Un programa de medidas ambicioso con un horizonte temporal de 10 años para transformar el sistema de Justicia en un auténtico servicio público. El Plan Justicia 2030 “aspira a desterrar la lógica del incrementalismo como único eje de las políticas de Justicia”, ha subrayado el ministro, para incidir en una mayor eficiencia, articulando instrumentos de cooperación y coordinación entre instituciones y eliminando solapamientos.
El ministro ha anunciado que, con carácter inmediato, abrirá una ronda de consultas con todos los actores implicados para consensuar la hoja de ruta del Plan Justicia 2030. Este incluirá planes anuales “medibles y adaptables” y se abordará con metodologías de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones racionales y contrastadas.
El Plan Justicia 2030 está vertebrado en tres ejes estratégicos:
1. Acceso a la Justicia. Consolidación de garantías y derechos
2. Promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia
3. La transformación digital, incrementando la cohesión y coordinación territorial
Acceso a la Justicia. Consolidación de garantías y derechos
El Ministerio de Justicia recuperará las conclusiones que en 2011 emitió la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico creada a instancias del Consejo de Ministros y presidida por el entonces secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, para acercar al ciudadano el lenguaje de los profesionales de la Justicia. “Solo se accede a una Justicia plena si se comprende”, ha subrayado el ministro, quien ha avanzado que al informe de la Comisión sumará las recomendaciones del CGPJ, la FGE y otros actores.
También, en materia de derechos y garantías, Juan Carlos Campo ha informado que su departamento trabaja ya en el texto de la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa, como ha trasladado a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, para “atender una demanda de los letrados y desarrollar un derecho constitucional básico”.
Otra medida será la promoción de servicios alternativos de resolución de controversias para contribuir a disminuir la litigiosidad de juzgados y tribunales. La idea es articular un sistema paralelo y complementario a la jurisdicción que ofrezca a la ciudadanía otra vía para la resolución de sus diferencias.
El ministro de Justicia ha subrayado también la necesidad de actualizar las formas de investigación y enjuiciamiento penal mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto se ha comprometido a someter al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año. La actual norma, que data de 1882, está “desbordada por la realidad procesal” y ha de dejar paso a una nueva regulación que avance hacia un proceso penal “moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales” que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal.
Juan Carlos Campo se ha comprometido también a seguir fortaleciendo la atención a las víctimas de los delitos, especialmente de las mujeres que sufren la violencia machista. En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Convenio de Estambul, el ministro ha anunciado la puesta en marcha de un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses del territorio del Ministerio de Justicia y la revisión de los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.
El ministro ha confiado, además, en que pueda culminarse en esta legislatura la tramitación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Se trata de una iniciativa conjunta de Justicia y Sanidad que fija medidas de protección para estos colectivos vulnerables en situaciones de violencia de género o abusos sexuales, aumentando el plazo de prescripción de estos delitos.
Otra medida será la puesta en marcha de un programa de subvenciones para organizaciones no gubernamentales que trabajan con víctimas, de forma que la sociedad civil pueda beneficiarse de lo recaudado por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) procedentes de actividades delictivas.
Promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia
Con el objetivo de avanzar hacia un servicio público de calidad sin dilaciones indebidas, el Plan Justicia 2030 dará continuidad a los proyectos de modernización que inició el ministro Francisco Caamaño y que quedaron interrumpidos en 2011. Entre ellos, completar la implantación de la Oficina Judicial, consolidar el expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal para preservar la eficacia del sistema en todo el territorio. Otro hito será el desarrollo y puesta en marcha de los tribunales de instancia.
El ministro ha avanzado también que su departamento trabajará en el desarrollo del mecanismo conocido como ‘sentencia testigo o modelo’ para pleitos en masa en los ámbitos civil y mercantil, lo que permitirá extender los efectos de las sentencias dictadas por los tribunales más allá de las personas reclamantes. Se trata de potenciar las soluciones extrajudiciales de conflictos en casos de reclamaciones por cláusulas suelo o por retrasos de las aerolíneas, por ejemplo, y evitar la saturación de los órganos judiciales.
La transformación digital, incrementando la cohesión y coordinación territorial
El ministro anunciará, en el plazo de un mes, la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia para abordar con los representantes de Justicia de los diferentes territorios los grandes retos que tiene el servicio público en aras de una mejor organización y coordinación competencial. Entre estos, se planteará la agrupación de partidos judiciales con criterios de responsabilidad y garantizando una mayor accesibilidad y eficiencia.
Otro de los asuntos que trasladará el ministro a la Conferencia Sectorial de Justicia será la interoperabilidad de los sistemas informáticos del sector Justicia que operan en los diferentes territorios. El objetivo es superar la dispersión tecnológica actual y poner en marcha proyectos conjuntos para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.
