El texto no ha incorporado ninguna enmienda en la Cámara Alta, como ya ocurrió en el Congreso, donde la norma salió adelante a principios de mes solo con el apoyo del PP y después de rechazar las 120 enmiendas parciales de la oposición.
La norma reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, aunque no afectará a operaciones entre particulares, y obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero.
Además, la nueva ley permite adoptar medidas cautelares vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia, e incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos.
Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes y se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan.
La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Maria del Mar Angulo, ha celebrado la aprobación de la norma por tratarse de una acción "clara, firme y contundente" contra los defraudadores. Para Angulo, se trata de una ley "necesaria y tremendamente oportuna" para intensificar los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal. "Ahora mas que nunca esta ley es una prioridad", ha señalado.
Durante su intervención, la senadora 'popular' ha recordado que la norma no va sola, sino que forma parte de una acción integrada en la lucha contra el fraude, ya que también se ha llevado a cabo una "profunda reforma" del Código Penal para luchar contra los defraudadores.
Por su parte, el senador socialista Nicanor Sen, ha asegurado que el Grupo Socialista se ha abstenido en la votación porque la ley es "necesaria pero insuficiente", y ha apostado por llevar a cabo una política fiscal "progresiva y equitativa" que no castigue a los asalariados.
Además, el senador del PSOE se ha mostrado partidario de aplicar la "tolerancia cero y eliminación total" de los paraísos fiscales, y ha asegurado que la legitimación de la amnistía fiscal supone un reconocimiento de la incapacidad del Ejecutivo para luchar contra la economía sumergida.
