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JORNADA

Foro IEB: Terrorismo en España. Un análisis penal, moral, social y político

Noticia

La derrota del terrorismo en España es un tema que ha marcado especialmente la política nacional y que ha generado numerosas controversias y debates jurídicos.

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En el Foro ‘¿Hemos derrotado el terrorismo en España?’, organizado por el IEB y moderado por Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, profesor de Derecho Penal del IEB y Ex-fiscal de la Audiencia Nacional, han participado personalidades del mundo jurídico, académico, político y social como Luis Heredero, investigador del terrorismo de ETA y sus aspectos legales y políticos; Mikel Buesa, experto en economía del terrorismo; José Eugenio Azpiroz, ex presidente del Partido Popular en el País Vasco y Ana Velasco, representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Conclusiones

  • Luis Heredero, investigador del terrorismo de ETA y sus aspectos legales y políticos

“Hay cuatro impunidades que hacen pensar que el terrorismo no ha sido derrotado: penal, moral, política y social”

En España ha habido un proceso de negociación que se abrió cuando el Congreso de los Diputados autorizó al Gobierno a negociar con ETA. Un proceso basado en cesiones y contraprestaciones de las dos partes para llegar a un fin que ha satisfecho a ambas partes. Bajo la premisa de la existencia de esa negociación, es imposible aceptar que el resultado haya sido una derrota. Pero, además, cuando hablamos de la derrota de ETA, tenemos en cuenta solo una dimensión del terrorismo, que es la dimensión policial, pero no tenemos presente que el terrorismo tiene una dimensión también política, penal, moral y social. En todos esos ámbitos, ha existido impunidad.

En primer lugar, hablamos de impunidad penal porque hay más de 300 asesinatos sin resolver, porque a lo largo de la historia de ETA se han producido, bajo el lema “paz por presos”, un sinfín de indultos, de excarcelaciones, de reinserciones, de traslados de presos, de beneficios penitenciarios. Primero fue la ley de amnistía del 77, después la negociación para la desaparición de ETA político-militar y así sucesivamente. También se produce en la última época, en algunos acontecimientos simbólicos como por ejemplo la excarcelación de Bolinaga, o la derogación de la Doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que supuso la excarcelación de 60 presos de ETA.

En segundo lugar, la impunidad moral. Se ha difuminado la condena moral del terrorismo entremezclándolo con otras realidades que nada tienen que ver. Por ejemplo, el presidente Rodríguez Zapatero en 2006 comparó a las víctimas de la Guerra Civil con las víctimas del terrorismo. Esta impunidad moral se hace presente en las declaraciones de algunos líderes políticos.

En tercer lugar, la impunidad política. No se condena al nacionalismo separatista de ETA, esa ideología que inflige radicalmente los principios de igualdad y libertad de la Constitución Española, porque somete los derechos de los ciudadanos como sujetos políticos a una idea de nación irreal.

Por último, la impunidad social: aceptando sin resistencia estas tres impunidades anteriores, y admitiendo la existencia de la derrota de ETA se provoca en la sociedad un desentendimiento, una indiferencia, un conformismo con lo que está pasando.

Por todas esas razones no se puede admitir que ETA haya sido derrotada.

  • Mikel Buesa, experto en economía del terrorismo

“El terrorismo es una lucha política desarrollada con medios militares”

Realmente, la actuación que ha existido sobre ETA a lo largo de muchos años ha prescindido de este aspecto político que forma parte intrínseca de la actividad terrorista. ETA comenzó su andadura en 1958, aunque no se presentó públicamente hasta el día de San Ignacio de Loyola en 1959, momento en el que inició sus actividades hasta el año 2010 -aunque no anunció la disolución de sus estructuras hasta el 2018-.

De las acciones armadas de ETA, los asesinatos se iniciaron el 7 de junio de 1968, cuando en un control de carreteras Xavi Etxebarrieta e Iñaki Sarasketa dispararon al guardia civil José Antonio Pardines. En los 42 años que siguieron, ETA dejó un balance muy negativo de muertes, amenazas, desolación y exilio que incluye a 857 personas asesinadas, más de 4.800 heridos, 92 secuestrados, al menos 31.900 damnificados por destrucciones materiales valoradas en unos 8.570.000.000 de euros a precios de 2010 y 125.000 desplazados a otras regiones españolas.

Hasta mediados de los años 70, en las distintas ramas de ETA se desarrollaron las funciones de la actividad terrorista y las funciones políticas simultáneamente. Pero en 1975, en el marco de la división de ETA político-militar, se creó la Coordinadora Abertxale Socialista (CAS) que constituye el núcleo inicial sobre el que se vertebra el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). En la CAS estaban tres partidos políticos dedicados a defender el programa político del terrorismo y dos sindicatos. En 1978 se funda Herri Batasuna que, junto con CAS, asume la dirección política, de manera que ETA se desdobla.

Es interesante observar que esas entidades del MLNV no tenían vinculación orgánica con ETA porque el secreto del MLNV era el de agrupar a entidades e incluso a individualidades que se adherían al hecho fundacional que no era otro que el día de San Ignacio de Loyola de 1959, cuando ETA se da a conocer públicamente. Esa adhesión política es la que vincula a todos los elementos del movimiento. Esto permitió a ETA centrarse en la actividad armada y al MLNV en la actividad política.

