Los magistrados han accedido así a estudiar el recurso de inconstitucionalidad presentado por Euskadi contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la disposición adicional única, las disposiciones transitorias primera y segunda, y las disposiciones finales del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre.
Según su preámbulo, el decreto-ley responde a la necesidad de dar "una traducción en el plano normativo" a "el desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones por parte de las administraciones públicas" para garantizar el interés general, la seguridad pública y "que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos".
Los preceptos recurridos se refieren al procedimiento del DNI electrónico, la ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos, las transmisiones de datos entre administraciones públicas, la seguridad de las telecomunicaciones, la coordinación en materia de seguridad de las redes y sistemas de información, y a la contratación publica.
El Pleno ha ordenado dar traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentas, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.
