En concreto, este proyecto se refiere a servicios electrónicos de confianza como la firma y sello electrónicos de personas físicas y jurídicas, o el sello de tiempo electrónico, que son utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y Administraciones públicas.
Su objetivo es complementar al Reglamento de la UE nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios electrónicos, en aplicación desde el 1 de julio de 2016. Este reglamento prevé que determinados aspectos técnicos y de organización interna se establezcan por parte del legislador nacional.
De esta manera, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno regula, entre otros aspectos:
- La comprobación de la identidad y atributos de los solicitantes de un certificado cualificado.
- El régimen de responsabilidad y de previsión de riesgo de los prestadores de servicios.
- El tiempo máximo de vigencia de los certificados.
- El tiempo de conservación de los datos de prestación de servicio.
- Los efectos jurídicos de los documentos electrónicos, cuando se haya utilizado un servicio de confianza cualificado.
- Un nuevo régimen sancionador ampliado al conjunto de los servicios de confianza y adecuado al reglamento europeo.
Además, designa al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como organismo responsable de la supervisión de los prestadores de servicios de confianza y de la construcción de la Lista de Servicios de Confianza.
España es el país de la UE con mayor número de prestadores de servicios cualificados, entre los que están la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la Dirección General de la Policía.
