"Es un elemento significativo por lo que supone de modernidad. Algo por lo que venimos luchando todos desde hace tiempo. Es un paso más. Pero uno importante", ha afirmado Juan Carlos Campo, durante el encuentro.
El texto también fue aprobado por las Comunidades Autónomas, por unanimidad, en la Conferencia Sectorial del pasado 18 de marzo.
El acuerdo tiene como objetivo permitir la prestación del servicio por parte de los empleados públicos de Justicia de manera no presencial, asegurando el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía con las debidas garantías técnicas, procesales y normativas.
Otro aspecto destacado del acuerdo es que no es coyuntural, sino que supone el establecimiento de un marco regulatorio del teletrabajo, pensado no solo para la situación de pandemia, sino también para un contexto de normalidad. Se trata de una apuesta clara por la modernización de la Administración de Justicia y su organización.
Se crea así un marco de seguridad jurídica para promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia, a la vez que se favorece la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de la Administración de Justicia.
