TRÁFICO

Efectos del procedimiento penal en el ejercicio de la acción civil por los daños ocasionados en un accidente de tráfico. Práctica judicial

Tribuna 01-11-2014

I. La prescripción de la acción civil de reclamación de daños y la existencia de un previo procedimiento penal

El Código Civil -CC-, con carácter general, dispone en sus arts. 1902 y 1968 que, el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, prescribiendo dicha acción por el transcurso de un año. En concreto, en materia de tráfico, el art. 7 del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor -TRLRCSCVM-, dispone en su aptdo. 1, al referirse a las “obligaciones del asegurador” que: “…prescribe por el transcurso de un año la acción directa para exigir al asegurador la satisfacción al perjudicado del importe de los daños sufridos por éste en su persona…”.

El plazo prescriptivo es improrrogable y como destaca la doctrina una cosa es que el plazo de prescripción de un año establecido en nuestro ordenamiento jurídico para las obligaciones extracontractuales sea corto y su aplicación no sea rigurosa, y otra bien distinta, que la jurisprudencia pueda derogar, por vía de interpretación, el instituto jurídico de la prescripción.

Así, la Sentencia del TS de 16 de marzo de 2010 entiende prescrita la acción incidiendo en que sería contrario a la seguridad jurídica distinguir entre pequeñas y grandes demoras, declarando, textualmente, lo siguiente:

“La sentencia hace un análisis detallado de la prescripción y llega a la conclusión de no considerar prescrita la acción porque, aun habiéndose formulado la demanda una vez transcurrido el término de un año previsto en el art. 1968 del CC, este hecho no resulta "trascendente ni esencial los escasos y exigües días que transcurren entre dos tramos de la prescripción cursada -5 días y 7 días respectivamente- puesto que la parte demandante manifestó su voluntad de exigir a las demandadas las responsabilidades derivadas del evento dañoso". Lo cierto es que son hechos probados de la sentencia que en dos ocasiones tuvo lugar la misma por haber transcurrido el plazo de un año previsto para las obligaciones derivadas de culpa o negligencia de que se trata en el art. 1902 del CC, y una cosa es que el plazo de prescripción de un año establecido en nuestro ordenamiento jurídico para las obligaciones extracontractuales sea indudablemente corto y que su aplicación no deba ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva, y otra distinta que la jurisprudencia pueda derogar, por vía de interpretación, el instituto jurídico que nos ocupa, pues ello aparece prohibido por el ordenamiento jurídico. El plazo prescriptivo es improrrogable y lo propio sucede con los iniciados en virtud de interrupciones anteriores como es el caso, y sería contrario a la seguridad jurídica distinguir entre pequeñas y grandes demoras, algo que no tiene el mínimo apoyo legal ni jurisprudencial, por lo mismo que siempre se ha negado la posibilidad de interpretación extensiva de los supuestos de interrupción…”.

El corto periodo de ejercicio de la acción queda matizado por el art. 1969 CC, según el cual el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse, y el instituto de la prescripción extintiva de las acciones es suavizado por la posibilidad de su interrupción en el sentido contenido en el art. 1973 CC.

Pues bien, es habitual en la práctica que ante la muerte, lesiones y daños materiales causados en un accidente de tráfico, se inicien diligencias penales a fin de depurar la posible comisión de alguna infracción penal (delito o falta), y ante esta circunstancia surge la siguiente cuestión: ¿cómo afecta la existencia de un proceso penal previo al inicio del plazo de prescripción de la acción civil? ¿Interrumpe el plazo prescriptivo?

A este respecto, se puede decir que la doctrina del TS viene siendo uniforme a la hora de declarar como fundamentos básicos para resolver las cuestiones expuestas, los siguientes:

- Aunque es cierto que el instituto de la prescripción debe ser entendido de forma restrictivo al no estar basado en principios de estricta justicia sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del ejercicio del derecho, no es menos cierto que tampoco puede desconocerse la doctrina que niega la posibilidad de interpretación extensiva de los supuestos de interrupción.

- La determinación del "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción de las acciones es función que corresponde en principio a los tribunales de instancia, y que su apreciación es cuestión perteneciente al juicio fáctico, no revisable en casación. Sin embargo, como dice la Sentencia del TS de 16 de junio de 2010 (EDJ 2010/152956): “el hecho de que la apreciación del instituto de la prescripción presente, junto al tal aspecto fáctico, una dimensión eminentemente jurídica” permite a esta Sala revisar la decisión de instancia por razones de correcta aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables.

- En los procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, una vez concluido el correspondiente proceso penal previo, el plazo de prescripción de las acciones, cuando las partes están personadas en el procedimiento, empezará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse, lo que debe situarse temporalmente en el momento en que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, hayan adquirido firmeza.

Buenos ejemplos de esta doctrina lo constituyen, a modo de ejemplo, la STS nº 896/2011, de 12 de diciembre (EDJ 2011/340848), para la que la tramitación de un proceso penal por un accidente de circulación retrasa el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio hasta que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento o archivo, notificados correctamente, han adquirido firmeza, puesto que en ese instante se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación. Además -dice la sentencia citada- toda vez que no se presentó denuncia en plazo, por consecuencia, el procedimiento penal no se reabrió, la reanudación del plazo prescriptivo anual de la acción civil por culpa extracontractual ha de situarse, no en la fecha del accidente sino en la fecha en que adquirió firmeza, por el transcurso de plazo de tres días para recurrirla, la resolución decretando el archivo provisional del juicio de faltas.

