JUSTICIA

Eugenio Ribón acepta la petición de los LAJs para mediar con Justicia ante la huelga indefinida

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El comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia han trasladado al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, participar como mediador con el Ministerio de Justicia para buscar una solución consensuada ante la próxima paralización de este servicio público.

Reunion LAJ e ICAM_img

“Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) no podemos permanecer impasibles ante la posible paralización del sistema judicial español y las consecuencias de ello para ciudadanía y empresas. Por ello, será un honor participar en la mediación para agilizar la búsqueda de una solución al conflicto. Emplazamos al ministerio de Justicia a aceptar nuestra intervención y encontrar una salida en beneficio de toda la sociedad”, ha manifestado Eugenio Ribón.

Tras la petición, el ICAM se ha reunido con las asociaciones convocantes de la huelga -el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

Eugenio Ribón le ha trasladado a la ministra de Justicia, Pilar LLop, con el objetivo de facilitar la comunicación entre las partes y lograr su acercamiento "explorar este cauce diálogo con la mayor urgencia, en defensa de la salvaguarda del interés general.

“Convencido de la coincidencia de voluntades que evite cualquier menoscabo de la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y tu franca predisposición a una célere solución, quedo a tu completa disposición en esta casa de las libertades, que será siempre la tuya”.

Huelga indefinida de los LAJs

De llevarse a cabo la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia convocada a partir del martes,, miles de juicios y trámites judiciales tendrían que ser aplazados en toda España, generando un grave perjuicio en el sistema ya de por sí saturado. Además, conllevaría la paralización de los pagos judiciales a particulares, como pensiones de alimentos o indemnizaciones, y al Tesoro Público, según ha informado el ICAM en un comunicado.