Según las estimaciones del órgano de gobierno de los jueces, a finales de 2023 habrán ingresado en la Carrera Judicial 382 nuevos jueces/zas y magistrados/as, mientras que las plazas vacantes serán 563, sin contar con las unidades judiciales que el Ministerio de Justicia prevea crear para ese año. Eso arroja un déficit de al menos 181 jueces.
La cifra de nuevos ingresos se corresponde a la suma de los 171 alumnos de la promoción 71, actualmente en la fase de prácticas tuteladas; los 161 alumnos de la promoción 72, que el pasado mes de enero iniciaron su formación inicial en la Escuela Judicial; y las 50 plazas convocadas para el ingreso como magistrados/as nombrados por el turno de juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional.
Mientras tanto, el número actual de plazas vacantes es de 342 -incluyendo 58 de nombramiento discrecional que no podrán ser cubiertas mientras el CGPJ siga en funciones-, que salen de las bajas por jubilaciones, fallecimientos y otras causas producidas en los últimos años y de las vacantes producidas por los concursos de traslado. A ellas hay que sumar las que se prevé que se producirán en los próximos años por jubilación o por el pase a la situación de servicios especiales: unas 60 en lo que queda de 2022 y alrededor de 85 en 2023.
El resultado son 487 vacantes, a las que deben añadirse las 6 plazas correspondientes a unidades judiciales creadas por los Reales Decretos 1050/2020 y 1052/2021 que aún no tienen fecha de entrada en funcionamiento y otras 70 correspondientes a otras tantas unidades judiciales previstas en la programación del Ministerio de Justicia para 2022.
Sin tener en cuenta las unidades judiciales que puedan crearse correspondientes a la programación de 2023, el total de vacantes a finales de ese año ascendería por tanto a 563.
Crecimiento desacompasado entre escalafón y planta
Una de las principales causas de la elevada cifra de vacantes existente en la actualidad es la distinta evolución de la planta judicial -las plazas en órganos judiciales- y del escalafón de la Carrera Judicial -el número de jueces-.
Así, el 1 de enero de 2014 había 5.373 jueces y magistrados en el escalafón, mientras que la planta judicial era de 5.230 plazas; mientras que el pasado 1 de abril el escalafón contaba con 5.521 jueces (148 más) y la planta ascendía a 5.726 plazas (496 más).
Fuerte incremento de la litigiosidad
A estas circunstancias se añade el importantísimo incremento de la litigiosidad producido en los últimos años, especialmente en los órdenes jurisdiccionales civil y social, hasta el punto de que el nivel de entrada en 2021 fue incluso superior al que se registró en los años 2014/2015, cuando aún tenían incidencia en los datos los efectos de la anterior crisis económica, iniciada en el año 2008.
De hecho, la comparativa con los datos del año inmediatamente anterior al comienzo de esa crisis (2007) revela que la entrada de asuntos se ha incrementado en un 78 % en la jurisdicción civil y en un 32 % en la jurisdicción social. Estos dos son los órdenes en los que mayor repercusión han tenido los efectos de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para enfrentarla, y también los que han experimentado un aumento de la litigiosidad consecuencia de diversas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, entre ellas las relativas a las cláusulas abusivas bancarias en los contratos celebrados con consumidores.
Los datos del Servicio de Inspección indican que, por regla general, los órganos judiciales de los órdenes penal y contencioso-administrativo absorben el número de asuntos que ingresan cada año -salvo en 2020, debido a la suspensión de actuaciones procesales no esenciales-, mientras que los de los órdenes civil y social no han conseguido absorber la entrada en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. El año pasado sí se logró resolver un número de asuntos igual o superior a los que entraron gracias a las medidas de refuerzo adoptadas, que fueron especialmente importantes en los juzgados y tribunales de las jurisdicciones civil y social.
Todo ello se traduce en un aumento del número de asuntos pendientes, que entre los años 2014 y 2021 se ha incrementado en un 21,6 % a nivel general, mientras que en el orden jurisdiccional civil el aumento ha sido del 68,9 %.
Justicia interina
La Comisión Permanente considera que otro aspecto que evidencia el déficit estructural en la plantilla de la Carrera Judicial es el incremento del número de jueces/zas y magistrados/as sustitutos, que ha pasado de 951 en el año judicial 2015/2016 a 1.088 en el actual 2021/2022, mientras que para el próximo ejercicio la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia han propuesto un total de 1.166.
El órgano de gobierno de los jueces observa con preocupación este incremento y considera que la Justicia interina no es acorde con los principios contemplados en el artículo 117 de la Constitución, que establece que la Justicia se administra “por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial”.
La Comisión Permanente recuerda, en este sentido, que el CGPJ ya aprobó en 2003 una instrucción en la que se señalaba “el carácter excepcional y subsidiario de la figura del Magistrado suplente y Juez sustituto”.
“Los datos referidos y los razonamientos expuestos indican una indeseable ‘cronificación’ de un régimen de excepcionalidad como es el de la justicia interina, debido a la insuficiente dotación de plazas judiciales y, además, revelan sin tener que acudir a una explicación profunda un déficit estructural, que además va en aumento, del número de plazas necesarias en la Carrera Judicial”, concluye la Permanente.
