En el informe anual del Defensor del Pueblo de 2018, al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor ha recomendado modificar parte del Decreto 126/2014, que regula la concesión de estas ayudas y, entre los cambios sugeridos, se encuentra cambiar la fecha de abono de estos retrasos y que pase del "día uno del mes siguiente" a la resolución al mismo día en el que se acredite que se vuelven a reunir los requisitos de la prestación.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha recomendado que se incluyan los motivos de las resoluciones de suspensión y se desgranen las variaciones de las circunstancias que motivaron la concesión de la ayuda. Hasta el momento "se hace una referencia genérica a la legislación", lo que, a ojos de esta institución, deja a los beneficiarios en "situación de indefensión" y dificulta que formulen alegaciones o recurran la resolución.
"En las suspensiones de rentas mínimas sería preciso exteriorizar de forma menos telegráfica, más razonada y clara, las circunstancias y hechos que las justifican. Sería deseable, además, que el lenguaje fuera sencillo y comprensible", ha incidido el Defensor del Pueblo, que ha extendido esta recomendación a las resoluciones de denegación y de extinción de la renta mínima de inserción.
También pide, en cuanto a la subsidiariedad de la ayuda, que se especifique qué tipo de prestación no se ha solicitado, y que ha derivado en la suspensión de la renta mínima de inserción. Además, ha remarcado que "la falta de información de los ciudadanos" provoca "situaciones ilógicas" que podrían evitarse con la "asistencia adecuada".
El Defensor del Pueblo ha puesto como ejemplo de esta falta de información el caso de un hombre al que se le suspendió la renta mínima por tener su residencia efectiva fuera de la región durante más de 30 días.
Lo que había sucedido era que fue desahuciado, por lo que pasó a dormir en el aeropuerto. "Si hubiera sido correctamente asistido, se habría empadronado en su centro de servicios sociales y no habría dejado de percibir la prestación", ha aclarado.
Las familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en la Comunidad de Madrid rondan las 25.000, y en 2018 se produjeron 4.580 suspensiones cautelares, un 30 por ciento más que en 2017 y un 90 por ciento más que en 2016.
Afectados piden que el Gobierno incorpore las recomendaciones
Por su parte, la plataforma RMI Tu Derecho han reclamado que el siguiente Gobierno regional, "sea cual sea" su composición, atienda las sugerencias de esta institución y a las formuladas desde las organización porque "cualquier gobierno que se ensañe con la población empobrecida perderá su legitimidad".
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) ha destacado en un comunicado que el Defensor dedica "casi cinco páginas" a la suspensión cautelar de la RMI y que esto genera la pérdida de otros derechos asociados como la exención de pago de los medicamentos.
"Dadas sus graves consecuencias para familias carentes de cualquier otro recurso la aplicación de estas suspensiones requeriría mucha prudencia y transparencia", apuntan, para remarcar a continuación que "el Defensor del Pueblo sugiere que si se diera trámite de audiencia previa las personas afectadas tendrían conocimiento, con antelación a la suspensión, de los hechos y fundamentos legales en los que se puede basar la decisión y podrían presentar alegaciones en su defensa".
Por otro lado, para RMI Tu Derecho la condena preventiva a varios meses sin ingresos priva de acceso a las necesidades básicas más elementales y condena a situaciones desesperantes y a veces con consecuencias irreversibles. "Las familias perceptoras de RMI carecen de ahorros", recuerdan.
Y es que "aún si logran demostrar que cumplen todos los requisitos, no por eso se les devolverá el dinero que les ha sido expropiado", por lo que "si no logran el levantamiento de la suspensión en el plazo de tres meses, se les quitará la renta mínima".
Se refieren asimismo a "otras irregularidades" citadas por el Defensor del Pueblo, como las suspensiones por no solicitar otras prestaciones cuando sí han sido solicitadas pero denegadas, con comunicación de ello a la Comunidad de Madrid o defectos similares a los antes señalados pero en los procedimientos de valoración de nuevas solicitudes.
