El Ministerio del Interior estrenará el próximo viernes oficialmente los nuevos test de evaluación policial del riesgo de violencia de género, un protocolo cuya elaboración se anunció en abril de 2014 y que tras una primera fase de pruebas comenzará a funcionar para la Guardia Civil y la Policía Nacional de Alicante el 22 de julio. A partir del 1 de agosto se irá extendiendo por todo el territorio nacional hasta quedar implantado en el mes de septiembre, según las previsiones oficiales.
Se trata del cuestionario estándar que realizan los agentes a las víctimas que denuncian violencia de género para tratar de medir el peligro que afrontan por culpa de sus agresores. En función de las respuestas a una batería de preguntas tipo test, diagnostican si hay riesgo o no y si éste es bajo, alto o extremo.
El resultado se remite al juez, que lo tiene en cuenta para decidir si dicta o no medidas de protección de la mujer y sus hijos, en caso de haberlos. Según la Ley Integral, debería tener también un informe de una Unidad de Valoración Forense Integral que estudie toda las circunstancias de la víctima, de su entorno y de su agresor, pero estos equipos no están implantados del todo, así que el dictamen policial es a menudo el único que tiene el juzgado.
Según los informes sobre víctimas mortales con denuncia previa del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en 2012, sólo cinco de estas mujeres que pese a denunciar acabaron asesinadas pasaron por la evaluación policial de riesgo y sólo en un caso se diagnosticó que el riesgo era "alto". En 2013, fueron 4 las denunciantes evaluadas que terminaron muertas y en ningún caso se apreció que estuviesen en riesgo alto o extremo.
En abril de 2014, los ministerios de Interior, Justicia y Sanidad anunciaron un cambio de la evaluación policial del riesgo así como del seguimiento de los casos que una vez diagnosticados, se introducen en el sistema informático VIOGEN. El objetivo era tanto afinar la evaluación de las víctimas como proporcionar un mejor seguimiento y mayor protección de cada una de ellas en función de la evolución de cada caso a lo largo del tiempo.
Para ello, el equipo técnico que elaboró el trabajo, un grupo mixto entre fuerzas policiales y expertos de la Universidad Autónoma de Madrid, revisó los criterios que se estaban utilizando tanto para la primera evaluación de las víctimas como para el seguimiento de los casos, eliminó algunos ítems, introdujo otros nuevos y a finales del año pasado comenzó a testarlos para contrastar su fiabilidad.
El pasado 11 de julio los primeros policías y guardias civiles tuvieron acceso a una fase de pruebas con borradores y desde el próximo viernes, día 22, empezarán a trabajar ya en Alicante con datos reales. Si no hay problemas, el 1 de agosto comenzará a extenderse el servicio al resto de provincias del territorio nacional, donde Interior confía tener implantado y funcionando el nuevo cuestionario al inicio del mes de septiembre, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Entre las novedades del nuevo protocolo, la incorporación entre otros ítems de la existencia de antecedentes familiares de violencia de género de la víctima, si tiene discapacidad, enfermedad grave o trastorno, si está embarazada o si tiene familiares adultos o niños a su cargo, junto a datos de su situación laboral y de dependencia o independencia económica respecto del agresor.
"¿Tiene una nueva relación que el agresor no acepta?"
Sobre él, los test tendrán en cuenta si la víctima está en "trámites judiciales de separación y/o divorcio no deseados por el agresor", si ha entablado una nueva relación sentimental que el maltratador no acepta, la situación laboral y económica de él y otros rasgos concretos que puedan revelar su peligrosidad, como si utiliza para el acoso las nuevas tecnologías.
Hasta ahora, el protocolo dictaba que se recomendarían recursos policiales de protección cuando la mujer reuniese 16 indicadores de vulnerabilidad, indicadores que pasarán a ser 39 agrupados en factores, según la información del equipo de la Universidad Autónoma que trabajó en el proyecto con la Secretaría de Estado de Seguridad.
El nuevo protocolo abarca además de la valoración policial del riesgo, la evaluación sobre los casos que realizan periódicamente los agentes, estudio para el que también se han incluido nuevos indicadores para averiguar si la víctima depende económicamente del agresor, por ejemplo. En la actualidad, se revisan los casos de riesgo alto semanalmente, los de nivel medio quincenalmente y los de nivel bajo, una vez al mes.
En los casos de riesgo no apreciado no hay revisión salvo que nuevos hechos lo motiven, cosa que el nuevo protocolo cambiará con alertas trimestrales, así como se aumentarán los controles sobre todas las mujeres recogidas en el sistema (VIOGEN) ante situaciones como traslados de residencia, cambios en el régimen judicial u otros hechos relacionados con su caso.
Más de 430.000 mujeres en 9 años
Las fuentes consultadas por Europa Press inciden en este sentido en que los nuevos indicadores incluyen factores evolutivos que van a permitir "una definición mucho más precisa de las circunstancias y la detección de posibles nuevas situaciones de riesgo" permitiendo "una alerta inmediata" y así, que se active la protección.
Desde la creación del sistema VIOGEN en julio de 2007, un total de 430.416 mujeres han estado bajo seguimiento policial en algún momento, incluidas las 41.786 que constan como competencia de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, según los datos recopilados por Europa Press.
A 30 de junio de 2016 constaban 51.773 casos activos, mujeres monitorizadas en el sistema tras denunciar violencia de género. En 34.542 de estos casos no se ha apreciado que exista riesgo para su vida o su integridad y en 14.044 el riesgo se considera bajo. Hay 3.048 mujeres en un riesgo tildado por las fuerzas policiales como "medio", un total de 135 en situación de "riesgo alto" y cuatro caso de riesgo "extremo" por violencia de género en España.
