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Además, se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 342 votos favorables y 4 abstenciones

El Congreso convalida un real decreto-ley para la transposición de directivas europeas sobre medidas tributarias, prevención del blanqueo de capitales y daños medioambientales, entre otras

Noticia

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la UE en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.

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El texto traspone una decena de directivas europeas en materias como la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el IVA, los derechos de los trabajadores transnacionales o los derechos de consumidores de servicios digitales, entre otras.

Prevención del blanqueo de capitales y refuerzo de la competencia

Una de las principales medidas que se incluyen en esta norma es el refuerzo del sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello se crea un sistema registral único en el que se incluirá la información ya existente de los titulares reales en el Registro Mercantil y en las bases de datos notariales, e incorporará la obligatoriedad del registro de los 'trust' y entidades de naturaleza similar que operen en nuestro país y de sus titulares reales.

Otras de las novedades del texto es la inclusión de nuevos sujetos obligados que deberán cumplir con las medidas mencionadas anteriormente. Entre ellos se encuentran los proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves, que deberán estar registrados y serán supervisados por las autoridades.

Por otro lado, este Real Decreto-ley establece nuevos instrumentos para impulsar la asistencia entre la autoridad española de competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con las autoridades de otros Estados miembros y la Comisión Europea con el objetivo de evitar una posible duplicidad de las actuaciones.

Asimismo, se amplían y concretan los deberes de información y colaboración y las capacidades de inspección de las autoridades de competencia, regulando de forma expresa la facultad de realizar entrevistas a los representantes y personal de las empresas investigadas. En la norma también se establece un incremento de determinadas sanciones, la posibilidad de la CNMC de rechazar denuncias con base en criterios de priorización y mayores incentivos para la utilización del programa de clemencia.

Derechos de trabajadores transnacionales y de consumidores de servicios digitales

En relación al desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales, el texto contempla la transposición de una directiva europea por la cual se determina la aplicación de la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida a los desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga). Además, se garantiza la aplicación del principio de igualdad de remuneración y de trato entre los trabajadores desplazados cedidos por empresas de trabajo temporal (ETT) y los trabajadores de la empresa usuaria del Estado de acogida.

Este Real Decreto-ley también incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 del IVA a tipo cero para las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de material de protección sanitaria (mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros, respiradores, y diversos elementos de protección individual) que realizan las Administraciones Públicas, los centros sanitarios públicos o privados o las entidades sociales ante la COVID-19.

En paralelo, amplía los plazos mínimos de duración de las licencias de las bandas de frecuencias, que recogen los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico con condiciones armonizadas, de forma que puedan alcanzar un máximo de 40 años, el doble del periodo máximo actual.

Por último, esta norma transpone dos directivas europeas con el objetivo de armonizar determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos o servicios digitales, en aras de lograr un mercado único digital, reforzar la seguridad jurídica y reducir los costes de las transacciones, en particular, para las pequeñas y medianas empresas.