La ministra de Igualdad ha explicado las razones por las que se convocó el pasado viernes 21 de mayo, una reunión urgente en el seno del acuerdo PEVG, con el objetivo de proponer la constitución de un espacio de trabajo interinstitucional para trazar un Plan de revisión y modernización de las actuaciones contra la violencia de género.
Montero ha insistido en la necesidad de la institucionalización del PEVG, y ha manifestado la voluntad del Ministerio de Igualdad de que el PEVG tenga vocación de permanencia "como uno de los grandes consensos de estado". Para ello, ha anunciado, "estamos trabajando para traer al Congreso cuanto antes una iniciativa que nos permita convertir en permanente el Pacto de Estado, así como su financiación".
Montero también ha anunciado que tanto el PEVG, como su institucionalización, irá acompañado y reforzado de otra gran política pública diseñada desde la excelencia: la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas (2022-2025). "Puedo anunciarles ya, que el mes que viene, en junio, la Estrategia será licitada a través de procedimiento abierto, de tal forma que su elaboración y el proceso participativo sobre el que se fundamenta habrán concluido en el primer trimestre de 2022".
La ministra ha recordado que este año, con cargo a los PGE, se van a invertir en la lucha contra las violencias machistas 268 millones de euros, de los que 100 son para transferencias directas a las CCAA y 80 para la AGE. Con la transferencia de estos créditos se da cumplimiento a la medida 278, que será destinado por las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla a proyectos o programas de lucha contra la violencia contra la mujer.
SAP y violencias machistas
Montero ha explicado también como con el texto aprobado de la Ley de Infancia se cumplen con otras medidas del PEVG, como la 129, que hace referencia al falso síndrome de alienación parental (SAP). Con ella se cumple con los estándares internacionales, como la Convención de los derechos del niño, y se refuerza el derecho de los niños y niñas a ser escuchados, como titulares de derechos.
La ministra Montero durante su intervención respecto a las violencias machistas Montero ha afirmado que acabar con las violencias machistas "pasa por hacer frente a todas las violencias, por proteger a todas las mujeres y por asumir todas las obligaciones". En ese sentido, la inminente Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual "va a dar un vuelco definitivo a las políticas contra las violencias machistas en nuestro país". España, ha afirmado, quiere lanzar un mensaje claro: "las víctimas de violencias sexuales son titulares de derechos humanos y las administraciones públicas son garantes de su cumplimiento". "Con esta nueva norma no será consentimiento más que aquel que se exteriorice libremente y de modo inequívoco". Con esta Ley, "pasamos de una visión estrictamente punitivista", centrada en el castigo al agresor, "a una visión donde la víctima de violencia no solo cuente con la protección y el apoyo que le brinda el estado, sino con un proceso de reparación social del daño sufrido".
La ministra de Igualdad ha recordado el resto de políticas que está llevando a cabo el Ministerio de Igualdad contra las violencias machistas, como la ampliación del 016 y ATENPRO, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Plan España te Protege Contra las Violencias Machistas, el cual también incluye la creación en todas las CCAA y provincias de los centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Convenio de Estambul.
En la misma línea de dar cumplimiento al PEVG, Montero ha priorizado la lucha contra la trata y la explotación sexual, con la puesta en marcha del Plan de Acción Urgente Contra la Trata y la Explotación Sexual, que incluye una Ley Integral Contra la Trata de seres humanos y de protección a las víctimas, o un Plan de Inserción Sociolaboral para las víctimas.
La ministra ha hecho público que en la Consulta Pública Previa, habilitada hasta este mismo lunes, se han recibido 454 propuestas. La ministra ha recordado que se ha colocado la primera piedra en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, reconociendo la trata como violencia sexual y ampliando a sus víctimas la cobertura y derechos con los que cuentan todas las víctimas de violencia sexual.
Junto a esta ley se incorpora también, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un Plan de Inserción Sociolaboral destinado a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en situación de prostitución, desarrollado junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido a ofrecer alternativas reales y dignas, tanto laborales como sociales y económicas, para poder salir de la prostitución o de las redes de trata. Junto a esto, ha finalizado, "recuperamos también, tras haber sido eliminada del Código Penal en el año 1995, la tercería locativa para perseguir a la industria proxeneta".
Memento Experto Violencia Machista
