
El Real Decreto-ley, que había entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 24 de diciembre, deja por tanto de aplicarse, ya que el Congreso de los Diputados debe aprobar en un plazo de 30 días la convalidación de las disposiciones legales adoptadas por el Gobierno para que éstas mantengan su vigencia, tal y como establece el artículo 86 de la Constitución.
El texto aprobado en Consejo de Ministros ampliaba la amplía la vigencia de parte de las disposiciones aprobadas desde principios de 2022 para afrontar las consecuencias en España de la guerra en Ucrania, desarrolladas en ocho paquetes de medidas tanto normativas como no normativas, que se han ido adaptando a la evolución de la situación económica y social.
Estas medidas, en el ámbito económico, tributario, de transporte o de Seguridad Social, se adoptan “ante la persistencia de conflictos internacionales como la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio, que tienen potenciales efectos globales”, y se centran fundamentalmente, tal y como expone el Gobierno, en los colectivos vulnerables y en los jóvenes.

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