Bardón ha explicado que esta medida se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y constituye uno de los puntos referentes a fiscalidad medioambiental y la apuesta del Ejecutivo por la transición ecológica.
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan, la modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero tiene el objetivo de garantizar un efectivo control de dichos gases según una regulación armonizada europea.
La secretaria de Estado ha reafirmado así la intención del Gobierno de adaptar el sistema impositivo al siglo XXI, para lo que ha insistido que es necesaria una reforma para hacerlo equitativo, progresivo y justo.
Bardón ha recordado que un comité de expertos está analizando el sistema fiscal español y deberán presentar sus conclusiones en febrero de 2022, sobre cuestiones relacionadas con fiscalidad ambiental, societaria, tributación digitalizada, actividades emergentes y la armonización de la tributación patrimonial.
El objetivo del Gobierno, según Bardón, es analizar esas conclusiones a partir de febrero de 2022 para su entrada en vigor, como muy tarde en 2023. Y todo ello, siguiendo una senda de consolidación fiscal, al tiempo que apuntale el crecimiento económico.
Etapa de recuperación
Sobre esta cuestión, la secretaria ha afirmado que España atraviesa actualmente una etapa de recuperación, saliendo así de una situación delicada causada por la pandemia. Para ello, tendrá un papel trascendental el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incorpora la llegada de los fondos europeos 'Next Generation EU', con transferencias netas "sin precedentes" para la economía, que tendrán un impacto para el crecimiento y empleo a corto y medio plazo.
Así, el Gobierno ha diseñado una agenda de reformas e inversiones, con el foco puesto en promover la cohesión económica, social y territorial, al tiempo que presenta una "respuesta equilibrada" a los pilares europeos, según ha explicado Bardón.
En concreto, y referido al Departamento del que forma parte, Bardón ha detallado que los componentes 27, 28 y 29 del Plan corresponden al Ministerio de Hacienda y Función Pública y van encaminados a impulsar un conjunto de medidas que pretenden prevenir y luchar contra el fraude fiscal y reforzar la capacidad de recaudación.
6.591 investigaciones para detectar actividades no declaradas
Se contempla así la ya aprobada ley de medidas contra el fraude fiscal o la modernización de la Agencia Tributaria ante las nuevas necesidades de un entorno cambiante, marcado por la digitalización y el rejuvenecimiento de la plantilla. La secretaria de Estado ha señalado así que a final de 2021 habrá al menos 26.320 trabajadores en la institución y se habrán realizado 6.591 investigaciones para detectar actividades no declaradas.
Además, ha puesto en valor el papel de España a nivel internacional, señalando que forma parte del intercambio de información 'país por país' sobre multinacionales y que será uno de los países que incluirá en los Presupuestos del próximo año la tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se debate en el seno de la OCDE.
La secretaria también ha hecho mención al componente 29 de la mejora de la eficacia del gasto público, para lo que tendrán un papel relevante la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Así, el Gobierno tendrá que dar explicaciones en caso de no seguir las recomendaciones de la institución y se tendrá que elaborar un informe anual de seguimiento y remitirlo al Consejo de Ministros cada año.
