A lo largo de las últimas semanas, el número de personas protegidas por ERTE se ha mantenido estable en torno a los 700.000 trabajadores, ya que lo que se ha producido es un trasvase de los ERTE recogidos en el RD 8/2020 a los nuevos esquemas incluidos en el RD 30/2020, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De esta forma, los primeros han terminado el mes de noviembre con 326.296 personas afectadas, 379.954 menos que al final de septiembre, cuando entraron en vigor los nuevos esquemas. Por su parte, el número de personas incluidas en los nuevos esquemas, con exoneraciones especiales para sectores ultraprotegidos y cobertura para aquellas empresas afectadas por las restricciones administrativas, se ha situado en 420.604 trabajadores. Estos se distribuyen entre 218.380 personas en sectores ultraprotegidos (de los que 167.917 corresponden al listado de CNAE acordado con los agentes sociales en septiembre y 50.463 a empresas de su cadena de valor), 79.232 en ERTE de impedimento y 117.064 en ERTE de limitación.
Las modalidades aprobadas en el mes de septiembre tras el acuerdo con los agentes sociales van, por un lado, destinadas a proteger a los trabajadores de las empresas de sectores especialmente afectados (aquellas que pertenecen a sectores que, entre el 30 de abril, el momento en el que más personas hubo en ERTE, y el 7 de septiembre, han tenido una tasa de recuperación en la actividad que ha sido inferior al 65% y además una tasa de afiliados cubiertos por ERTE superior al 15%") y su cadena de valor y, por otro, a proteger el empleo de las empresas temporalmente afectadas por restricciones administrativas tomadas por motivos sanitarios.
Uno de los efectos de la puesta en marcha de los nuevos esquemas ha sido una mayor concentración sectorial de las personas protegidas. Así, el 60% de los trabajadores acogidos a las nuevas modalidades de ERTE pertenecen al sector "servicios de comidas y bebidas" o "servicios de alojamiento". La concentración de la protección de los nuevos esquemas en estos sectores ha supuesto que tengan hoy en ERTE a 330.979 trabajadores, concentrando el 45% de todos los trabajadores incluidos en estos sistemas de protección (representaban el 35% a finales de septiembre).
Esta variación en el recurso a esta protección también es visible observando el número de afiliados en cada sector acogidos al ERTE. Mientras que los trabajadores protegidos representan el 5% del total de afiliados a nivel nacional, son el 62% en el sector "servicios de alojamiento", el 56% en "actividades turísticas y agencias de viajes", el 43% en "transporte aéreo", el 29% en "actividades de juegos de azar y apuestas", el 27% en "servicios de comidas y bebidas" y el 19% de los trabajadores del sector "actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento".
Esta concentración sectorial de la protección del empleo ha sido compatible con una progresiva activación en los números agregados de trabajadores, incluso en aquellos sectores que siguen atravesando dificultades y que han tenido que recurrir a los ERTEs.
En cuanto a los ERTE de impedimento y limitación, al ir ligados a las restricciones administrativas y ser estas distintas territorialmente, también reflejan diferencias geográficas importantes, ya que en cinco comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid) se han reducido el número de personas en ERTE respecto al mes de septiembre. En otras, como Asturias, Navarra o Cataluña, donde las restricciones administrativas han sido más intensas, el número de trabajadores en ERTE ha crecido respecto al mes de septiembre.
En cuanto a las prestaciones de autónomos, al cierre del mes de noviembre hay reconocidas 346.814. De ellas, 117.909 corresponden a la nueva prestación por suspensión de la actividad, también ligada a las restricciones administrativas. Como ocurre con los ERTE, hay importantes diferencias geográficas al respecto. Asturias es la provincia en la que mayor porcentaje de autónomos están percibiendo esta prestación (un 14% del total), seguido de Granada (12%) debido a sus especiales restricciones administrativas por la pandemia.
