Esta convocatoria, pionera en España y puesta en marcha por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Fundación Pública EOI, está dirigida a pymes industriales españolas.
Las 41 solicitudes de pymes industriales provienen de 13 comunidades autónomas: Cataluña (11), Andalucía (6), Galicia (4), País Vasco (4), Principado de Asturias (3), Comunidad Foral de Navarra (3), Canarias (3), Comunidad de Madrid (2), Cantabria (1), Castilla y León (1), Castilla La Mancha (1), Extremadura (1), Illes Balears (1). Durante el periodo de presentación de solicitudes se recibieron un total de 165 peticiones de información de entidades de diversos sectores.
El valor total de los gastos subvencionables solicitados por los 41 proyectos presentados asciende a 2.831.017,60 € y el total de trabajadores adscritos a los proyectos piloto afecta a 503 personas de una amplia gama de sectores, como ingeniería, arquitectura, material y equipo eléctrico, caucho, farmacéuticos, textil y distribución y alimentación.
Evaluación de los proyectos
Este experimento busca recopilar datos que permitan una evaluación fiable y extrapolable al conjunto de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial. Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes comienza la evaluación de los proyectos presentados que serán resueltos en un plazo máximo de 5 meses. La financiación total para conceder, en forma de subvención, será como máximo del 90 por ciento sobre el presupuesto financiable, con las condiciones y límites establecidos en el artículo 7 de la Orden de bases.
El crédito presupuestario asignado a esta convocatoria asciende a un total de 9.650.000 euros con cargo al presupuesto de la Fundación EOI, fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El importe máximo de la subvención será de 200.000 euros y los gastos subvencionables serán los asumidos por la empresa solicitante durante el primer año del proyecto piloto.
El proyecto piloto de reducción de jornada laboral sin reducción de salario tendrá una duración temporal mínima de dos años, computable desde la concesión de la ayuda. Por tanto, la empresa se comprometerá a mantener la reducción de jornada de los empleados que incluya en el proyecto por ese plazo.
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