Asimismo, la Conferencia acordó transferir 700.000 euros a las comunidades y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y atención a menores.
Los dos millones de euros para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos se han distribuido de la siguiente manera: 500.000 euros para asegurar una cuantía mínima que permita la realización de acciones; un mínimo de 775.000 euros para las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla; 200.000 euros en función de la distribución de las mujeres extranjeras residentes en España de 15 y más años; 325.000 en función del total de mujeres residentes en España de 15 y más años y 200.000 euros en función de la dispersión poblacional.
Por tanto, mediante la distribución entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de esta dotación presupuestaria, se aportan recursos financieros para contribuir a la prestación de estos servicios autonómicos de información y asesoramiento, atención y acogida, atención psicológica, apoyo social y formación e inserción laboral a las víctimas, según ha informado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Respecto a la cuantía de los 700.000 euros adicionales, se ha asignado a la atención especializada a menores expuestos a la violencia de género, al tomar en consideración que, de todo el crédito destinado a la asistencia social integral, la parte destinada a la atención especializada a menores es inferior.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Por otra parte, en rueda de prensa al finalizar la conferencia, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, señaló que en la misma se ha abordado el punto en el que se encuentra el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este sentido, ha explicado que una vez que se alcanzó el acuerdo en el Congreso y en el Senado, el Gobierno dispone de dos meses para cerrar un acuerdo sobre la base del acuerdo parlamentario con las Administraciones Públicas, es decir, las comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades locales, los agentes sociales y, sobre todo, con las entidades del Tercer Sector vinculadas al área de igualdad.
Así, ha avanzado que desde hace dos semanas se trabaja en el ámbito interno con los ministerios y que se ha iniciado el proceso diálogo con las comunidades autónomas. Según ha dicho, se ha formado grupo de trabajo donde se va a analizar específicamente cada una de las medidas del pacto que afectan a las comunidades autónomas con la finalidad de identificar los tiempos y el impacto presupuestario que tiene cada una de esas medidas en el ámbito de las comunidades autónomas.
"Se convocará al grupo de trabajo en los próximos días y nos hemos comprometido a convocar una Conferencia de Igualdad a finales de noviembre para hacer balance y análisis definitivo de ese conjunto de medidas", explicó.
Por último, el secretario de Estado afirmó que, con carácter general, la voluntad de las comunidades autónomas es colaborar con el Gobierno activamente con el objetivo de implantar rápidamente esas medidas y que, de acuerdo con los tiempos administrativos, legislativos y los tiempos jurídicos se trabajará a partir del 1 de diciembre en la materialización práctica, técnica y administrativa de este conjunto de medidas.
