Esta novedad estaba incluida en el proyecto de ley de Registro Civil presentado en su día por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, aunque no tenía fecha de aplicación, sino que se vinculaba a la entrada en vigor de la reforma.
Después de que Justicia renunciase a la controvertida cesión del registro a los registradores, la inscripción telemática de nacimientos y defunciones estaba sin fecha, aspecto que ahora se solventa fijando la fecha del 15 de octubre.
En otra enmienda conjunta, a la que ha tenido acceso Europa Press, los partidos también plasman el acuerdo alcanzado tras la renuncia del Ministerio de Justicia a dejar la gestión del Registro Civil en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad.
En junio de 2017 se verá
En concreto, los grupos han decidido aparcar hasta el 30 de junio de 2017 la polémica entrada en vigor del nuevo modelo de gestión, que establece que el servicio debe quedar desjudicializado.
El Congreso prorroga, por tanto, dos años la "vacatio legis" de la Ley 20/2011, aprobada por todos los grupos y que ordena la desjudicialización del Registro. El acuerdo se ha producido después de que el Ministerio dirigido por Rafael Catalá hiciera pública su renuncia a dejar en manos de los registradores de propiedad y mercantiles la gestión ante la falta de consenso sobre la cuestión y las reticencias de estos profesionales.
En otra enmienda todos los partidos avalan la derogación "de cuantas normas se opongan a lo previsto en la ley de 2011 y las referentes al Registro reflejadas en la Ley de 2014 medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Otra corrección a Gallardón
El Ministerio de Justicia abandonó su proyecto inicial, impulsado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, a finales del pasado mes de abril tras comprobar que la gestión del servicio por parte de los registradores no era compartida por el conjunto de los profesionales del sector de la Justicia
"Abandonamos la idea de reformar la ley con caracter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", señaló entonces Catalá que se refirió a la "crítica" y "oposición importante" mostrada a la iniciativa por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos. Todos ellos coincidían en tachar el proyecto como una privatización de facto del Registro Civil.