Sobre esta materia el TS se ha pronunciando de forma terminante en su Sentencia de 3 de mayo de 2007 (EDJ 2007/28945) y en la Sentencia nº 386/2010, de 16 de junio (EDJ 2010/152956), según la cual:

“…según constante doctrina de esta Sala en los procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, una vez concluido el correspondiente proceso penal previo, el plazo de prescripción de las acciones, cuando las partes están personadas en el procedimiento, empezará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse, a tenor de lo establecido en el art. 1969 CC. Este precepto, puesto en relación con los arts. 111 y 114 de la LECrim y 24.1 CE, lleva a situar ese día en el momento en que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, han adquirido firmeza, puesto que en ese instante se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de la vía penal preferente, y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil, con arreglo al mencionado artículo 114 LECrim...”.

¿Cómo se tiene en cuenta la firmeza de la resolución? La ya meritada STS nº 386/2010, de 16 de junio (EDJ 2010/152956) declara a este respecto, siguiendo una nutrida doctrina jurisprudencial, que:

“…la firmeza se produce por ministerio de la Ley, una vez agotados los recursos legales o transcurrido el término sin interponerlos, con independencia, a estos efectos, de cuándo sea declarada materialmente la firmeza y cuándo sea notificada. Esta interpretación ha sido aceptada como constitucional por la STC de 19 de julio de 2004, pues la constatación formal de la firmeza «solo significa una mera declaración de haber precluido las posibles impugnaciones en el propio proceso, por recursos ordinarios o extraordinarios». El criterio jurisprudencial expuesto conlleva que, recaída sentencia absolutoria en el previo procedimiento penal, y oportunamente notificada a las partes personadas, con otorgamiento del plazo legalmente estipulado para recurrirla, el día inicial del plazo de prescripción queda determinado por el agotamiento de dicho plazo sin mediar impugnación, por ser entonces cuando la sentencia absolutoria deviene firme y no puede desconocerse la desaparición del obstáculo que para el ejercicio de la acción civil suponía la previa tramitación de un preferente proceso penal por los mismos hechos…”.

Así se llega a las siguientes conclusiones: el plazo para ejercitar la acción civil será el de un año contado desde la notificación de la sentencia penal absolutoria o auto de sobreseimiento que puso fin al proceso penal, o más propiamente desde que dicha resolución ganó firmeza por transcurso del plazo de que disponían las partes para recurrirla, abstracción hecha de que no hubiera recaído declaración formal de firmeza o de que la resolución que así lo consigne sea muy posterior al momento en que ese efecto se produjo.

Partiendo de lo anterior, surge la cuestión de si puede verse afectado el plazo por otras incidencias o peticiones que tengan lugar en el mismo procedimiento o por los intentos de reactivación de la causa. Pues bien, como hemos indicado la doctrina se ha mostrado constante y uniforme en fijar el dies a quo en la fecha de la notificación a la parte de la resolución firme, denegando efectos, v.gr., a la resolución posterior en que el Juzgado decida acordar el archivo del procedimiento pues no deja de ser una resolución de orden interno a los efectos del archivo material del expediente, sin trascendencia jurídica a los efectos de la finalización de la prejudicialidad, y sin que sea posible extender a este momento el comienzo del cómputo del plazo de la prescripción (STS de 3 de mayo de 2007, EDJ 2007/28945). Tampoco puede darse virtualidad interruptiva alguna a la petición de parte formulada al tribunal penal de entrega del informe pericial, sin que posteriores solicitudes de las partes en orden a expedición de testimonios o desgloses de actuaciones puedan tener efecto interruptivo al amparo de lo establecido en el art. 1973 CC (STS nº 386/2010, de 16 de junio, EDJ 2010/152956).

Entre la llamada jurisprudencia menor la solución expuesta ha sido igualmente unívoca; pudiendo destacarse la SAP Cádiz, sec. 2ª, nº 168/2009, de 22 de junio (EDJ 2009/179765), que, refiriéndose a un supuesto de intento de reapertura de la causa penal, declaró que:

“…cualquier intento posterior de reapertura de la causa penal ya archivada, que no dé lugar efectivamente a que ésta se ponga en marcha, no será obstáculo alguno para que la acción civil que pudiera haber sido ya ejercitada prosiga con normalidad su curso o para que quien esté legitimado para ello la interponga en tanto la causa penal no quede reaperturada. Es por ello que la razón que antes citábamos para impedir la coexistencia de una causa penal y otra civil sobre el mismo objeto no concurra cuando el hecho sea meramente el frustrado intento de obtener un pronunciamiento en sede penal que haga reactivar la causa penal…”.

La forma en que debe notificarse la resolución que pone fin al proceso penal también ha generado algunos problemas prácticos, planteándose si la notificación realizada al abogado de la parte es hábil a los presentes efectos. En este sentido se ha pronunciado la ya citada STS nº 386/2010, de 16 de junio (EDJ 2010/152956), para la que:

“El segundo argumento, que cuestiona la validez de la notificación efectuada al denunciante, hoy recurrente, por haberse hecho a través de su abogado, y carecer éste de la condición de legal representante procesal de aquel que le atribuye la Audiencia Provincial, plantea una cuestión que no puede ser examinada en este recurso de casación, pues lo relativo a la incorrección o irregularidad en que puede haberse incurrido por el Juzgado de Instrucción al notificar la sentencia absolutoria pertenece al ámbito procesal y resulta ajena a la infracción del artículo 1969 CC y para la aplicación de este resulta decisivo que la Audiencia Provincial alcanzó la convicción de que se notificó a quien se tiene por representante del denunciante, entendiendo que a través del abogado pudo el perjudicado conocer que la vía penal, hasta entonces óbice para ventilar la acción civil, había concluido”.

En definitiva, se puede concluir lo siguiente:

1º. Existiendo un proceso penal en depuración de los hechos, mientras el mismo esté pen­diente no cabe que se ejerciten acciones civiles en otro procedimiento.

