El Cártel del Coche fue un grupo empresarial, formado por aproximadamente 25 fabricantes de automóviles que operó en España entre febrero de 2006 y julio de 2013.
Estando en activo, sus participantes compartieron información comercial secreta acerca de la fijación de precios, derivando, así, en un precio muy elevado de los vehículos para los compradores. Este fraude fue sancionado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y abre la puerta a la reclamación legal del sobrecoste abonado.
Por ejemplo, solo en las provincias de Almería y Granada se calcula que podría haber unos 250.000 vehículos afectados por este cártel, si tenemos en cuenta las matriculaciones medias mensuales de cada provincia durante el periodo de 2006 a 2013.
Marcas de coches implicadas
El importe de esta reclamación “dependerá, en gran medida, del caso concreto de cada comprador”, avanza Francisco J.G. Garro, fundador y abogado de Martín Ortega & Garro Abogados. No obstante, el experto estima que “la mayoría de las reclamaciones se hallan entre el 10 y el 20% del valor de adquisición del vehículo”.
Por ejemplo, si el vehículo le costó 20.000 euros al comprador, podría reclamar un sobrecoste entre 2.000 y 4.000 euros aproximadamente. Las marcas de fabricantes en cuestión son: CITROEN, SEAT, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, BMW, RENAULT, HONDA, OPEL, HYUNDAI, KIA, FIAT, AUDI, VOLVO, TOYOTA, NISSAN, MERCEDES BENZ, SKODA, CHEVROLET, ALFA ROMEO, LEXUS, PORSCHE, SAAB, FORD, DODGE, LANCIA, JEEP, MITSHUBISHI Y CHRYSLER.
Documentación necesaria
Para poder iniciar el proceso de reclamación, el afectado deberá aportar la documentación que determine la fecha de adquisición del vehículo; matricula, modelo, marca, etc.
Además, en todo caso, sería imprescindible tanto la factura de compra del vehículo, como cualquier tipo de documentación que acredite la compra, como renting, leasing o bien financiera.
Para poner remedio a la desinformación existente en torno a este caso, Martín Ortega & Garro, Allura y Peimondt animan a aquellos consumidores que adquirieron un vehículo durante ese periodo de alguna de las marcas antes mencionadas, “que no se conformen y acudan a los tribunales a solicitar lo que es suyo”.
Precisamente, Manel Espinosa González, abogado de Allura, fue el abogado que propició que las reclamaciones se pudieran realizar en el lugar de residencia del afectado, gracias a una cuestión prejudicial europea para determinar la legitimación pasiva ante una demanda de reclamación sobre un perjudicado por el cártel del camión.
“Desde nuestro despacho queremos realizar una atención personalizada y presencial para así dar un servicio real y de confianza”, afirma Garro, en relación con establecer el foco de actividad de Martín Ortega & Garro en Almería y Granada.
“Queremos que el cliente se sienta seguro a la hora de contratar nuestros servicios, además de saber que contamos con nuestra propia experiencia más la de los despachos con los que colaboramos, siendo ellos los pioneros en este tipo de reclamaciones”, concluye.
