Al demandante, ahora recurrente en casación, se le implantó una prótesis de cadera fabricada por la sociedad inglesa DePuy International Ltd., y fue sometido años más tarde a un procedimiento de revisión y recambio de la prótesis debido a los problemas que padecía. Aunque podía demandar en España a la empresa fabricante, dirigió su demanda contra la empresa distribuidora, Johnson & Johnson S.A. La Audiencia Provincial de Barcelona consideró que esta empresa, que había cumplido su obligación legal de informar al demandante sobre la identidad del fabricante de la prótesis, no tenía legitimación pasiva, y el Tribunal Supremo confirma esa decisión.
La Sala aplica la jurisprudencia del TJUE sobre grupos de empresas y productos defectuosos y considera que la mera pertenencia a un mismo grupo empresarial no determina, por sí sola, que se extienda al distribuidor la responsabilidad que el fabricante pudiera tener por los daños causados por los defectos de sus productos.
En primer lugar, no resulta aplicable la doctrina del levantamiento del velo, como excepción al principio de personalidad de las sociedades de capital que procede cuando se acreditan circunstancias que evidencian abuso de la personalidad de la sociedad. El demandante no ha invocado razón alguna relacionada con un fraude o abuso de la personalidad dirigido a burlar la pretensión indemnizatoria y, en materia de responsabilidad por productos defectuosos, la propia regulación establece un mecanismo específico que, si bien no se dirige exclusivamente a solventar el problema de la posible confusión entre la empresa matriz y sus filiales, permite alcanzar una solución satisfactoria en estos casos. Se trata de la norma que impone la responsabilidad al distribuidor como si fuera fabricante cuando no identifica al fabricante o no lo hace por iniciativa propia y de manera diligente, lo que, como se ha indicado, no ha sucedido en este caso.
En segundo lugar, teniendo en cuenta la función que cada una de las empresas del grupo tiene atribuida en el proceso de elaboración y comercialización de los productos y que no se han amparado en la confusión del grupo para ocultar quién es el fabricante real, es improcedente acudir a la teoría de la unidad económica creada en el marco de la responsabilidad sancionatoria por conductas contrarias al derecho de la competencia, en un ámbito en el que, además, existe una regulación específica de la responsabilidad de cada empresa.
Por último, la Sala tiene en cuenta que no hay ningún dato que revele que la actividad de Johnson & Johnson S.A. no fuera la de mero distribuidor y que no concurren los requisitos de la responsabilidad del «productor aparente». Comparte, además, la valoración de la Audiencia Provincial, que descartó que la inclusión en las etiquetas y en los contenedores de las prótesis del nombre del fabricante con una referencia a su integración en el grupo Johnson and Johnson hubiera creado la apariencia de que la fabricante fuera la filial española del mismo grupo, Johnson and Johnson S.A. De un lado, se trata de un producto que no es adquirido directamente por los usuarios, sino que se implanta por intermediarios expertos; y, de otro, en las adjudicaciones a los hospitales, en las alertas de retirada, en el aviso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, es DePuy International Ltd. quien aparece como fabricante, de acuerdo con las normas reglamentarias que exigen la perfecta identificación del fabricante de los productos sanitarios e implantes.
