De acuerdo con la exposición de motivos, el texto reconoce "la necesidad del sector de mejorar el valor de la cadena alimentaria para garantizar precios justos en los productos y poder vivir dignamente de la agricultura". Por ello, la proposición de ley "reclama una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y, a su vez, una aplicación firme de la norma, de manera que se obligue a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción" y ven fundamental que "la cumpla también la gran distribución, es decir, el final de la cadena".
De esta manera, la iniciativa propone modificar la citada ley con el objetivo de "dotar a las cooperativas u otras entidades asociativas de mayor poder negociador, e incluir los costes reales de producción", "simplificar administrativamente el registro de contratos alimentarios" e incorporar la "prohibición de la reventa a pérdidas en la cadena alimentaria", entre otros asuntos.
La iniciativa también propone, por medio de disposiciones adicionales, limitar las prácticas abusivas por posición dominante en la cadena alimentaria y establecer el mecanismo estándar de cálculo de costes de producción que sirva de referencia para la formalización de contratos.
