Empresas en concurso y la obligación de abonar la indemnización por despido objetivo

La finalidad de la previsión contenida en el art. 53,1º,b) ET -

El pasado día 22 de septiembre, por el Congreso de los Diputados se apro...

El pasado día 22 de septiembre, por el Congreso de los Diputados se aprobó la reforma de la Ley 22/2003 -EDL 2003/29207-, en ella el contenido del precepto que ahora estudiamos, ve modificada su redacción, del siguiente modo: art. 154. Pago de créditos contra la masa. Antes de proceder al pago de los créditos concursa-les, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta. Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. El contenido del precepto, en lo que aquí interesa, pasa a formar parte del núm. 3, del art. 84, modificando la ley, la rúbrica de la sec. 1ª del capítulo III del título IV: u0022Sección 3.ª de la composición de la masa pasivau0022, estableciendo en dicho apartado que u0022los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considera conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, alimenticios o ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social.u0022

Mantenido en el nuevo texto el contenido del precepto, se plantea el caso que en el momento de llevar a cabo la extinción del contrato de trabajo por causas económicas, la empresa concursada tenga liquidez suficiente para poder abonar la indemnización de los veinte días de salario, pero no para satisfacer los créditos ya vencidos de todos los acreedores contra la masa.

Desde un primer planteamiento, ante el supuesto de hecho que se fija, el art. 53,1,c ET -EDL 1995/13475-, dedicado a la forma y efectos de la extinción por causas objetivas, dispone que cuando la decisión extintiva se fundare en el art. 52,c de esta Ley, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.

Este precepto ha sido interpretado por el Tribunal Supremo, SSTS de 25 enero 2005 y 17 julio 2008, Rcud. núm. 2929/2007 -EDJ 2008/178579 y núm. 6290/2003 -EDJ 2005/71719-, declarando que debe distinguirse la iliquidez existente en el momento de la entrega de la carta de despido, de la mala situación económica de la empresa que constituye una causa objetiva del despido a tenor del art. 52,c) -EDL 1995/13475 en relación con su art. 51,1 ambos del ET. -De modo que la iliquidez no puede justificarse con la sola demostración de la existencia de pérdidas, ni mucho menos por pérdidas anteriores a la fecha del despido (aquí la empresa las acredita hasta diciembre de 2005, siendo así que el despido se produce en junio de 2006) que podrán probar en su caso, la mala la mala situación económica, pero no la falta del numerario que impide cumplir con la obligación de puesta a disposición, y precisará de otros indicios probatorios que acrediten que en la fecha de la entrega de la carta -y no después la empresa se encontraba en estado de iliquidez (lo que podría haber acreditado, por ejemplo, con el estado de cuentas cerrado a la fecha del despido, que reflejara la situación bancaria y la de tesorería), con una curiosidad, este último, resolvía no estimar como sentencias contradictorias, una de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias que admitió como documento copia del auto dictado el 16 octubre 2006 por el Juzgado de lo Mercantil declarando a la empresa en concurso voluntario y en sentencia de 25 mayo 2007, desestimó el recurso y confirmó la nulidad del despido y la sentencia de contraste, dictada por la Sala de lo Social del TSJ Castilla y León en Valladolid el 21 febrero 2007 -EDJ 2007/91619 que es firme, en la que resuelve un asunto prácticamente idéntico, pues se trata también del despido objetivo acordado por la misma empresa respecto de una trabajadora que prestaba servicios en la tienda de León, en los que se aportaron los estados de cuenta de los años 2002 a 2005 y en un auto del Juzgado de lo Mercantil admitiendo a trámite una solicitud de concurso, para la primera de las sentencia tales datos no revelan iliquidez, mientras para la segunda y en lo que aquí interesa, se razona que u0022acreditar la imposibilidad de la puesta a disposición es una prueba que corresponde a la empresa, siendo muchas veces imposible una prueba plena, por lo que habrá de estarse a pruebas indiciarias y las cuentas aportadas y la resolución del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo suponen datos reveladores de esa insolvencia y claramente justificadores de la imposibilidad de puesta a disposición por lo que procede desestimar el recursou0022.

