La jornada ha convocado a expertos tributarios que han profundizado en este tema, de plena actualidad y gran complejidad. En la inauguración, Ignacio Arráez, delegado de Madrid de AEDAF, ha afirmado que “es necesario dotar de seguridad jurídica a todo el ecosistema de la economía colaborativa”.
La primera sesión, a cargo de Álvaro Antón, profesor de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad CEU Cardenal Herrera y de Joaquín Latorre, socio de PwC, ha analizado los sistemas desarrollados en derecho comparado para tratar la problemática fiscal de la economía colaborativa. Dicha sesión ha dejado en el aire la duda de si “¿está nuestro sistema tributario preparado para acoger a las nuevas plataformas de economía colaborativa? “
La segunda sesión ha entrado en la fiscalidad de la economía colaborativa en dos sectores clave: alojamiento y transporte, contando con la participación del subdirector general de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Manuel de Miguel; el subdirector general de Impuestos sobre el Consumo, Ricardo Álvarez; Miguel Ángel Navas, Global Tax Director de Cabify, Juan Ignacio Gorospe, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo y miembro de AEDAF y Gloria Marín, socia de Uría Menéndez.
Los ponentes han abordado los problemas que surgen en este tipo de economía desde los tres puntos de vista principales: desde la perspectiva de la tributación de los usuarios/consumidores de la económica colaborativa; desde la de los consumidores/profesionales que entregan bienes o prestan servicios y desde la de las plataformas colaborativas, tanto en lo que se refiere a imposición directa como a indirecta.
La última sesión del día, en la que se ha hablado del intercambio y venta de bienes y servicios a través de plataformas colaborativas, ha reunido a Manuel Lucas Durán y Mercedes Ruiz Garijo, ambos letrados del Tribunal Supremo y profesores titulares de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos, respectivamente.
En esta sesión, los participantes han explicado que las ventas entre particulares on-line a través de plataformas siempre han estado gravadas, aunque en la actualidad es más fácil la trazabilidad y, por tanto, el control de estas. En este sentido, los expertos han sugerido la implantación, por normativa estatal o autonómica, de obligaciones de información en relación con las ventas producidas y los sujetos intervinientes, e incluso nombrar a tales plataformas como sustitutos del contribuyente.
