Juan Pujol, presidente de Lefebvre, pone un especial énfasis en los colaboradores y el valor añadido que aportan en el Memento Social, una obra de referencia que ha superado los 30.000 ejemplares de tirada

El magistrado Antonio Sempere analiza las perspectivas del Estatuto de los trabajadores en la presentación de la 32ª edición del Memento Social

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Durante la presentación, Antonio Sempere, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y catedrático de Derecho de Trabajo de la URJC ofrece una conferencia magistral sobre las distintas perspectivas de futuro y el balance del Estatuto de los trabajadores del siglo XXI.

Memento social_32 edicion

Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector legal, acaba de presentar la edición número 32ª del Memento Social, uno de los manuales más vendidos del ámbito jurídico–empresarial. Cada año la obra actualiza su contenido e incluye el estudio de las novedades y reformas legislativas, así como la jurisprudencia nacional y europea más reciente y relevante.

Durante la presentación en las instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, Juan Pujol, presidente de Lefebvre, ha resaltado el valor añadido de los colaboradores que participan en la edición del Memento Social, una herramienta esencial para los profesionales del ámbito jurídico que les permite mantenerse al día en materia Laboral y de la Seguridad Social. Con más de 1 millón de ejemplares vendidos, el Memento es utilizado a diario por abogados, asesores y empresarios, para estar mejor preparados y, por tanto, tomar decisiones de manera más ágil y eficaz. “A pesar del crecimiento actual del soporte digital, lo cierto es que las ventas en papel suponen un 14% de la cifra de negocio de Lefebvre, ha subrayado Pujol.

Entre las principales novedades analizadas en la edición 2024 del Memento Social, destacan el nuevo SMI en 2024, la revalorización de las pensiones o las nuevas normas de cotización. Están incluidos el reciente RDL 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y que incorpora importantes novedades en materia de procedimiento laboral.

Estatuto de los trabajadores, perspectivas de futuro

Antonio Sempere, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y catedrático de Derecho de Trabajo de la URJC, ofrecía a los asistentes una conferencia magistral en la que reflexionaba sobre el actual Estatuto de los trabajadores y la posibilidad de que se elabore un Código del trabajo en consonancia con el Código Civil y el Código Penal en el derecho español.

Desde los años ochenta esa posibilidad no ha ocurrido y parece que con “la nueva legislatura comienza de nuevo la idea”. Sin embargo, en opinión de Sempere existe una cierta dispersión. “Creo que el término es anfibológico y, por tanto, no hay una opinión unánime sobre si lo que se necesita es un Estatuto del trabajo o un Estatuto de los trabajadores”.

Sempere ha analizado tanto la disparidad de criterios como el debate metodológico sobre ampliar o mantener conceptos.  Ante la necesidad de actualización ha pedido “juego limpio, sensatez y ganas de trabajar”. “El Estatuto (Ley 8/1980, de 10 de marzo) ha ido perdiendo relevancia desde los años ochenta, ha perdido fuelle, no están las materias nuevas como la ley del empleo, la de prevención de riesgos laborales, entre otras. Hay que modificar el tema del despido por fraude, por ejemplo. Tampoco era necesario plantearse el Derecho de la UE o incorporar los negocios jurídicos importados de otros sistemas como, por ejemplo, las microempresas”, explicaba.

El magistrado del Tribunal Supremo ha afirmado que actualmente existe la necesidad fundamental de “impedir que haya incumplimientos gratuitos de la legislación laboral”. En su conclusión ha añadido que “nuestro ordenamiento está construido a empujones sin una visión global y tiene disfunciones y contradicciones, pero globalmente no está, desde el punto de vista normativo, peor que en cualquier país de nuestro entorno”.