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La elusión fiscal supone en la UE, según datos de la CE, pérdidas anuales de ingresos públicos de un mínimo de 35.000 millones de euros

El CESE europeo aprueba un dictamen contra el fraude y la elusión fiscal

Noticia

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado un dictamen contra el fraude y la elusión fiscal y en defensa de la convergencia entre los sistemas fiscales de los países de la UE, según ha informado CCOO.

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Javier Doz, miembro del CESE por CCOO y coponente del Dictamen, ha señalado que "la armonización fiscal es necesaria para parar la sangría de los ingresos públicos de los países de la UE que no promueven la elusión fiscal".

El dictamen emite la opinión del CESE sobre un plan de acción para una fiscalidad "equitativa y sencilla" que apoye la estrategia de recuperación, una comunicación sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y a nivel internacional, y una propuesta de directiva que modifica, por séptima vez, la directiva de cooperación administrativa en el ámbito fiscal.

El CESE apoya, en términos generales, la iniciativa de la Comisión que sigue a otro paquete de nuevas medidas para hacer más eficaz la lucha contra el blanqueo de capitales.

En su opinión, todos los esfuerzos que está realizando la Comisión Europea para combatir los delitos fiscales y la elusión fiscal serían mucho más eficaces si hubiera una convergencia sólida de normas y procedimientos de actuación en materia fiscal entre los Estados miembros, y una cooperación más estrecha y más leal entre sus gobiernos y sus administraciones tributarias.

Aunque se ha reducido en los últimos años, la elusión fiscal supone en la UE, según datos de la Comisión Europea, pérdidas anuales de ingresos públicos de un mínimo de 35.000 millones de euros. "Los Estados que la promueven están perfectamente identificados. Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Malta, Chipre y Bélgica. Esta es una situación inadmisible: debe terminar cuanto antes", ha apuntado Doz.

En materia de fraude fiscal, sólo el fraude del IVA alcanza un volumen de 140.000 millones de euros, de los cuales 50.000 millones provienen de modalidades de fraude transfronterizas.

El CESE pone especial énfasis en su dictamen en la necesidad de combatir el fraude y la elusión facilitados por la economía digital. En particular considera que es imprescindible una regulación fiscal y laboral, europea e internacional de las plataformas digitales.