Desde el ICAM se considera que esta orden ministerial no solo no resuelve, sino que agrava las dificultades ya enfrentadas por los jóvenes profesionales que han realizado prácticas no remuneradas y remuneradas en su etapa formativa. Específicamente, la obligación de acreditar mediante certificación la realización de estas prácticas, sumado al requisito de que dichas prácticas deben haberse realizado en fechas específicas y bajo ciertas condiciones, representa una carga administrativa desproporcionada y un obstáculo significativo para aquellos que buscan regularizar su situación ante la Seguridad Social.
Además, el requerimiento de suscribir el convenio especial dentro de un plazo de dos años y el hecho de que se impongan condiciones retroactivas, en términos de cotización, no solo es injusto sino que también penaliza a aquellos que en su momento no tuvieron opción de incluirse en el sistema de Seguridad Social. Estas condiciones implican una penalización económica considerable para los profesionales que ya enfrentan desafíos significativos en un mercado laboral competitivo y en ocasiones precario.
El ICAM urge al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a reconsiderar esta normativa y buscar soluciones que verdaderamente apoyen la integración de estos profesionales al sistema de Seguridad Social sin imponerles cargas retroactivas que no corresponden a la realidad de su situación laboral en el momento de sus prácticas. Por ello, el ICAM ha solicitado una reforma que sea justa, equitativa y considerada, que realmente refleje las necesidades y las realidades de los abogados y profesionales jóvenes de España.
Por su parte, el diputado responsable de abogacía joven, Gabriel Rodríguez, ha expresado que: “esta Orden nos genera profunda preocupación y desacuerdo con las medidas impuestas, que afectan directamente a la futura inserción laboral y seguridad social de los jóvenes abogados de nuestro país. Así, la imposición de costes de cotización retroactivos representa una barrera económica considerable que puede desmotivar a muchos jóvenes profesionales a regularizar su situación, dejándolos en una posición aún más vulnerable. Como representante de la abogacía joven, me comprometo a promover una reforma inmediata de esta orden. Nuestro objetivo es facilitar, y no obstaculizar, el camino de los jóvenes profesionales hacia una integración plena y justa en nuestro sistema de Seguridad Social”.
La presidenta de la sección de Igualdad del ICAM, y experta en derecho laboral, Estela Martín, advierte además que “establece barreras administrativas y económicas que son desproporcionadas y poco equitativas. La normativa impone la carga de la prueba a los interesados para acreditar prácticas antiguas, muchas veces realizadas bajo condiciones informales o no documentadas adecuadamente en su momento. Es esencial que cualquier regulación futura sea diseñada con una visión de inclusión y equidad, que entienda y respete las dificultades y realidades específicas que enfrentan nuestros jóvenes abogados y abogadas”.
Declaración conjunta
Por último, el ICAM se solidariza y se suma a todas las voces profesionales y académicas que han manifestado su disconformidad con esta orden y reafirma su compromiso de seguir defendiendo los intereses y derechos de los abogados en formación y de todos los profesionales afectados por regulaciones que no consideran adecuadamente las implicaciones a largo plazo para su desarrollo profesional y bienestar económico.
En este sentido, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, como presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid que integra a todos los Colegios madrileños promoverá un posicionamiento unitario de este organismo en el mismo sentido.
