La iniciativa está promovida por una comisión en la que están integradas CC.OO. y UGT, así como organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España).
Su objetivo es proponer al Congreso la creación de una ley de dación en pago, de paralización de los desahucios y de apoyo al alquiler social, que regule la dación en pago como "fórmula preferente para extinguir la deuda hipotecaria en el caso de la vivienda habitual, paralizar los desahucios y convertir la vivienda adjudicada en alquiler social a favor de sus ocupantes y antiguos propietarios".
Según establece la legislación, los promotores de iniciativas legislativas populares disponen de seis meses para presentar a la Cámara baja al menos medio millón de firmas que avalen la propuesta, que no puede referirse a materias propias de ley orgánica, tributaria o de carácter internacional.