Parece esta última dar a entender que la simple declaración de concurso unida a cuentas negativas, acredita la iliquidez, lo que posibilitaría la no puesta a disposición de la indemnización en estos caso, aunque no sea ésta la posición del Tribunal Supremo. En el caso que examinamos, si en el momento de llevar a cabo la extinción del contrato de trabajo por causas económicas, la empresa concursada tiene liquidez suficiente para poder abonar la indemnización de los veinte días de salario, pero no para satisfacer los créditos ya vencidos de todos los acreedores contra la masa, debiendo éstos, por disposición legal, ser satisfechos a sus respectivos vencimientos, no existe tal liquidez respecto a la puesta a disposición de la indemnización, salvo que la administración concursal alterara esta regla, pues puede hacerlo, cuando lo considera conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa, lo que no es el caso, pues partimos de la insuficiencia de numerario para la satisfacción de los créditos contra la masa ya vencidos.

1. La administración concursal que acordó un despido económico con bas...

1. La administración concursal que acordó un despido económico con base en el art. 52,c) ET -EDL 1995/13475 puede diferir la satisfacción de la indemnización que legalmente corresponde al trabajador, pese a que exista liquidez suficiente. La razón es clara: aunque esa indemnización tenga el carácter de crédito contra la masa y como tal haya de satisfacerse a su vencimiento según dispone el art. 154,2 LC -EDL 2003/29207-, su abono puede estar condicionado al orden de vencimiento de los demás créditos contra la masa. El papel que cumple la intervención de la administración concursal en estos casos justifica esta posibilidad como brevemente lo razonaremos.

2. Si se impugna la decisión de despido por causa económica del art. 52,c) ET -EDL 1995/13475-, y de acreditarse la existencia de liquidez para responder a la indemnización, la administración concursal puede justificar la inaplicación del requisito de puesta a disposición de la indemnización. La sujeción de la empresa concursada a la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, sin duda, modaliza las especialidades del régimen jurídico de los despidos del art. 52,c) ET. Si se adopta la decisión de despedir, con base en causa económica, en los momentos inmediatamente posteriores a la declaración de concurso, es evidente que esa extinción individual de la que conocerá el orden social de la jurisdicción se hará en un contexto en el que hay que hacer frente a créditos de inmediato cumplimiento, como puede ser el caso de los salarios de los treinta días anteriores a la declaración de concurso (art. 33 ET) para los trabajadores cuyo contrato permanezca vigente, o para atender a los propios gastos del concurso, necesarios para el mantenimiento de la actividad (art. 84,2,2 LC) . Está situación obligará a la administración concursal a dejar constancia en la comunicación escrita de la concurrencia de la causa económica y a no poder poner a disposición del trabajador la indemnización de manera inmediata con cargo a la masa. A resultas de ello, certificará la existencia de la deuda para que el trabajador adelante el cobro de su crédito a través del FOGASA.

3. Se trata de determinar cómo se compatibilizan en el momento del despido, la regla de inmediatez de puesta a disposición de la indemnización -existiendo tesorería en la empresa, masa del concurso-, con la regla del abono de los créditos al momento de su vencimiento. Y es aquí donde la institución de la administración concursal juega un papel fundamental y distinto al de la situación del empresario que despide sin estar en concurso. La administración concursal en el despido funciona como una auténtica autorización previa al mismo (Ríos Salmerón/Fernández Villariño, Despido objetivo y concurso de acreedores: consideraciones a partir de la doctrina judicial, Aranzadi Social, 20-11). La administración concursal emite un juicio de sobre la veracidad del estado de insolvencia de la empresa mediante la justificación de la situación económica negativa en la propia carta de despido o en el informe del título cuarto de la LC (arts. 74 y ss. –EDL 2003/29207-); y con relación al procedimiento es quien ordena el efectivo cumplimiento de la regla del abono de los créditos conforme a su vencimiento: la autorización al abono efectivo. Y esos dos aspectos están en manos de la administración concursal. La administración concursal ha de valorar tanto la concurrencia de la situación económica como muy especialmente la propia disposición del crédito indemnizatorio. El TS (por todas, STS de 10 julio 2007 -EDJ 2007/135902-) puso de manifiesto que el despido objetivo se origina por una decisión unilateral y exclusiva del empresario, sin que pueda hablarse de control previo a ese acto extintivo sobre la concurrencia de las causas en que basa ese despido. Ahora bien, la intervención previa de la administración concursal difumina esta facultad inherente a la propia naturaleza jurídica del empresario. Lo que indirectamente implica que el despido se convierta en una acción que requiere un poder mancomunado entre ambos, o incluso llegue a erigirse en una facultad exclusiva de la administración para el caso en que el régimen jurídico del concurso sea el de la sustitución y no intervención de los poderes del administrador.

