En una carta dirigida este jueves a cada uno de los titulares de las distintas dependencias judiciales de la región, y también al presidente del TSJM, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, advierte que la configuración actual del EJE y de HORUS impide un acceso equitativo y en igualdad de condiciones a la información procesal.
"La deficiente implementación del EJE y de HORUS genera grave inseguridad jurídica, compromete el acceso en igualdad de condiciones a la información procesal y crea un riesgo real de indefensión para las partes afectadas", afirma el Decano en su escrito.
El origen del problema radica en una regulación insuficiente en el RDL 6/2023 -que incorpora la Ley de Eficiencia Digital- sin establecer criterios homogéneos para garantizar el acceso equitativo a los expedientes digitales y sin regular un índice en los mismos. Mientras que en el formato en papel existía un orden cronológico y un foliado que aseguraban la integridad de la documentación, en el sistema actual la información se organiza en ‘acontecimientos’, dificultando la reconstrucción del procedimiento y creando dudas sobre la integridad del contenido.
"La abogacía no puede quedar en una situación de inferioridad por una digitalización mal diseñada. No podemos permitir que los jueces y fiscales tengan un acceso pleno a la información procesal, mientras los abogados lidian con un sistema que limita su capacidad de defensa y causa inseguridad jurídica. Confiamos en que los jueces sean conscientes de la importancia de este problema y actúen para garantizar que la digitalización de la justicia respete la igualdad de armas", ha afirmado el Decano del ICAM.
Ante esta situación, el Colegio ha solicitado a los jueces y magistrados a adoptar medidas urgentes que garanticen la entrega íntegra de las actuaciones procesales y el acceso completo a toda la documentación relevante para el ejercicio de la defensa. Además, ha reclamado la posibilidad de obtener copias fidedignas de los expedientes en formato digital o en papel cuando el acceso a través de HORUS no sea plenamente efectivo. También ha pedido que se garantice la trazabilidad y organización del expediente digital mediante la implantación de un foliado y un índice estandarizado que permitan la consulta estructurada y cronológica de la información. Finalmente, subraya la importancia de garantizar la interoperabilidad del sistema para evitar diferencias de acceso entre órganos judiciales y que la abogacía pueda ejercer su labor con igualdad de condiciones en todo el ámbito judicial.
La actual configuración del EJE y HORUS, a ojos de la abogacía, podría suponer una vulneración de principios esenciales recogidos en diversas normas nacionales e internacionales, como el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 24 de la Constitución Española, el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa o el artículo 234.2 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, entre otros.
"El ICAM continuará exigiendo soluciones a esta problemática al Ministerio de Justicia y a los Grupos Parlamentarios, y buscando la colaboración de las autoridades judiciales para impulsar una reforma que garantice el acceso igualitario a la información procesal y la seguridad jurídica en la era digital. La transformación digital de la justicia debe hacerse con garantías, y el Colegio de Madrid seguirá trabajando para que así sea", concluye Ribón.
Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital
El pasado 3 de febrero, en el marco del Día Internacional del Abogado, el ICAM alertó por primera vez de esta problemática con motivo de la presentación de la Guía-Decálogo de Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital. Este documento recoge las principales exigencias del Colegio para garantizar que la digitalización del proceso judicial respete el derecho de defensa, incluyendo el acceso pleno y equitativo a los expedientes, la trazabilidad de la información y la necesidad de establecer un sistema de interoperabilidad que elimine las desigualdades en el acceso a la información procesal.
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