Así, junto con las más de 400 enmiendas parciales que aún quedan vivas el Plenario también deberá debatir los seis vetos al proyecto de ley que han presentado PSOE, PSC e ICV (componentes de la Entesa), PNV, IU y ERC, y que la comisión parlamentaria también ha rechazado este jueves.
No obstante, la mayor parte del debate se ha centrado en las críticas de la oposición al procedimiento de tramitación de la norma, según han indicado fuentes parlamentarias a Europa Press. Y es que todos los grupos de la oposición se han quejado del escaso plazo --apenas 48 horas-- que han tenido para estudiar el paquete de enmiendas parciales, a pesar de que se habilitó el mes de agosto para avanzar en la tramitación.
Enmiendas del PP
De este modo, las únicas modificaciones que se prevé se incorporen al texto son las de los 'populares', que ya han sido aceptadas. Esto supone, en primer lugar, reducir de 15 a 10 millones el capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca (SGR) a la par que se les exige unos recursos propios computables no inferiores a 15 millones de euros, calculados de acuerdo con la definición que fije el Banco de España.
De este modo, argumenta el partido que da sustento al Gobierno, se busca "conjugar un incremento del capital social elevado con un incremento de los recursos propios computables", de tal manera que la solvencia se calcule con una evaluación cuantitativa "global".
Por otra parte, se precisa que la exención en el pago de aranceles a cualquier operación registral que paguen las administraciones públicas o la Seguridad Social no entrará en vigor hasta que se ejecute la demarcación registral por real decreto. "La sostenibilidad actual de los registros aconseja no adoptar medidas aisladas que puedan generar disfunciones en el mantenimiento económico de las oficinas y del servicio público registral", explican.
Estos tres cambios obligarán al Senado a remitir de nuevo el proyecto de ley al Congreso para que el Pleno lo debata y apruebe las modificaciones, antes de que pueda ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor de forma definitiva.
Normativa de poco alcance
Antes de eso, el Pleno de la Cámara Alta deberá sustanciar el último paso en la tramitación del proyecto de ley, es decir, debatir de nuevo tanto los seis vetos como las enmiendas parciales que quedan vivas (todas las de la oposición) en sesión plenaria.
Así, los socialistas critican el "escaso alcance" de las medidas incluidas en esta norma, que suponen a su entender una "mera puesta en escena para hacer creer a los agentes económicos que el Gobierno cumple sus promesas, aunque sea con retraso, y que supuestamente lo habría hecho con medidas eficaces y largamente demandadas y esperadas".
Sin embargo, consideran que el criterio de caja en el IVA "no es real, sino una mera demora en el ingreso", creen que en los beneficios fiscales se ha "obviado resaltar condiciones y exigencias que limitan de forma clara su alcance", que el nuevo 'emprendedor de responsabilidad limitada' sólo fija una "parcial limitación" a la embargabilidad de la vivienda, y que no se incluyen mejoras para afrontar el principal problema de los emprendedores, es decir, la falta de crédito.
En la misma línea, el PSC señala que esta ley es "otra decepción, un nuevo engaño y una nueva promesa incumplida" en aspectos como el IVA de caja, además de que no se soluciona la restricción al crédito, ni se aplican beneficios fiscales de amplio alcance ni se mejora la legislación en vigor con respecto a los mecenas. Asimismo, afirman que el texto es "muy disperso y heterogéneo" por lo que generará "incertidumbre e inseguridad jurídica".
Diagnóstico equivocado
Por su parte, IU e ICV plantean argumentos idénticos en sus respectivos vetos, en los que argumentan que el Gobierno ha partido de un "diagnóstico equivocado" para plantear una reforma "confusa y técnicamente defectuosa". "No parece entenderse que, entre otros factores, el elevado desempleo, y el juvenil en particular, responde a nuestro deficiente modelo productivo y a la propia gestión de la crisis en forma de austericidio", señalan.
Así, coinciden en que hace falta afrontar el problema de la falta de financiación, que aboca a una alta mortalidad a las pymes, y advierten de que la nueva figura del 'emprendedor de responsabilidad limitada' podría incluso agravar esa falta de acceso al crédito. Por contra, el Ejecutivo no ha planteado ninguna medida "eficaz" de estímulo de la demanda, sin las cuales "no hay apoyo a los emprendedores que valga".
Por último, critican que se potencie la iniciativa individual sin considerar las iniciativas colectivas y la economía social, y rechazan de forma particular los cambios en extranjería para atraer investigadores e inversores de otros países cuando "se está expulsando a cerebros patrios, se desmantela el sistema de investigación y desarrollo, o se vulneran los derechos humanos de trabajadores inmigrantes pobres por no tener papeles".
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, centra la argumentación de su veto en la falta de alusión de la ley a la economía social y las cooperativas, que deberían ser tenidas en cuenta como una alternativa "capaz de generar ocupación estable y de calidad" en una época de crisis como la actual; mientras que el PNV rechaza el proyecto por vulnerar competencias autonómicas y por no hacer referencia al trabajo autónomo.
