En la inauguración participarán Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete; Albino Escribano, decano del Colegio de la Abogacía de Albacete; y Blanca Ramos, presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española.
La salud mental será uno de los grandes bloques de estas Jornadas. No solo para “detectar la problemática”, sino también para “encontrar habilidades para tratar con las personas que están en centros penitenciarios y que padecen de ese tipo de problemas”, señala Ramos.
La vida en prisión es especialmente complicada para las personas con discapacidad intelectual. Por eso, es importante conseguir la accesibilidad cognitiva, para que las cosas, espacios y textos sean comprensibles para todas las personas. Este será uno de los temas que se tratará en la mesa ‘Buenas prácticas y habilidades en materia de salud mental en prisión por la Abogacía’, que contará con la participación de personal especializado de ‘Plena Inclusión’. También se desarrollarán dos talleres sobre salud mental, uno relacionado con las largas condenas y otro sobre suicidios.
Otro de los temas a debate será la situación laboral de las personas presas. Apenas un 25% de la población reclusa tiene un empleo remunerado. Por eso una de sus principales reivindicaciones es una mayor oferta laboral en las prisiones. Sobre el trabajo en prisión, qué derechos tienen y cómo se puede avanzar en esa materia hablarán Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y Beatriz Rodríguez Sáenz de Galdeano, profesora en la Universidad Pública de Navarra.
En materia de tecnología, se tratará el acceso a los centros penitenciarios con elementos digitales -como portátiles- y las posibilidades que tienen los internos de utilizar herramientas tecnológicas para su propio desarrollo. Además, se abordará el protocolo con Instituciones Penitenciarias para establecer un sistema de videoconferencias para realizar las asistencias letradas en determinados casos, pero dejando claro que “la intención no es sustituir la presencia de los abogados y las abogadas dentro de la cárcel”, indica Blanca Ramos.
Además, se abordará la problemática del colectivo LGTBI en prisión y la situación de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria.
