El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar el Real Decreto 63/2026, de 4 de febrero, que aprueba el pago de la asistencia jurídica gratuita en 2026 y los meses pendientes de 2025, incluyendo la intervención letrada en los Medios Adecuados de Solución de Controversias.
El RD establece que se financiará “la asistencia gratuita de profesional de la abogacía en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias permitidos por la ley que tenga por objeto dar cumplimiento al requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuando en el eventual proceso judicial la intervención de este profesional sea legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria actúe con él”.
Además, el Real Decreto incluye en la asistencia jurídica gratuita, como también había reclamado la Abogacía, “cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental”, en los términos establecidos en la letra h) del artículo 2 de dicha ley, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella”.
Reunión de Salvador González y Félix Bolaños
En una reunión mantenida este lunes con el ministro del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, había reclamado, entre otras cosas, que se pagara la actividad mediadora previa al proceso judicial.
En la reunión con el presidente de la Abogacía, Bolaños se comprometió a aprobar la tramitación urgente de la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita con la actualización de ciertos baremos, como los procedimientos de especial complejidad (Macrocausas) y del procedimiento penal general en todo el territorio común. Y también la retribución de la intervención de los letrados en los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que se compensará con un 125% de la cuantía establecida para ese procedimiento, con el objetivo de incentivar los acuerdos entre las partes.
En opinión del presidente González ha señalado estas mejoras “son un avance”, pero destaca “se seguirá trabajando para que aprueben las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la abogacía española”. Entre las prioridades se encuentra el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, lograr más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, que desaparezcan las brechas territoriales y que haya garantía de abono por todas las actuaciones prestadas, entre otras cuestiones”, ha destacado.