2º. La incoación del proceso penal interrumpe la prescripción de cualquier acción civil que pue­da nacer del mismo supuesto fáctico.

3º. El plazo de prescripción de las acciones ejercitadas al amparo del art. 1902 CC empe­zará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse, o sea, desde que la sentencia pe­nal recaída o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, hayan adquirido firmeza, que se produce por ministerio de la Ley, una vez agotados los recursos legales o transcurrido el tér­mino sin interponerlos.

4º. Es con la firmeza de estas resoluciones cuando se conoce el punto final de la paralización operada por el proceso penal y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil.

Dicho esto, nos disponemos a tratar en los siguientes apartados dos cuestiones que en la práctica se muestran controvertidas con motivo de las lesiones ocasionadas en un accidente de tráfico, a saber las siguientes: ¿es necesaria la denuncia del perjudicado para que el proceso penal interrumpa la prescripción de la acción civil? Además, en los supuestos de varios lesionados, ¿es necesario que todos los lesionados ejerciten en tiempo la denuncia penal, y qué consecuencias pueden acontecer en el caso en que no obren de tal forma? Pasamos a analizar estas cuestiones desde la praxis judicial.

II. ¿Es necesaria la denuncia del perjudicado para que el proceso penal interrumpa la prescripción de la acción civil?

La cuestión se centra en determinar si la mera incoación de diligencias judiciales por la recepción del atestado o el parte de lesiones o sanidad interrumpe, per se, la acción civil de reclamación por las lesiones causadas en el accidente de tráfico o si, por el contrario, es necesario el ejercicio de la acción penal por el lesionado.

A) Es necesaria la interposición de denuncia. Buena parte de la jurisprudencia menor ha entendido que es imprescindible la denuncia del perjudicado. Así, para la Sentencia de AP Cuenca nº 118/2002, de 2 de mayo, rec. 112/2002 (EDJ 2002/136444), la mera incoación de diligencias previas no interrumpe la prescripción de las acciones civiles derivadas del accidente de circulación. En el caso concreto analizado por la resolución indicada, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción incoó diligencias previas como consecuencia de la recepción de un parte médico de lesiones a nombre del apelante causadas en un accidente de tráfico. El Juzgado en el mismo auto de incoación de diligencias previas acordó el archivo provisional de las actuaciones, advirtiéndose en el mismo “…que será definitivo si en el plazo de seis meses no se presenta denuncia del perjudicado”. Posteriormente, y al recibirse en el mismo Juzgado el correspondiente atestado instruido por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, se incoaron otras diligencias previas en cuyo mismo auto de incoación se resolvía acumularlas a las anteriores, llegando, incluso, la parte apelante a personarse en aquellas actuaciones.

Pues bien, en el posterior procedimiento civil desestimó la prescripción de la acción en atención a lo dispuesto en los arts. 1969 CC y 114 LECrim, máxime cuando en el supuesto de hecho existieron sendos procedimientos penales acumulados, archivado el primero con fecha 9 de junio de 2000 y acumulado el segundo, estándose a lo acordado inicialmente respecto al archivo, de 30 de junio del mismo año.

Contra dicho razonamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación interesando, primeramente, que se acordara la prescripción de la acción intentada. En la alzada, la AP Cuenca, en la resolución meritada, revoca la sentencia de instancia, declarando, textualmente, lo siguiente:

“…en el procedimiento que ahora se enjuicia, únicamente el lesionado leve como consecuencia del siniestro, pudo haber resuelto la iniciación del procedimiento penal correspondiente a medio de la presentación de la oportuna denuncia que, como es obvio, no llegó nunca a interponerse. De ese modo, las diligencias registradas por el Juzgado de Instrucción en absoluto pueden ser consideradas un procedimiento penal propiamente dicho, en ausencia de aquella condición objetiva de procedibilidad, de tal suerte que cualquiera de los perjudicados por el siniestro pudo y debió ejercitar las acciones de las que se considerasen titulares sin necesidad, lógicamente, de esperar al transcurso de los seis meses que, en su caso, determinaría la prescripción de la eventual falta…”.

Este mismo es el criterio seguido por buena parte de la jurisprudencia menor más clásica, pudiendo destacar en este sentido, pudiendo destacar la Sentencia de AP Ourense de 18 de abril de 1996 (EDJ 1996/53009), para la que no podía considerarse que tuvieran la condición de procedimiento penal las diligencias (entonces denominadas por el instructor «indeterminadas»), que se incoaron de oficio una vez recibido el correspondiente parte de lesiones “pues es claro que sin mediar la denuncia de dicha perjudicada, en tanto que requisito de procedibilidad, no podía iniciarse el procedimiento penal correspondiente en averiguación del delito o falta (…) por lo que las citadas diligencias indeterminadas resultaron procesalmente archivadas (…) sin derivar en procedimiento penal alguno que impidiese el ejercicio de la acción civil para el demandante. En consecuencia, la incoación de tal expediente no impedía el ejercicio de la acción deducida en la presente litis, ni condicionaba su prosperabilidad, es claro que el cómputo del plazo de prescripción habría de iniciarse desde el día del accidente en el que el perjudicado tuvo conocimiento del daño”.

En la misma línea expositiva se pronunció la SAP Granada, sec. 3ª, de 20 de marzo de 1999 (EDJ 1999/9435) cuando señala que aunque el Juzgado de Instrucción incoara diligencias como consecuencia del atestado recibido, nunca debió haber iniciado un «procedimiento penal» al no existir una denuncia previa por la víctima, como expresamente dispone el art. 621 CP, concluyendo que no puede hablarse aquí, propiamente, de un procedimiento penal, toda vez que la denuncia constituye en estos supuestos un requisito de procedibilidad, llegando, en consecuencia, a declarar la nulidad radical del auto de cuantía máxima dictado en aquel procedimiento.

