En este contexto, destaca que determinados ministerios hayan experimentado un empeoramiento en el comportamiento de pago de sus facturas, y que el principal sea el de Justicia, seguido del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Además, tanto en un capítulo como en el otro, ambos ministerios son los que presentan los periodos medios de pago más abultados de entre todos los departamentos del Gobierno.
La PMcM explica que los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) diferencian entre el periodo de pago de los gastos corrientes en bienes y servicios, que incluyen alquileres, reparaciones, material de oficina o asistencia sanitaria, y el de las inversiones, como contratos de obra, suministros o consultoría.
Así, en el conjunto de la Administración se ha producido una reducción del periodo medio de pago de bienes y servicios corrientes del 15% en el segundo trimestre, y del 2% en el caso de las inversiones.
Las reducciones más importantes se han registrado en el Ministerio de Defensa, con caídas del 24% y el 19%, respectivamente. Sin embargo, los plazos han aumentado considerablemente en el Ministerio de Justicia, con repuntes del 23% y el 26%. En el caso de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el incremento ha sido del 15% y el 14%, respectivamente.
Concretamente, el Ministerio de Justicia presenta el mayor periodo medio de pago en el caso de las inversiones, con 87 días en el segundo trimestre, solo seguido por Interior (67 días) y Defensa (66 días). En el caso de los pagos de bienes y servicios, el más incumplidor es el Ministerio de Agricultura (80 días), pero seguido de cerca de Justicia (77 días).
La PMcM señala, con todo, que los periodos medios de pago de las Administraciones Públicas han venido disminuyendo en los últimos años gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno.
No obstante, señala que el descenso paulatino está siendo "más de lo que cabía esperar" y reclama que se haga realidad el cumplimiento de los plazos de pago dentro del plazo máximo que establece la Ley.
Además, la organización explica que el Estado publica siempre los datos del número de días que exceden del plazo máximo legal permitido, con lo que a estas cifras hay que sumarles otros 30 días para obtener así el plazo medio de pago real.