No puede desconocerse que la administración concursal, en gráfica expresión, son los ojos del juez del concurso (cfr. Pacheco Guevara, A. La administración concursal, Thomson Reuter, 2009, citando a Tirado Martí, Ig.). Se concibe como órgano cuasi-jurisdiccional -, en la que descansa el control y fiscalización del pago de las deudas vencidas, entre las que se encuentra la propia indemnización. Por ello a partir de la declaración de concurso, el pago de las deudas vencidas del concursado ya no depende exclusivamente de éste, pues ha de actuar mediante la autorización o conformidad de la administración concursal que es la que refrenda en todo caso la legalidad del abono y evita el fraude de ley que trata de evitar la interpretación jurisprudencial del art. 53,1,b) ET -EDL 1995/13475-, quedando aquél sometido a lo establecido en la Ley, es decir, que la imposibilidad de pago simultánea no deriva en este caso sólo de la situación de liquidez de la empresa, sino también del cumplimiento de la obligación de satisfacer los créditos contra la masa que tuvieran un vencimiento anterior al del demandante (art. 84 y 154,2 LC -EDL 2003/29207 (En este sentido, STSJ Asturias de 29 mayo 2009, núm 1758/2009 -EDJ 2009/124820-).

En el tema que se plantea confluyen dos diversas perspectivas, que hace s...

En el tema que se plantea confluyen dos diversas perspectivas, que hace sin duda que sea discutible la solución que se pueda proponer. En todo caso, entiendo que se debe partir de ciertos principios generales, que pueden ayudar a ofrecer una solución razonable. Y así, a) Existe una regulación expresa y cerrada en el art. 53 ET -EDL 1995/13475-, que regula las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que acompañan a la posibilidad de acudir al despido por causas objetivas, que solo permite su excusa cuando así viene contemplado en la propia norma; b) No se contemplan más excepciones a los posibles incumplimiento que los que así vienen listados de modo cerrado; c) Se regula la consecuencia de tal posible incumplimiento (a salvo de los motivos de nulidad del despido), cuando u0022no se hubieran cumplido los requisitos establecidosu0022, con la calificación de improcedencia del despido acordado (art. 53,4,c), tercer párrafo ET); d) La Ley Concursal -EDL 2003/29207 no introduce tampoco ninguna excepción a la regla de la obligación de poner a disposición del trabajador objeto del despido objetivo, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades (art. 53,1,b) primer párrafo ET).

A tenor de lo anterior, y de la claridad normativa, no parece que se deba de considerar incluido el supuesto que se propone, de despido objetivo decidido por los Administradores de una empresa concursada, de exención de poner a disposición de modo simultáneo a la entrega de la carta de despido de la indemnización, dentro de la excepcional posibilidad que permite no hacerlo, cuando el despido esté motivado en causa económica u0022y como consecuencia de tal causa económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnizaciónu0022, pues no es sinónimo de tal imposibilidad sin más la situación concursal, y se insiste, no se contempla ello en la norma especial que regula tal situación.

En esa dirección, si bien sea en relación con una materia distinta –la obligación de realizar la consignación para poder recurrir de la cantidad objeto de condena, ya se ha pronunciado recientemente la Sala Social del Tribunal Supremo resolviendo un Recurso de Queja, en el Auto de 7-6-11, dictado en el Recurso nº 21/2011 -EDJ 2011/147510-, en el sentido de considerar que no está exenta la Administración concursal de tal obligación, no siendo suficiente, señala dicha resolución judicial, la mera certificación de la misma de que se ha hecho una dotación en las cuentas y de que la cantidad objeto de condena se hará efectiva, en su caso, como crédito contra la masa. Parece así, siguiendo con esa misma orientación, y teniendo en cuenta el carácter no expansivo con que deben interpretarse las excepciones, que no podrá acogerse la Administración concursal, por analogía, a lo que dispone el art. 53,1,b) segundo párrafo ET -EDL 1995/13475-, y en su consecuencia, que habrá que considerar incumplida la exigencia contenida en el apdo. 1,b) del mencionado precepto estatutario, con la consecuencia adherida de calificar el despido acordado incumpliendo tal obligación de entrega simultánea de la indemnización, como de improcedente.