También, la SAP A Coruña, sec. 4ª, de 23 de mayo de 2000 (EDJ 2000/54660) señaló que al no haber existido denuncia, conceptuada como requisito de procedibilidad no llegó a producirse la interrupción de la prescripción al no poder hablarse propiamente de un procedimiento penal “La resolución judicial dictada -explica esta sentencia-, no supuso la apertura de un proceso criminal (…) por lo que no se generó cuestión prejudicial penal a los efectos de interrumpir la prescripción” y, por último, cabe destacar la SAP Almería, sec. 1ª, de 19 de julio de 2000 (EDJ 2000/27249) que indicó que:

“Las diligencias incoadas a prevención por falta imprudente contra las personas, necesitada de denuncia previa conforme establece el art. 621.6.º del Código Penal, no interrumpe la prescripción si no llega a presentarse tal denuncia en el plazo debido, pues en tal caso no llega a cumplirse el necesario requisito de perseguibilidad marcado por el Código Penal, y por tanto, no puede entenderse que exista un procedimiento penal propiamente dicho al no existir acción penal alguna ejercitada, cuya viabilidad nace precisamente a través de esa denuncia que no se ha producido».

B) En ausencia de denuncia lo determinante es la actividad investigadora desarrollada por el Juzgado de Instrucción. Lo importante es la actividad Existen ciertos pronunciamientos de Audiencias Provinciales que, en ausencia de denuncia del perjudicado, ponen el acento en la relevancia de las diligencias penales tramitadas, o de si incluso se puede hablar de la incoación de un verdadero proceso penal que pueda interrumpir la prescripción de la acción civil. En este sentido, cabe destacar, entre otras, la SAP Almería sec. 3ª,  nº 70/2003, de 7 de marzo, rec. 210/2002  (EDJ 2003/273616), para la que:

“…en supuestos como el presente difícilmente puede sostenerse, como pretende el apelante, que se ha producido una actividad procesal con la finalidad apuntada. Al tratarse de un accidente de circulación, cuando el Juzgado recibió el atestado incoado por la Guardia Civil de Tráfico, se limitó a decretar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por no ser constitutivos de delito o falta los hechos a que aquéllos se contraen, procediendo de conformidad con el art. 789.5, regla 1ª de la LECrim.. Por consiguiente no se ha producido actividad jurisdiccional en orden al esclarecimiento de los hechos, que es lo que realmente determina la interrupción de la prescripción. Pero es que es más, en puridad de conceptos, ni tan siquiera ha existido proceso penal alguno, ya que en estos casos el mismo no puede incoarse de oficio, sino que se hace necesaria e indispensable la denuncia de algún perjudicado, erigiéndose la misma como auténtico presupuesto del proceso y como requisito de perseguibilidad. Una cosa es que la práctica rutinaria de las oficinas judiciales se haya decantado normalmente por abrir unas diligencias penales, que son archivadas provisionalmente de forma inmediata, cuando se recibe un atestado policial relativo a un accidente de circulación, y otra que dicha actuación, llevada a cabo por motivos de índole más práctica que jurídica, nos lleve a perder de vista la realidad de las consecuencias jurídicas que de esta forma de actuar resultan. Si no ha llegado a presentarse denuncia y, por tanto, no se ha iniciado realmente el proceso penal, mal puede sostenerse que el mismo tiene efectos interruptivos de la prescripción”.

En el mismo sentido se pronuncia la SAP Almería de 11 de junio de 2004 (EDJ 2004/87134), que concluye que:

“…las denominadas diligencias a prevención o incluso el atestado de la Guardia Civil, a las que no siga denuncia, están vacías de contenido y son incapaces de tener efecto interruptivo de la prescripción...”.

En este aspecto es muy destacable la SAP Toledo de 29 de octubre de 2002 (EDJ 2002/69713) que la Sala hace suya dice:

“…este tipo de diligencias (las denominadas “a prevención”) se abren en el Juzgado para recoger el atestado y los posibles partes de lesiones; y ello efectuado, quedan paralizadas hasta que se produzca la denuncia expresa del perjudicado, y de no hacerla su razón de existencia desaparece, y deben archivarse, lo que normalmente se hace a través del correspondiente auto, que no tiene por qué ser notificado a los que figuren en el atestado o en los partes de lesiones, en cuanto voluntariamente han renunciado a poner en marcha el proceso penal, por la apuntada inactividad; por lo que no sería sustantivamente asumible que se premiara su dejación procesal alargando el plazo prescriptivo del art. 1.968.2, o interrumpiéndole a través de la notificación del auto, que se trata de una diligencia que solamente debe ser llevada a cabo a los que directamente se han mostrado parte en el proceso penal, mediante Abogado y procurador, o al menos siendo parte perjudicada al manifestar que desean se les tenga por tal al ofrecerle el procedimiento penal. El lesionado en un accidente de tráfico que no ejercita su derecho de denuncia no pone en marcha el proceso, por lo que no es parte en alguno de ambos sentidos, y de ello se deriva que no existe obligación de notificarle resolución procesal alguna. Consecuencia de lo expuesto es que si, pese a ello, el Juez penal notifica el archivo de unas diligencias a prevención, tal acto procesal, vacío de contenido, carezca de eficacia a los efectos interruptivos de la prescripción, pues no ha existido proceso penal; y sostener lo contrario sería romper el principio de igualdad de partes en el proceso, haciendo de mejor condición al posible reclamante, al que se le concedería mayor plazo para ejercitar su pretensión resarcitoria. Por todo ello, en observancia del art. 1969 del CC, cuando no ha existido denuncia que abra el proceso penal, el tiempo de prescripción comenzará a correr desde el día en que la acción pudo ejercitarse, y tratándose de un supuesto de culpa extracontractual, debe ser desde la fecha del accidente…”.

