El dominio de la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un tema prioritario para la autonomía tecnológica de las grandes potencias globales con Estados Unidos, China y Europa a la vanguardia. Es por ello que para 2025, la regulación de la IA se ha consolidado como un tema de máxima importancia, en particular en la Unión Europea (UE), donde el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA o AI Act) ha constituido un hito mundial.
El Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) establece un marco jurídico armonizado en la Unión Europea para el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de IA, con especial atención a la protección de los derechos fundamentales, la seguridad y la transparencia. El RIA introduce una clasificación de riesgos (prohibido, alto, limitado y mínimo), impone obligaciones específicas a proveedores y usuarios, prevé sanciones severas por incumplimiento y crea autoridades nacionales de supervisión, como la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial
En definitiva, el RIA tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interior y promover una IA centrada en el ser humano y fiable.
La abogacía desempeña un papel crucial en la configuración de esta normativa, buscando un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales. Por ello, la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acogerá esta jornada el 7 de octubre a las 19h, en la que abordará las cuestiones más actuales que plantea la IA en el sector público y privado, compliance y el ejercicio de la abogacía.
Al final de la jornada, se presentará la obra de Lefebvre "Reglamento UE de inteligencia artificial (Incluye los actos de desarrollo y ejecución de la AI Act)", un libro escrito por Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, profesor de Derecho digital, abogado y consultor. Asesor de diversos Estados y de la Unión Europea en materia de regulación digital.
La obra examina el Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial, así como las directrices de desarrollo e interpretación que ha dictado la Comisión Europea, de una forma práctica y conectando sus previsiones con las del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la demás normativa europea y nacional aplicable, así como la jurisprudencia del TJUE que puede ser relevante.
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