El joven resultó excluido durante más de dos años del instituto de enseñanza donde estudiaba, en la ciudad de Huesca. Ahora tiene 21 años y este centro ya no está obligado a acogerle. Ante esta sentencia cabe recurso de casación.
En ella, se señala que ha habido una "ausencia de medios y de respuesta administrativa", así como de "prestación educativa" a partir de noviembre de 2010, cuando la Administración "estaba obligada a darla", algo que "que es distinto a garantía de éxito o de insuficiencia de un programa educativo, que tal vez no se exigía, ni se exija".
Por su parte, el abogado Francisco Almodóvar, del Bufete Almodóvar & Jara, que ha representado a la familia, ha expuesto que a pesar de esta condena a la Administración, "el problema continúa pues Huesca no posee centros especializados o genéricos con apoyos específicos para el autismo y tiene que ser la familia la que ha de hacerse cargo del joven todo el tiempo".
A su entender, el Gobierno de Aragón "vulnera la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su normativa de desarrollo en España", aunque la sentencia "solo reconoce dicha vulneración en el derecho fundamental a la educación del joven", ha comentado.