También la Sentencia de AP Sta. Cruz de Tenerife  de 16 de enero de 2006 (EDJ 2006/19578) señaló la necesidad de una cierta relevancia penal de los hechos denunciados para que una actuación penal pueda determinar la interrupción de la prescripción de la acción civil; y la necesidad de esa relevancia es precisa también para evitar que una simple denuncia de un ilícito exclusivamente civil -que no da lugar a la iniciación propiamente dicha de un procedimiento penal sino a la declaración de que los hechos no son constitutivos de tal infracción--, actúe también como una especie de causa de interrupción de la prescripción no prevista legalmente.

Por su parte, la SAP Sta. Cruz de Tenerife, sec. 4ª, nº 402/2007, de 4 de diciembre (EDJ 2007/322669), según la cual:

“…el hecho de que como consecuencia de la remisión de un parte médico de lesiones, se incoara y archivara un procedimiento penal, sin ninguna diligencia de instrucción ni de averiguación, ni siquiera para conocer el domicilio de los implicados, precisamente por la falta del requisito de procedibilidad de la denuncia previa (que no se produjo), implica que solo formalmente y en apariencia se siguieran esas actuaciones penales, pero no en su materialidad, ni por tanto, cabe entender que se hubiera iniciado realmente un proceso penal que requeriría (como presupuesto para proceder) la denuncia del perjudicado. Naturalmente y si ello es así, ni cabe otorgar a esa actuación eficacia para interrumpir la prescripción, ni, por otro lado, era necesaria la notificación de la resolución adoptada para ejercitar la acción civil; y es que, en realidad, la resolución de incoación y archivo simultánea implica, más bien, la decisión de no incoar el procedimiento penal hasta tanto no se produjera la denuncia…”.

La SAP Madrid, sec. 9ª, nº 20/2005, de 28 de septiembre (EDJ 2005/185909), para la que:

“…en el caso de autos, difícilmente podemos hablar de la existencia de un proceso penal previo. Efectivamente, lo único que nos indica el documento acompañado por la parte actora junto con su escrito de demanda es que, recibido en el Juzgado de Instrucción un parte de lesiones ocasionadas con ocasión de un accidente de tráfico, el citado Juzgado de Instrucción reputa falta los hechos y al amparo de los establecido en el art. 621 CP acuerda el archivo de las actuaciones en espera de que en el plazo de seis meses desde la fecha del siniestro, el perjudicado pueda formular la denuncia correspondiente -presupuesto procesal de procedibilidad–, sin que se acordara ni practicara actuación material o procesal, ni siquiera de las denominadas «a prevención», ni se formulara por el perjudicado denuncia alguna; siendo además paradójico que en la fecha en la que se dictó el auto referido había transcurrido ya el plazo de seis meses legalmente establecido para la formulación de la denuncia penal…”.

C) La mera existencia de diligencias penales interrumpe el plazo. Cierto sector jurisprudencial aporta una solución que difiere de las expuestas. En este sentido, la Sentencia de AP Barcelona de 19 de abril de 2007 (EDJ 2007/106626), entiende que el dies a quo para la prescripción de la acción civil de responsabilidad por culpa extracontractual se produce desde que el perjudicado conoció el auto de archivo de las diligencias penales produciéndose la interrupción de la prescripción por la mera existencia de un proceso penal y no por el ejercicio por los perjudicados de esa acción penal. Esta resolución sigue la doctrina comúnmente admitida por la Sala 1ª del TS que pone de manifiesto que la interrupción de la prescripción se produce por la mera existencia de las actuaciones penales en relación con los mismos hechos que posteriormente son objeto de la acción civil, de modo que no puede dirigirse la acción civil contra nadie hasta la terminación del proceso penal, aunque en las referidas diligencias penales no se haya ejercitado acción penal por el perjudicado mediante la presentación de denuncia o querella, o mediante el ejercicio de la acusación particular contra persona determinada, produciéndose la interrupción de la prescripción de la acción civil aunque el inicio, el desarrollo, y la terminación de las actuaciones penales se produzca de oficio, y aun cuando en el curso de las mismas no llegue a producirse imputación formal contra una persona determinada, o no llegue a producirse el ejercicio de la acción penal, en sentido estricto, por el perjudicado o por persona distinta, y contra quien posteriormente resulta ser demandado en el proceso civil, o contra un tercero, ya que mientras las diligencias penales están abiertas impiden en todo caso el ejercicio de la acción civil por razón de prejudicialidad penal.

En consecuencia, para los defensores de esta tesis, la interrupción de la prescripción de la acción civil se produce por la mera existencia del proceso penal y no por el ejercicio por los perjudicados de la acción penal, quienes ni siquiera es necesario que se personen o que tengan conocimiento del proceso penal, prolongándose en el tiempo la interrupción de la prescripción de la acción civil hasta la terminación del proceso penal. Y es que, como indica la Sentencia de AP Teruel de 31 de octubre de 2007, “…no tienen virtualidad las alegaciones de que la mercantil recurrente no llegó ni siquiera a personarse ni formular denuncia en el expediente penal, por cuanto con arreglo al art. 114 de la LECrim no hubiera podido iniciar una reclamación civil al margen del expediente penal por el mismo hecho…”.

Pues bien, de las tres posiciones expuestas entendemos la última como la más adecuada para preservar los derechos de los perjudicados en un accidente de tráfico; la prescripción de la acción civil se interrumpe aunque el perjudicado no haya ejercitado acción penal mediante la presentación de denuncia o querella, o mediante el ejercicio de la acusación particular contra persona determinada, de donde se colige que el hecho de que los perjudicados estén personados en el proceso penal es irrelevante a los efectos interruptivos, puesto que el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil es aquel en el que los perjudicados tengan conocimiento del auto de archivo de las diligencias penales.

III. En el caso de existir varios lesionados, ¿es necesario que todos los lesionados ejerciten en tiempo la denuncia penal? ¿Cuál es la consecuencia que el actuar en uno u otro sentido puede causar?

Piénsese en el supuesto en el que siendo varios lesionados, ocupantes de un mismo vehículo, sólo uno de ellos denuncia al conductor del vehículo al considerarlo causante del siniestro, ¿el resto pueden comparecer en el juicio -llamados o no por el juzgado- reclamando el ejercicio de sus acciones civiles como perjudicados pero sin ejercitar expresamente ninguna acción penal?

Esta cuestión es muy controvertida; existe una corriente que entiende que la interrupción del plazo de prescripción del art. 131 CP por unos perjudicados no tendría, para las imprudencias del art. 621.3 CP, efectos interruptivos para el resto de los perjudicados. En este sentido, al haber desaparecido en el CP de 1995 la consideración de la imprudencia punible como infracción unitaria o "crimen culpae", pese a la pluralidad de resultados dañosos, aun cuando eventualmente pudiera establecerse entre todos ellos una relación de concurso ideal, la conclusión es que cada resultado lesivo integra una falta y que la Disp. Adicional 3ª CP se está refiriendo a los perjudicados cuyos daños materiales o lesionales no sean constitutivos de falta, al estar desprovistos de la posibilidad de accionar en vía penal. Incluso algunas sentencias exigen que en estos casos se respeten los plazos civiles de prescripción de la responsabilidad civil extracontractual.

Ahora bien, se puede afirmar, también, que la incoación del proceso penal interrumpe la prescripción de cualquier acción civil que pueda nacer del mismo supuesto fáctico, sin que tenga trascendencia quien haya comparecido en él; esto es: en los supuestos en que existan varios lesionados en un mismo accidente de tráfico, cuando alguno de ellos no se persona en las actuaciones penales, es obligación del Juzgado de Instrucción notificarles el sobreseimiento o archivo de la causa penal pues solo desde esa notificación puede comenzar el plazo de prescripción de su acción civil.

En este sentido, la SAP Madrid, sec. 13ª, nº 27/2007, de 23 de enero (EDJ 2007/50873), pone de manifiesto que “…sin que la circunstancia de que la demandante hoy apelada no fuera parte en dicho procedimiento penal suponga que el dies a quo para el inicio del plazo de cómputo de la misma sea distinto que para el resto de los que fueron parte, porque en el proceso penal, la acción, como la causa, es única, no múltiple. La Sala, según declara expresamente la resolución expuesta, comparte que la existencia de un proceso penal sobre un hecho impide el ejercicio independiente de la acción civil que pueda nacer del mismo o la reserva de su ulterior ejercicio, de modo que la incoación de aquel interrumpe la prescripción de cualquier acción civil que pueda nacer del mismo supuesto fáctico, sin que tenga la menor trascendencia al respecto quien haya comparecido en él, puesto que en cualquier caso ha de respetarse el preferente enjuiciamiento criminal cuyo resultado es el que permite pasar al planteamiento de la acción civil de responsabilidad extracontractual, quedando establecido, en cuanto al fondo del asunto, la causalidad del demandado en la producción del accidente.

Entendemos -a título particular- que la eficacia interruptiva de la denuncia de una de las víctimas aprovecha al resto de perjudicados personados, quienes pueden beneficiarse de la responsabilidad civil declarada aun cuando esté prescrita su acción penal. Por lo tanto, y a decir de un buen sector de la jurisprudencia menor todos los perjudicados por una misma conducta imprudente ex art. 621 CP podrán personarse en el procedimiento penal incoado por denuncia de cualquiera de ellos, sin necesidad de ejercitar la acción penal de forma expresa y a fin de impetrar el ejercicio de las acciones civiles de que están asistidos con el único requisito de comparecer en juicio, por sí o debidamente representados, para ejercitar tales acciones que, habida cuenta de lo dispuesto en los arts. 105 y 108 LECrim, no serán ejercidas por el Ministerio Fiscal (1).

En conclusión, se puede decir que si el procedimiento penal está abierto por denuncia temporánea de uno de los perjudicados por lesiones constitutivas de tratamiento médico, cabrá la posibilidad de incorporación de otros perjudicados por lesiones o daños materiales, sean las primeras constitutivas de tratamiento médico o no lo sean (2).

Cuestión distinta es que el primer denunciante, y así se declare en la sentencia, no requirió en realidad tratamiento alguno, de forma que se produzca la absolución del denunciado por este hecho, o que renuncie o se reserve las acciones, supuestos en los cuales la mera acción civil no tendría sentido y el resto de denuncias penales extemporáneas podrían ser consideradas prescritas.

IV. ¿Qué sucede cuando se dicta el denominado auto de cuantía máxima?

Dos son las vías procesales para la reclamación de los daños materiales y personales provocados como consecuencia de un siniestro ocasionado con motivo de la circulación, la acción ejecutiva basada en el auto dictado al amparo del art. 13 TRLRCSCVM, que supone la ejecución directa sobre los bienes del demandado y su realización hasta obtener la satisfacción de su crédito si no media oposición y la acción declarativa que inicia el proceso civil, bien ordinario, bien verbal, dependiendo de la cuantía que se reclame y que concluye con sentencia.

La primera de las vías se inicia con la resolución que se denomina auto de cuantía máxima que se encuentra regulado en el art. 13 citado, y que ha de ser dictado en los supuestos en los que incoado un procedimiento penal por un hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, y una vez agotada la vía penal mediante el dictado de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento definitivo o provisional o bien de rebeldía del acusado, sin que el perjudicado hubiese efectuado la reserva de acciones civiles para relegar su reclamación en un proceso civil posterior (3).

Pues bien, el auto de cuantía máxima es una resolución judicial que se caracteriza porque el Tribunal penal no se pronuncia valorando responsabilidades, sino que se limita a la fijación de la cantidad máxima susceptible de ser reclamada al amparo de la cobertura del seguro obligatorio derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

Como se ha expuesto, es presupuesto para el dictado y obtención del auto de cuantía máxima el que se haya incoado un proceso penal por hechos derivados de la circulación de vehículos de motor. Existen dudas de qué debe entenderse por “proceso penal previo” y si en dicho concepto debe encuadrarse la causa penal que se haya archivado por no comparecer nadie a sostener la acusación cuando la ley exija denuncia, como es el caso de la falta de homicidio o lesiones imprudentes tipificadas en el art. 621 CP. Mientras, cierto sector se inclina por pensar que de la literalidad del art. 13 TRLRCSCVM se desprende una respuesta afirmativa, ya que dicho precepto tan solo exige la existencia de un proceso penal, de lo que se infiere que bastará con que este se haya incoado con el correspondiente número de registro, aunque posteriormente se archive por no comparecer nadie a sostener la acusación, pues la extinción de la acción penal no conlleva la de la civil a no ser que se haya declarado la inexistencia del hecho del que la acción civil hubiere podido nacer, en cambio, otro sector requiere la existencia de una causa penal válidamente tramitada, no considerando como tal la iniciación de actuaciones judiciales por la recepción de un atestado, exigiéndose la interposición de la correspondiente denuncia.

Como pone de manifiesto la doctrina, este auto constituye un elemento extraño dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues choca con diversos principios procesales. Su naturaleza es difícilmente determinable, pues se trata de una resolución que es dictada por un Juez pero que carece de efecto vinculante alguno: ni establece definitivamente los hechos, ni los responsables, ni la cuantía de la indemnización; todo ello podrá ser modificado en un proceso posterior, e incluso puede el beneficiario del auto prescindir de él y reclamar una cantidad superior en un procedimiento declarativo. Así, es resolución judicial pero no jurisdiccional; pero en muchos aspectos no se le aplican las normas sobre títulos judiciales, sino las relativas a títulos extrajudiciales, por lo que también ha sido calificado como de «naturaleza híbrida» o se ha dicho que las normas sobre su ejecución constituyen un «cuerpo extraño».

Una de las novedades más relevantes de la Ley 21/2007, de 11 de julio, consiste en que se erige la oferta o respuesta motivada como el criterio fundamental a la hora de la determinación del contenido del auto de cuantía máxima dejando en un plano secundario al dictamen del médico forense que, hasta ahora, tenía un papel protagonista. Esta novedad -destaca la doctrina- supone un cambio de mentalidad o forma habitual de trabajar: hasta ahora, si en el proceso penal no constaba el parte de sanidad emitido por el médico forense, por el juzgador se estimaba que no existían elementos probatorios suficientes para señalar la cuantía de la indemnización y se retrasaba la emisión hasta que se emitía dicho parte por el médico forense.

La cantidad fijada por el juzgador en el auto de cuantía máxima, no puede exceder del importe máximo fijado para el seguro obligatorio en cada momento (4). Otros conceptos a incluir en el auto de cuantía máxima, como dispone el número 6 del apartado 1º del anexo TRLRCSCVM, son los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada, y en las indemnizaciones por fallecimiento se satisfarán los gastos de entierro y funeral según los usos y costumbres del lugar donde se preste el servicio, en la cuantía que se justifique.

De lo expuesto, entendemos que se puede deducir lo siguiente:

1º. Una novedad que se introduce en la regulación de este título ejecutivo que el legislador hace en el art. 13 TRLRCSCVM, proclama ahora de manera expresa la cuantificación de habrá de efectuarse por el juez de Instrucción con arreglo al sistema de valoración del Anexo de esta Ley. Pero obliga también a que el auto se dicte a la vista del contenido de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros. De no constar tal documento en las actuaciones, y en todo caso, antes de dictarse el auto, el Juez convocará a los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, a una comparecencia en el plazo de cinco días, a fin de que pueda adoptarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren convenientes.

2º. Que la cantidad que el juzgado debe fijar en el auto tiene como límite superior el máximo que puede ser reclamado al amparo de la cobertura del seguro obligatorio, y ello teniendo en cuenta el máximo reclamable conforme al baremo y teniendo en cuenta lo actuado hasta ese momento y muy especialmente la respuesta motivada de la aseguradora o del Consorcio de Compensación de Seguros, en el caso de haberlo, así como del informe médico forense.

3º. El título ejecutivo estará viciado de nulidad cuando en su emisión o en su contenido no se hayan respetado los requisitos legales de los artículos que regulan su elaboración, además de ser oponible de contrario.

4º. Fijada la cantidad máxima en el auto, la parte perjudicada podrá instar la ejecución incluso reduciéndola; entendemos que no hay problema en ello, puesto que puede considerarse manifestación de la capacidad de disposición de la parte ejecutante.

5º. En base a dicha capacidad de disposición, no podría postularse mayor cantidad de la interesada por la parte perjudicada en la posterior ejecución.

