El Gobierno ha completado la transposición de la Directiva comunitaria sobre Contratos de Crédito Inmobiliario, que estaba pendiente desde hace tres años. El Real Decreto y la Orden Ministerial adoptados este viernes completan la Ley de Crédito Inmobiliario aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero.
Las normas refuerzan la protección de los consumidores y establecen un marco de seguridad jurídica para los operadores. Así, en el Real Decreto se recogen, entre otros, los requisitos para la prestación de los servicios de asesoramiento; los requerimientos para la inscripción en el registro correspondiente de los prestamistas de crédito inmobiliario; las especificaciones y requisitos técnicos de los medios telemáticos que deberán emplearse para la remisión al notario de la documentación pre contractual o la información a facilitar a los clientes durante la vigencia del contrato, que deberá ser accesible para las personas con discapacidad.
La Orden regula aspectos concretos como la extensión de las reglas de publicidad de la actividad bancaria a prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario; las Fichas de Información Precontractual y de Advertencias Estandarizadas que han de entregarse a los clientes; los términos de la información de los préstamos en moneda extranjera y los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal y directivos de prestamistas inmobiliarios (incluidas las entidades de crédito) e intermediarios. Asimismo, en la Orden se han incorporado las medidas que garantizan el mantenimiento de la protección de los titulares de hipotecas inversas, que se podría haber visto afectado por los cambios introducidos en la regulación inmobiliaria por la nueva normativa.
Se completan así los aspectos pendientes de regular de la Ley de Crédito Inmobiliario. Una Ley que da respuesta y establece un marco de actuación claro que permite reforzar la protección de los clientes, especialmente de los colectivos vulnerables, a través de medidas proporcionadas, mejora de la información e incremento de la transparencia. Asimismo, la Ley proporciona seguridad jurídica a entidades y clientes, aspecto importante para que el mercado de la vivienda funcione adecuadamente y para que los ciudadanos puedan acceder a estos créditos en las mejores condiciones.
Con la incorporación al ordenamiento jurídico de esta norma se ha finalizado la transposición de 10 de las 14 Directivas Comunitarias que en junio de 2018 se encontraban pendientes de transponer en el ámbito del Ministerio de Economía y Empresa. Se trata de normas que regulan aspectos relacionados con el blanqueo de capitales, el funcionamiento de los mercados financieros y la protección de los consumidores, ciudadanos e inversores y cuya transposición garantiza sus derechos.
