-, si la cuestión fuese determinante de la culpabilidad o la inocencia, el juez penal podría suspender el procedimiento hasta la resolución de aquélla, lo que, según algunos, podría ser propiciado por el fiscal. No obstante, se apunta que esta posibilidad debe entenderse actualmente derogada por el artículo 10 LOPJ -EDL 1985/8754-, que atribuye a cada orden jurisdiccional, a los solos efectos prejudiciales y sin excepciones, la competencia para conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente.

Se describe asimismo el escenario de que, tras la condena penal, el juez contencioso-administrativo se pronuncie en sentido contrario a la tesis que fundamentó la condena, situación en la que se ensayan soluciones a partir  del recurso extraordinario de revisión o de los efectos que se derivarían de la vulneración del derecho a la tutela judicial a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desarrollada en otros ámbitos de la relación entre las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa.