La recurrente se sometió el 3 de diciembre de 2019 a una intervención quirúrgica en un hospital privado en la que se le colocó una prótesis total de cadera derecha, solicitando posteriormente al SES el abono de los gastos de asistencia médica. El Juzgado de los Social 2 de Cáceres desestimó su pretensión al considerar que la operación no era urgente ni de carácter vital según las conclusiones extraídas de los informes forense y de inspección médica.
La Sala de lo Social expone que “aunque podría discutirse si se produjo una denegación injustificada de la asistencia sanitaria -como alega la recurrente- no es este el orden jurisdiccional en que puede reclamarse contra la Administración sanitaria” porque se atribuye al orden jurisdiccional contencioso el conocimiento de los litigios sobre “responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive”, una postura ratificada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
“En consecuencia -añaden los magistrados- no estando ante una situación de urgencia vital, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial que define tal concepto y que el propio recurrente cita, hemos de concluir que la demandante optó libremente por acudir a la sanidad privada pues el mismo mes de diciembre de 2019 en el que es intervenida quirúrgicamente el SES había emitido nota de cita en el servicio de traumatología para el 22 de mayo de 2020, no constando consultas posteriores de su patología por agravación ni en los Centros de Salud, ni en los servicios de urgencia de los Hospitales dependientes de la Sanidad Pública, tal y como aduce la impugnante”. Y concluyen: “al haberlo entendido así el juez a quo, su sentencia ha de ser confirmada, previa la desestimación del recurso interpuesto”.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
