Este procedimiento cierra un largo proceso litigioso de la Asociación para la Defensa del Procurador (ADP).
Algunos de sus asociados fueron expulsados del Colegio de Procuradores de Madrid por el impago continuado y sistemático de las cuotas colegiales, lo que redundaba en un grave perjuicio, para la institución y el resto de colegiados.
La decisión del Tribunal Supremo viene motivada en la “pérdida sobrevenida del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia sin que concurra la presunción del artículo 88.3 b) LJCA.” Para ello se funda en el pronunciamiento del Alto Tribunal en las Sentencias dictadas en sendos Recursos de Casación anteriores, en los cuales se daba de baja de la profesión a uno de los procuradores integrantes de esta Asociación con fundamento en los Estatutos que la ADP discutía.
Con este pronunciamiento, el Alto Tribunal Supremo avala el trabajo realizado por la junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, dando cobertura a todas sus actuaciones, que han tenido como objetivo revindicar la importancia del trabajo que desarrollan los procuradores de los tribunales, y en concreto de los madrileños, como cooperadores necesarios de la administración de justicia.
