Se cumplen cuatro décadas de la aprobación de la Ley Orgánica que regula y desarrolla la figura del Defensor del Pueblo y la institución destaca que, desde que empezaron a llegar las quejas de los ciudadanos, han sido "pioneros en abrir debates" y "muchas" de sus recomendaciones han provocado cambios legislativos y mejoras en la aplicación de los derechos fundamentales.
Francisco Fernándeza Marugán ejerce como Defensor del Pueblo en funciones desde 2017 a la espera de que se alcance un acuerdo para nombrar al sucesor de Soledad Becerril, que dejó el cargo en 2017 tras cumplir su mandato de cinco años.
A finales de 2009, el Defensor del Pueblo asumió la tarea de ser Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles o degradantes (MNP) y desde entonces ha realizado más de 1.000 visitas a lugares de privación de libertad.
Además, el Defensor español ha inspirado las reformas de otras instituciones similares como el Defensor francés o el marroquí y ha ayudado en la creación y consolidación de otros, como los de Turquía, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Armenia y Kazajstán. Asimismo, colabora activamente con Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Red Europea de Defensores del Pueblo, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Asociación de Ombudsman del Mediterráneo (AOM).
En estos 40 años, la institución ha publicado 60 informes monográficos de diversas temáticas a los que hay que añadir los informes anuales y aquellos otros que realiza en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El primer monográfico vio la luz en el año 1987 y en él se analizó la situación penitenciaria en España. El último estudio sobre esta materia se publicó en 2019 y estuvo centrado en la realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión.
La Institución también ha realizado varios monográficos sobre las residencias para personas mayores. A estos centros se dedicó el segundo monográfico del Defensor y también uno de los últimos. Además, la situación de las residencias motivó numerosas actuaciones desde el inicio de la pandemia por Covid-19.
A finales de 2020 el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, presentó un informe monográfico sobre el trabajo de la institución durante la pandemia donde se recogían estas actuaciones.
Los centros de protección de menores y los destinados a menores infractores también han sido analizados en los informes de la institución. Además, en 2009 el Defensor hizo público un informe sobre menores con trastorno de conducta y en situación de dificultad social que supuso, según destaca, "un antes y un después" en este tipo de centros originando numerosos cambios en su estructura y funcionamiento.
En materia migratoria, la primera publicación del Defensor se centró en la asistencia jurídica de los extranjeros. Las conclusiones de este informe fueron recogidas en la ley de asistencia jurídica gratuita. También ha realizado informes sobre la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, la situación del asilo y la protección internacional, la contribución de la inmigración a la economía española o el más reciente estudio sobre la migración en Canarias.
En 1998, su primer informe sobre violencia machista
Además, en 1998 publicó el primer informe sobre violencia machista dando la voz de alarma y denunciando esta violencia, y también dedicó un monográfico sobre la trata de seres humanos.
La situación jurídica y asistencial de los enfermos mentales también ha sido objeto de análisis por parte del Defensor. Además, en materia sanitaria se han realizado informes sobre las listas de espera, la situación de las urgencias hospitalarias, el daño cerebral sobrevenido, los problemas de las personas celiacas o la atención específica al daño cerebral adquirido infantil.
En el ámbito económico se han publicado documentos sobre deudores hipotecarios, participaciones preferentes, crisis económica e insolvencia personal, licencias urbanísticas, la realidad catastral, la situación de las telecomunicaciones o la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica. El más reciente, sobre crisis económica y desigualdad, analizó las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales.
En materia de discapacidad ha realizado numerosos estudios analizando desde la atención residencial a personas con discapacidad a la fiscalidad que les afecta; y en el ámbito educativo ha realizado informes sobre la violencia escolar, la situación del alumnado migrante o la gratuidad de los libros de texto.
La vivienda también ha sido objeto de estudio del Defensor con varias publicaciones sobre esta temática, la última de ellas, sobre vivienda protegida y alquiler social.
También ha analizado cuestiones ambientales como la gestión de residuos urbanos, la contaminación acústica, la contaminación atmosférica, o el agua y la ordenación del territorio.
En materia de justicia, ha analizado los retrasos en la administración de justicia, la escucha del menor en procesos de familia y en procedimientos penales o los derechos de las víctimas del terrorismo. También ha realizado estudios sobre los partes de lesiones y una guía de buenas prácticas en materia de contenciones mecánicas.
A lo largo de los años también ha elaborado informes sobre la situación demográfica en España, los presos españoles en el extranjero, la seguridad de las zonas de juego infantil o la situación de los funcionarios y del empleo público.
El cargo de Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales, por las tres quintas partes de los miembros del Congreso, y ratificado a continuación por la misma mayoría en el Senado. El mandato tiene una duración de cinco años, tras los cuales entra en funciones de defensor el adjunto primero, hasta que es elegido el nuevo titular.
Desde el año 1982 han ocupado el puesto seis defensores. El primero en desempeñar el cargo fue Joaquín Ruiz-Giménez, cuyo nombramiento fue publicado el 30 de diciembre de 1982. El segundo mandato comenzó en 1988 y su titular fue Álvaro Gil-Robles. Tras finalizar el segundo mandato, Margarita Retuerto asumió el cargo de Defensora del Pueblo en funciones hasta que el 1 de diciembre de 1994 fue publicado el nombramiento de Fernando Álvarez de Miranda como nuevo Defensor, quien finalizó su mandato el 1 de diciembre de 1999, ocupando entonces el cargo en funciones el adjunto primero, Antonio Rovira.
El cuarto mandato comenzó en junio del año 2000, cuando se publicó el nombramiento de Enrique Múgica como Defensor del Pueblo, siendo reelegido para un quinto mandato, que finalizó en julio de 2010. A partir de entonces desempeñó el cargo en funciones Cava de Llano, hasta que dos años después fue nombrada Soledad Becerril, convirtiéndose así en la primera Defensora del Pueblo. Tras vencer en julio de 2017 el mandato de Becerril, fue Francisco Fernández Marugán quien ocupó el cargo de Defensor del Pueblo en funciones.