Pues bien, dictado el auto de cuantía máxima, al perjudicado se le abren dos posibilidades: seguir el juicio ejecutivo del automóvil, es decir instar ante el Juzgado civil correspondiente la demanda ejecutiva por el importe expresado en el auto de cuantía máxima, o bien instar el procedimiento declarativo ordinario por el importe que estime más ajustado a sus pretensiones. Ahora bien, ¿cuál es el plazo de prescripción de la acción de reclamación de indemnización por accidente de circulación cuando se ha seguido el juicio ejecutivo del automóvil?; es decir, ¿puede entenderse prescrita la acción civil que se inste en el procedimiento declarativo posterior si previamente se ha tramitado el juicio ejecutivo del automóvil conforme al auto de cuantía máxima dictado por el Juzgado de Instrucción?

Esta cuestión ha llegado al TS, cuya Sala 1ª ha dictado su sentencia nº 91/2012, de 22 de febrero (EDJ 2012/19019) estimando el recurso de casación interpuesto contra la SAP Sevilla, sec. 8ª, nº 549/2008, de 15 de diciembre (EDJ 2008/358549). La Sala acoge el recurso de casación puesto que, sucintamente, declara que cuando sobre un accidente de circulación se han seguido diligencias penales concluidas mediante sentencia absolutoria, una vez dictado el auto ejecutivo de cuantía máxima por el órgano judicial penal, el perjudicado puede ejercitar la acción ejecutiva, para ser reparado de los daños, o la ordinaria pidiendo mayor cantidad, o compatibilizar ambas, hasta el punto de que si inicialmente sólo dedujo la acción ejecutiva, el inicio para el cómputo de la prescripción de la ordinaria hay que referirlo a la fecha de firmeza de la sentencia del procedimiento ejecutivo. Textualmente, esta interesante resolución declara que:

“…lo que se plantea en el recurso es la negativa de la sala de instancia a resolver sobre la cuestión planteada en la demanda, al haber prescrito la acción que se formuló en ella. No se cuestiona la posibilidad de formular el juicio ordinario posterior al ejecutivo respecto de hechos distintos de los admitidos por el art. 564 de la LEC, como el que aquí se plantea respecto de una indemnización que no pudo enjuiciarse al haber surgido con posterioridad a haberse dictado el auto ejecutivo, a diferencia de la concurrencia de culpas, que si lo fue como una de las causas de oposición, la propia sentencia recurrida lo reconoce, cuando sitúa este hecho nuevo en un momento posterior, que toma como referencia para fijar el dies a quo, como es el 23 de marzo de 2004, en que se declara al actor en situación de incapacidad permanente en grado total para la ocupación o actividad habitual, sin entrar a valorar si la indemnización solicitada en la demanda era o no procedente en la medida en que pudiera estar relacionada con las propias lesiones finalmente determinantes de la invalidez reconocida en el orden social, y es evidente que, cuando sobre un accidente de circulación se han seguido diligencias penales concluidas mediante sentencia absolutoria, una vez dictado el llamado auto ejecutivo de cuantía máxima por el órgano judicial penal, el perjudicado puede ejercitar, "bien la acción ejecutiva si con ella pretende obtener la reparación que entiende le es debida, bien la ordinaria reclamando mayor cantidad, o compatibilizar ambas, y ello hasta el punto de que si inicialmente sólo dedujo la acción ejecutiva, la raíz del inicio para el cómputo de la prescripción de la ordinaria, que también le asiste hay que referirla a la fecha en que la sentencia que haya recaído en aquel procedimiento especial hubiera adquirido firmeza". La acción no ha prescrito si se tiene en cuenta el curso procesal que se inicia una vez notificado el auto dictado en el juicio ejecutivo previo -19 de septiembre de 2006- hasta que la demanda se formula -14 de septiembre de 2007-…”.

* * *

NOTAS:

(1) SAP Cádiz, sec. 1ª, nº 240/2006, de 20 de noviembre (EDJ 2006/453723).

(2) Como acertado resumen de lo expuesto en este apartado, destacamos la conclusión a la que llega Vicente Magro Servet (en “Determinación del cómputo del plazo para declarar la prescripción en la responsabilidad civil por lesionados en accidentes de tráfico. Foro Abierto”. Boletín de Derecho de la Circulación El Derecho, de julio de 2009; EDO 2009/119909), afirmándose lo siguiente:

“Se contempla la posibilidad de que otro perjudicado en el mismo siniestro y que no hubiere formulado denuncia penal dentro de los seis preceptivos meses tras el accidente, pueda adherirse a la denuncia formulada por el otro lesionado, si bien dicha condición procesal de adherido, tendrá las limitaciones correspondientes, es decir, en el caso del denunciante que interpuso la denuncia, renunciase al ejercicio de la acción penal, ya sea en el transcurso del juicio de faltas o bien con anterioridad, el derecho del adherido decae, quedando sin efecto ni valor alguno, pues se ha adherido a una denuncia que por parte del interesado se ha retirado al renunciar a la acción penal. Ahora bien, sí puede adherirse a la civil acumulada si está en marcha, personándose como mero actor civil en el proceso penal ajeno”.

(3) Mª José Rivas Velasco y Vicente Jesús Tovar Sabio, en “Problemas prácticos derivados de la ejecución del auto dictado al amparo del art. 13 LRCSVM”. Revista de responsabilidad civil y seguro. Págs. 37 a 43.

(4) Art. 12 RD 7/2001, de 12 de enero, y art. 4.2 TRLRCSCVM.

Este artículo ha sido publicado en la "Revista Derecho de la Circulación", el 1 de noviembre de 2014.

Efectos del procedimiento penal en el ejercicio de la acción civil por los daños ocasionados en un accidente de tráfico. Práctica judicial
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