A mediados de la década de los 90, la Audiencia Nacional da un giro en su actividad contra ETA al incluir al MLNV dentro del conjunto de organizaciones que es necesario reprimir para combatir el terrorismo.

Es tras la ruptura de la tregua de ETA de 1998 cuando ETA llega a un acuerdo en el Pacto de Lizarra con el PNV y con Eusko Alkartasuna. Después de esa ruptura, hay un giro muy importante en la política antiterrorista del Gobierno de la mano de José María Aznar, en el que el objetivo de la lucha contra ETA ya no es negociar, sino derrotar a ETA. Este giro doctrinal fue muy importante y se plasmó en el Pacto por las libertades y contra el terrorismo que se firmó a finales de ese mismo año. Una de las consecuencias más importantes de este giro en la lucha contra el terrorismo es la ilegalización en 2002 de Herri Batasuna. Esa ilegalización fue confirmada por el TC en el 2003 y posteriormente por el TEDH y supuso un varapalo enorme para el conjunto de ETA y el MLNV.

En 2003 ETA había perdido su capacidad para cometer atentados y el final estaba muy cerca. Sin embargo, después del 11 de marzo de 2004, las elecciones generales dieron paso al PSOE, bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero y el nuevo presidente del Gobierno abandonó rápidamente el marco doctrinal del Pacto por las libertades para retrotraerse al horizonte conceptual del Pacto de Ajuria Enea y entablar así una negociación con ETA.

El núcleo central de la negociación entre ETA y el Gobierno terminó por circunscribirse al terreno político y, más en concreto, los términos de la transacción se establecieron en un intercambio entre el cese de las actividades armadas de ETA y la tolerancia con su actividad política a través de Batasuna, anulando en la práctica los efectos de su ilegalización y, posteriormente, su reconocimiento legal tras aceptarse la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, inscripción a la que se opuso el Tribunal Supremo, pero que finalmente fue aceptada por el Tribunal Constitucional en junio de 2012 después del cese de las actividades armadas de ETA.

La consecuencia de todo esto no fue otra que la derrota de ETA en su vertiente militar, pero no en su vertiente política, porque Sortu, a través de la coalición Bildu, entró rápidamente a posicionarse en el terreno de la política institucional sin abandonar el proyecto que medio siglo antes había dado lugar al nacimiento de ETA. El resultado final es claro: el terrorismo de ETA entendido en su vertiente militar fue derrotado, pero no así en su vertiente política.

  • José Eugenio Azpiroz, ex presidente del Partido Popular en el País Vasco

“En la perspectiva política del terrorismo, vamos camino del totalitarismo”

El terrorismo es el ejercicio de la violencia a fin de doblegar una voluntad. Por lo tanto, el terrorismo tiene diversas formas de considerarse: policial, judicial y de cooperación internacional; política y, por supuesto, militar.

En la perspectiva política, vamos camino del totalitarismo. El nacionalismo cada vez tiene una connotación más totalitarista, más antidemocrática, más negadora de la pluralidad. En este ámbito, existieron dos oleadas: la primera entre los años 1979 y 1984, y la segunda de 1995 a 2001.

En la primera, ETA se centró en matar gente en Guipúzcoa, de la Alianza Popular y de Unión de Centro Democrático (UCD) fundamentalmente. De hecho, UCD sufrió desde el 1980 hasta 1984 una serie de asesinatos que acabaron con el partido.

La segunda oleada empezó en el año 1995 en Guipúzcoa, que era donde estaba más asentado el terrorismo, así como en Vizcaya. La realidad es que hoy, la mayor parte de esos representantes políticos están en el exilio.

Es evidente que la estructura de ETA a nivel militar se acabó, pero todo lo demás (asociaciones, sindicatos, medios de comunicación, hostelería…) sigue intacto.

  • Ana Velasco, representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

“ETA mataba para romper la unidad de España, no para atacar la democracia”

Uno de los grandes errores de la UCD fue intentar apaciguar a ETA a través de las concesiones. La amnistía del 77 fue una concesión que tuvo unas consecuencias gravísimas. Salieron de la cárcel más de 1.000 terroristas y el 55% de ellos volvió a integrarse en la banda para seguir matando. Los cabecillas de ETA de los años 80 y 90 fueron etarras amnistiados en 1977 que gracias a aquella Ley quedaron en libertad y pudieron sembrar España de muerte y dolor. El 90% de los crímenes cometidos por ETA lo fueron en democracia y no podemos olvidar que los 70 asesinatos que se produjeron antes de la amnistía quedaron impunes, muchos de ellos sin tan siquiera ser juzgados.

En el presente, estamos frente a un proceso perfectamente diseñado para legitimar ETA. El hecho de hacer desaparecer de la vida pública a las víctimas del terrorismo contribuye a esa legitimización de  que lo que busca es que su trayectoria criminal sea olvidada. Para eso es imprescindible que las víctimas dejen de existir, dejen de ser reconocidas y honradas públicamente, que es lo que está ocurriendo. El final de ETA ha estado lleno de contrapartidas. Ahora nos encontramos con que la Comunidad Autónoma Vasca está en manos de los separatistas, las fuerzas no nacionalistas prácticamente han desaparecido”.