Se busca garantizar las funciones de supervisión y regulación en el nuevo contexto digital

El Gobierno aprueba el 'sandbox' para impulsar la transformación digital del sector financiero

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El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero, que incluye la creación de un 'sandbox' o espacio controlado de pruebas, para disponer de un entorno jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador se desarrolle de forma eficaz y segura para los usuarios.

Transformación digital

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero, que incluye la creación de un 'sandbox' o espacio controlado de pruebas, para disponer de un entorno jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador se desarrolle de forma eficaz y segura para los usuarios.

En concreto, las medidas incluidas en el proyecto tienen como objetivo garantizar que las autoridades financieras dispongan de instrumentos óptimos para seguir cumpliendo con sus funciones de supervisión y regulación en el nuevo contexto digital, así como facilitar que el proceso innovador contribuya a lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional "altamente competitivo".

El Ministerio de Economía y Empresa ha informado de que la iniciativa responde a la convicción de que la transformación digital de la economía "es un fenómeno de cambio estructural que exige una implicación activa de los poderes públicos, garantizando que los cambios se producen de manera ordenada y coherente con los principios y valores que definen el interés general".

Según ha indicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, la creación del 'sandbox' busca "garantizar que las entidades financieras dispongan de instrumentos adecuados para la digitalización que den buenos resultados".

Así, se establece un entorno seguro en el que las entidades podrán probar innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero antes de su comercialización, bajo estricto seguimiento de los supervisores y con "máximas garantías para los participantes".

El 'sandbox' será coordinado por la Secretaría General del Tesoro en colaboración con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros.

Las pruebas se realizarán con clientes voluntarios y en un entorno cerrado y se admitirán proyectos innovadores con un cierto nivel de desarrollo que sean beneficiosos para los usuarios, mejoren la aplicación de las normas, aumenten la eficiencia de las entidades o los mercados o mejoren la actividad de supervisión.

Para que empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación u otros promotores interesados presenten sus proyectos en la Secretaría General del Tesoro, se establece un sistema de ventanilla única de oportunidad.

Los proyectos que se presenten deberán encontrarse suficientemente avanzados y demostrar que aportan valor añadido en aspectos como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la clientela, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

Una vez se realicen las pruebas, el supervisor o supervisores implicados elaborarán un informe que, de ser favorable, reducirá los plazos de autorización legales para operar a la mitad. En cualquier caso, tanto CNMV como Banco de España advirtieron recientemente de que la participación en el 'sandbox' no implica necesariamente obtener la autorización posterior para operar.

Según los cálculos de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi), la creación del 'sandbox' permitirá generar 5.000 empleos más en los próximos dos años y atraerá 1.000 millones adicionales de inversión.

OTRAS MEDIDAS

La propuesta normativa incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero para garantizar que los requisitos exigidos sean proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, con igualdad de trato a todas las entidades.

Además, establece un canal de comunicación directa entre empresas y autoridades financieras y un mecanismo de consulta sobre dudas en la aplicación de la legislación, con lo que impulsa la "comunicación ágil" con las autoridades y la seguridad jurídica.

De esta manera, será posible comunicar las actuaciones de las distintas autoridades en la materia y servirá como fuente de información para la actualización permanente de la legislación. También se prevé un informe anual sobre la aplicación de nuevas tecnologías a la propia función supervisora.

Por otro lado, se aumentan los mecanismos de cooperación internacional de España en la materia y se contempla la posibilidad de establecer convenios entre autoridades de distintas jurisdicciones para utilizar en común los mecanismos que la ley prevé.

"España se suma así a los países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero y da respuesta a las recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales", ha destacado el Ministerio.